El juez se niega a investigar la Operación Catalunya alegando que Villarejo “captaba información” sobre corrupción

La Operación Catalunya vaga por el inabarcable sumario del caso Villarejo sin encontrar una pieza donde ser investigada. La última decisión del juez Manuel García Castellón al respecto ha sido rechazar la personación de Jordi Pujol Ferrusola como acusación particular con el argumento de que las evidencias que aparecen en el sumario sobre la participación del comisario en la Operación Catalunya responden a las tareas de “captación de información” que Villarejo tenía asignadas por sus superiores sobre presunta corrupción en la comunidad autónoma. 

Esta labor policial, razona el juez, es distinta de aquellos dosieres para terceros que el comisario elaboraba, sirviéndose de su condición de funcionario, a cambio de elevadas sumas de dinero, y que constituye el motivo que le llevó a investigar las distintas piezas de la causa Tándem. La macro-causa de la Audiencia Nacional, sin embargo, alberga otras actuaciones del comisario por las que este no cobró y que se enmarcan, como ocurriera con la Operación Catalunya, en la presunta utilización de la Policía para atacar a adversarios políticos, caso de la difusión de información del móvil de una colaboradora de Pablo Iglesias (Dina), o para favorecer al partido en el Gobierno a través del espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas (Kitchen).

La Operación Catalunya se presenta como un elemento incómodo para la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, al haber participado Villarejo en el arranque de la causa contra los Pujol y las posibilidades de contaminación de la actuaciones contra la familia del expresidente catalán que eso implica. El caso Pujol es la más emblemática investigación contra la corrupción del nacionalismo catalán y la única originada en los tiempos de la brigada política que ha adquirido solidez en un juzgado. 

Conscientes de ello, las defensas del expresident de la Generalitat y sus siete hijos han pedido a la Audiencia Nacional desclasificar todos los documentos relacionados con las maniobras parapoliciales del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy contra sus adversarios políticos y que sus responsables policiales declaren en la vista como testigos.

El argumento de las tareas policiales contra la corrupción también ha aparecido como excusa de la defensa de Villarejo y el resto de los policías implicados en Kitchen, quienes defienden que no intentaban boicotear las investigaciones de Gürtel y caja B contra el PP sino encontrar a los testaferros y el dinero que escondía Luis Bárcenas. En el caso de Kitchen, el juez ha procesado a los policías tras desestimar esta tesis exculpatoria. 

El abogado de Jordi Pujol Ferrusola solicitó la personación en el caso Villarejo el 20 de febrero de 2020 y, ante la ausencia de respuesta, insistió siete meses después. Fue entonces, en septiembre del pasado año, cuando el juez reaccionó y ordenó a la Unidad de Asuntos Internos que elaborara un informe sobre las evidencias que pudiera haber en la causa acerca de una serie de presuntos delitos cometidos por el comisario contra el hijo mayor del expresidente. Jordi Pujol Ferrusola está procesado junto a otros miembros de la familia en un grave caso de corrupción de la Audiencia Nacional, a cuya apertura contribuyó activamente Villarejo cuando estaba en activo. 

Siempre apoyado en los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, de los que llega a copiar frases textuales, el juez concluye en su auto del 28 de octubre: “Del examen de los documentos aportados [por Asuntos Internos], el interesado Jordi Pujol Ferrusola no aparece como investigado [por Villarejo] por cuenta de clientes privados y a cambio de un precio en la ejecución de ninguno de los proyectos de investigación/inteligencia, en los que se utiliza información obtenida en el ámbito policial (obrante en registros de acceso restringido), o [donde] se emplean técnicas de investigación restrictivas de derechos de terceras personas”.

Por contra, Anticorrupción, en su escrito, y el juez, en el auto, defienden que las notas informativas aprehendidas al comisario y redactadas por él recogen su actividad de “captación de información de interés policial (principalmente manejo de fuentes humanas) en relación a posibles casos de corrupción vinculados a la familia Pujol, así como la obtención de información sobre cuentas donde en los últimos años han ingresado comisiones a la familia Pujol'”. Se da la circunstancia de que esas notas, siempre en el supuesto ámbito de la “inteligencia policial”, no están incorporadas a la causa por corrupción de los miembros de la familia del expresident y sí sirvieron para elaborar los pseudoinformes que aparecían en medios de comunicación coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista. 

Posible delito en Andorra

La Fiscalía y el juez aprecian que cuatro de esas notas informativas, analizadas junto a otros documentos obrantes en la causa, “sí pueden ser considerados como evidencia de la comisión de hechos delictivos en perjuicio directo de la familia Pujol y, en concreto, del ahora interesado Jordi Pujol Ferrusola”. Pero añade García Castellón que tampoco serán objeto de su investigación porque “esta actividad delictiva se habría desarrollado en Andorra” y aquella jurisdicción ya se encarga de investigarlos.

Un juzgado de Andorra mantiene abierta desde hace siete años una investigación por la denuncia que hacen los Pujol de la filtración de sus cuentas bancarias en una entidad del país al diario 'El Mundo'. En otro juzgado está implicada desde agosto de 2016 la primera plana de la brigada política por conseguir esas cuentas presuntamente por medio del chantaje y la extorsión. Villarejo, sin embargo, no está imputado en ninguna de esas dos causas. Es más, el comisario ha entregado notas informativas a la justicia andorrana y ha declarado en contra de otros miembros de la brigada política a los que está actualmente enfrentado. Es el caso del que fuera jefe de Asuntos Internos y también procesado en Kitchen, Marcelino Martín-Blas, al que los dueños de BPA acusan de haberles coaccionado y amenazado para que les entregara la información bancaria de los Pujol.

