El juez que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al exministro de Transportes y actual diputado del Congreso José Luis Ábalos ante los “indicios fundados y serios” de su “papel principal” en una organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia. En una exposición razonada, el magistrado atribuye a Ábalos una “imputación clara y concreta” a través de una serie de indicios que evidencian su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
En su resolución, el juez atribuye a Ábalos un delito de pertenencia a organización criminal porque ocupaba un “papel principal” en el entramado creado por el empresario Víctor de Aldama para conseguir negocios con las administraciones públicas. Respecto al delito de tráfico de influencias, el magistrado concluye que estaría acreditada su “intervención” tanto para la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a la empresa de la trama —Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa—, como para que dos empresas públicas —INECO y TRAGSATEC— contrataran a la que entonces era su pareja.
Por último, el instructor atribuye al exministro el delito de cohecho vinculado al chalé en localidad gaditana de La Alcaidesa que la trama puso a su disposición “como pago de su mediación en la adjudicación de los contratos de suministro del material sanitario”. Otro indicio que acreditaría el cohecho, según el juez, es el pago del alquiler del piso en el que residió su pareja en el centro de Madrid, desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021, por un importe de 88.101,43 euros y que abonó Aldama a través de personas y sociedades que estaban bajo su control.
El magistrado recuerda que el inicio de esta causa se centró en la investigación del negocio de las mascarillas y que permitió poner al descubierto la relación privilegiada de Aldama en el entonces Ministerio de Fomento con Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos. Así, recoge que Aldama pagó de manera recurrente y periódica a Koldo la cantidad de 10.000 euros al mes hasta septiembre de 2022, más de un año después de la salida de ambos de Transportes, en julio de 2021.
Esos pagos “ordinarios”, según el juez, se acompañarían de otros “extraordinarios” de los que Ábalos sería el beneficiario. Los más evidentes: la compra del chalet de Cádiz y el alquiler del piso en el que vivía su pareja. Estas contraprestaciones, según el magistrado, tendrían como objetivo “mantener el acceso” tanto a Koldo como a Ábalos. Una “acción corruptora” que le permitía “asegurarse la consecución de un lucro económico”, según recoge el escrito enviado al Supremo.
En su relato de hechos, el magistrado afirma que a lo largo de estos meses de investigación se ha podido acreditar la “vinculación” de Ábalos con los contratos de material sanitario adjudicados a Soluciones de Gestión. Esa empresa pasó de facturar poco más de 100.000 euros en 2018 y nada en 2019 a ingresar más de 50 millones de euros en 2020 al calor de una docena de contratos de emergencia, adjudicados sin publicidad, por diferentes organismos públicos. Entre ellos, dos entes públicos del perímetro del Ministerio de Transportes: Puertos del Estado y Adif.
Según el juez, Aldama era conocedor “de manera anticipada” de la necesidad de realizar esas contrataciones y fue él quien seleccionó a Soluciones de Gestión junto a “algún alto cargo” del Ministerio de Transportes y con la “permanente participación” de Koldo García.
El juez recoge que la propia auditoría que encargó Óscar Puente, actual titular de Transportes, apunta a “que el propio Ábalos y/o su Gabinete podría haber sido quien contactara con Soluciones, negociara con estos y modificara el objeto de la emergencia para que finalmente coincidiera con lo ofertado por la empresa”. Son unas consideraciones que “coinciden” con el informe de la UCO de la Guardia Civil que estrechó el cerco sobre el exministro.
El rescate de Air Europa
Por otro lado, el juez también alude al “papel” de Ábalos en el rescate de Air Europa durante la pandemia. La aerolínea recibió cientos de millones de euros en préstamos del Gobierno para evitar la quiebra en un momento en el que el confinamiento frenó en seco el transporte aéreo mundial. Según la exposición razonada, de las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos se deduce que Aldama, que entonces era consejero de la aerolínea, “se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión final” de ese rescate.
Moreno menciona los encuentros mantenidos en esas fechas entre altos cargos del Gobierno con Aldama y Javier Hidalgo, hijo del fundador de Globalia y ex consejero delegado de la compañía. Y apunta que “tras” los encuentros entre Ábalos y la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño; y otras reuniones mantenidas entre Ábalos, Aldama e Hidalgo “la situación habría fructificado en favor” de Air Europa.
No obstante, el magistrado afirma también que “asume en su integridad” el informe de la Fiscalía Anticorrupción que se posicionó a favor de que el Supremo investigara a Ábalos. Ese informe recoge que, sin perjuicio de los “nuevos datos” que puedan aparecer, del cruce de mensajes entre Aldama, Koldo y Ábalos “no se evidencia una participación crucial o determinante” del entonces ministro en el rescate.