La jueza cita a la pareja de Ayuso el 20 de mayo para declarar como imputado por fraude fiscal y falsedad documental

La jueza que instruye la causa penal contra Alberto González Amador ha dictado una providencia en la que cita a la pareja de Isabel Díaz Ayuso a declarar en calidad de investigado el 20 de mayo, han avanzado a elDiario.es fuentes jurídicas. La jueza atribuye a González Amador, de forma indiciaria, dos delitos de fraude fiscal y otro más de falsificación de facturas falsas en concurso medial.

En el auto de admisión a trámite de la querella, conocido el viernes, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de la Audiencia de Madrid explicaba que de la investigación de la Agencia Tributaria “se desprende indiciariamente la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública”. Se refiere a la defraudación de más de 350.000 euros a Hacienda en los ejercicios de 2020 y 2021 a través de la presentación de facturas falsas. González Amador, en colaboración de otras personas, habría declarado gastos que no tuvo para pagar menos a Hacienda pese al fuerte incremento de los ingresos de su empresa, Maxwell Cremona, en los ejercicios aludidos.

La jueza asegura que “las facturas no se corresponden con los servicios realmente prestados”. La magistrada explica que ha abierto una investigación por los delitos fiscales en concurso con falsedad en documento mercantil, como pedía el Ministerio Público, y llama también a declarar a las inspectoras de Hacienda que investigaron a Alberto González para que ratifiquen sus informes y ofrece acciones a la propia Agencia Tributaria.

Ese mismo día 20 declarará en el juzgado Maximiliano Niederer, el ciudadano mexicano residente en Madrid que le habría ayudado a confeccionar las dos facturas falsas de mayor cuantía por trabajos no contratados. Una de ellas por valor de 620.000 euros a nombre de una firma mexicana llamada MKE Manufacturing SA, fechada a finales de 2020, y otra por 922.585,63 euros que emite en 2021 la sociedad Gayani Ltd, con sede en Costa de Marfil.

Además, la Fiscalía también ha denunciado a tres vecinos de la localidad sevillana de Arahal. Figuran al frente de media docena de sociedades que según Hacienda también contribuyeron a simular gastos para el entramado societario de la pareja de Ayuso por decenas de miles de euros. Estos tres imputados declararán al día siguiente, el 21 de mayo, informan las mismas fuentes.

La Fiscalía, tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, denunció a Alberto González Amador por dos delitos fiscales y falsedad documental, acusándole de defraudar hasta 350.951 euros con un entramado de facturas falsas. Según el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, el empresario ganó varios millones de euros durante la pandemia de coronavirus participando en la compraventa de mascarillas, pero ideó un sistema para que su factura fiscal por el Impuesto de Sociedades no creciera en la misma proporción y pudiera, en definitiva, pagar mucho menos.

El propio Alberto González Amador ha reconocido, a través de su defensa, que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”. Así lo dejó por escrito su defensa en un correo electrónico dirigido a la Fiscalía en el que exponía su intención de llegar a un acuerdo para intentar aminorar una posible condena penal.

Según la Fiscalía, la pareja de Isabel Díaz Ayuso aportó a Hacienda hasta 15 facturas que sumaban 1,7 millones de euros en gastos entre todas, lo que redujo el dinero que pagó esos dos años por el Impuesto de Sociedades. Los gastos, según los investigadores, nunca existieron: las empresas que giraron esas facturas lo hicieron por trabajos inexistentes y, en total, dejó a deber más de 350.000 euros en impuestos.

A lo largo del proceso, la representación de Alberto González y de sus empresas, entre ellas Maxwell Cremona, intentaron justificar la existencia y realidad de esos trabajos hasta que cambiaron de estrategia e intentaron, primero, retirar las facturas más voluminosas, y después terminar reconociendo los delitos por escrito.

En su denuncia, la Fiscalía pedía una serie de diligencias de carácter personal al juzgado de instrucción número 19 de Madrid, el que se hizo cargo del caso por reparto: llamar a declarar como imputados a González Amador y el resto de acusados, además de solicitar la comparecencia de las dos inspectoras de Hacienda que pilotaron la investigación.

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