En el auto en el que rechaza la personación de Pujol Ferrusola, el juez García Castellón se refiere igualmente a los audios en los que Villarejo habla con terceros de las maniobras que han venido en denominarse 'Operación Catalunya'. En ellas, dice el juez, “diferentes fuentes humanas que manejaba el por entonces comisario Villarejo relatan al policía, así como a terceras personas, numerosos episodios indiciariamente delictivos, como el cobro de comisiones y operaciones de blanqueo de capitales”. En esas grabaciones aparecen Victoria Álvarez, ex amante de Pujol Ferrusola, o el empresario Javier de la Rosa. Ambos fueron a declarar a la UDEF tras contactar con ellos el comisario Villarejo bajo una identidad falsa. El empresario terminó desdiciéndose, pero la sola declaración de Victoria Álvarez ante la UDEF propició la apertura del caso Pujol en la Audiencia Nacional.

En los audios también se puede escuchar la participación de Rafael Redondo, abogado y socio del comisario que recogió a Victoria Álvarez en la estación de Atocha, la condujo al complejo policial de Canillas y, sin ser miembro del Cuerpo Nacional de Policía ni ejercer de abogado de la denunciante, se quedó a presenciar la declaración sobre los presuntos delitos del hijo mayor de Jordi Pujol que la mujer hizo ante los investigadores de la UDEF, el germen del caso Pujol. Rafael Redondo es una de las piezas claves de la causa Tándem y llegó a dirigirse a un juzgado de Madrid como representación letrada del confidente Javier de la Rosa. 

El abogado Alberto Carrillo decía en el escrito solicitando la personación de Pujol Ferrusola: “Existen fundados indicios de que algunos de los investigados, y particularmente José Manuel Villarejo Pérez, actuando al margen de cualquier legalidad y sirviéndose de su condición de funcionario público, falsearon documentos de carácter mercantil, obtuvieron información de cáracter íntimo respecto de Jordi Pujol Ferrusola y ofrecieron ventajas y cobertura económica y policial a distintos testigos para presentar declaraciones moldeadas de signo pretendidamente incriminador”.

Las semejanzas con Kitchen

En el auto que dio origen al caso Kitchen, el juez detectaba un posible delito que iba más allá del enriquecimiento de Villarejo. Se trataba del allanamiento del estudio de la mujer de Bárcenas por parte de funcionarios policiales. Se da la circunstancia de que algo muy parecido se daría también en el caso de Pujol Ferrusola, según su abogado. Se trataría de “tres incursiones” en el domicilio de la exesposa del hijo mayor del expresident el 27 de febrero de 2013. 

“Tras preguntar a los agentes de Mossos d'Esquadra que se habían personado en el domicilio para realizar la toma de huellas dactilares, Jordi Pujol Ferrusola fue informado de que las tomas habían sido enviadas a los cuerpos de Guardia Civil y de la Policía Nacional para que fueran cruzadas con sus bases de datos y que la respuesta que recibieron fue que se trataba de unas huellas especiales”, relataba el letrado en su escrito. 

Y hay un tercer hecho que convence a la representación del hijo de los Pujol de la participación de la brigada política en la causa. Se trata de la comparecencia ante la Fiscalía Anticorrupción de Higini Cierco, dueño del banco de donde salió la información de la cuenta de los Pujol. Cierco acudió para aportar documentación de Andbank, entidad bancaria rival, que ofrecería nueva información sobre los Pujol. El documento, añade la defensa, se reveló falso, según acreditó la propia Andbank por comisión rogatoria, pero ya había servido para activar nuevas investigaciones de la Fiscalía.

A Cierco le acompañó a la sede de Anticorrupción el abogado Javier Iglesias, alias 'El Largo', al que Villarejo y otros miembros de su grupo aluden en repetidas ocasiones durante las grabaciones incorporadas a la causa como su nexo con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En el despacho profesional de Javier Iglesias, otro hijo de Pujol, Josep, recibió de parte de Villarejo la oferta de tumbar el caso de la Audiencia Nacional sobre la presunta corrupción de la familia a cambio de una declaración del expresident en contra del procés.

Material clasificado, petición denegada

El cordón sanitario en torno a la Operación Catalunya que ha impuesto el juez del caso Villarejo comenzó a atisbarse en abril de 2020. Entonces, García Castellón dictó un auto en el que levantaba el secreto sobre la documentación incautada al comisario cuando fue detenido y de la que excluía una carpeta con las “supuestas funciones asignadas a José Manuel Villarejo en los años 2013 y 2014”. Argumentaba el juez que se trata de información susceptible de “estar legalmente clasificada”. Es la época de la Operación Catalunya y de la participación de Villarejo en las maniobras policiales contra el soberanismo en calidad de agente “liberado” de la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. 

Las referencias alfanuméricas con las que el auto aludía a los documentos que pasaban a ser secreto oficial hacían imposible intuir su contenido, pero elDiario.es encontró en otra resolución, de finales de 2018, una breve alusión que acompaña a esas series de números, puntos y letras: se trataba de trabajos del policía sobre Artur Mas y “diversas personas”, la “financiación” de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) y el ex cónsul honorario de Letonia en Barcelona Xavier Vinyals.

Por otra parte, elDiario.es informó hace un año de la participación de la presunta organización criminal de Villarejo en las investigaciones a Pujol Ferrusola veinte meses después de que la causa fuera judicializada y, por tanto, mucho después de que los agentes de la UDEF se pasaran a encargarse oficialmente del caso a las órdenes directas del magistrado Pablo Ruz. En una grabación de Villarejo incorporada al sumario, este le cuenta a un colaborador: “Les damos los datos, ellos (los agentes de la UDEF) se apuntan el tanto y nosotros cobramos”.