Dos casos casi idénticos que siguen un camino judicial paralelo. La jueza que investiga el máster de Cristina Cifuentes, por el que está imputada la expresidenta madrileña, está siguiendo los mismos pasos con el posgrado de Pablo Casado. Tras requerir documentación sobre su máster, ha imputado ahora a sus profesores y ha pedido al Congreso que informe sobre su aforamiento, la protección jurídica que impide a la magistrada citarle como investigado.
Carmen Rodríguez Medel, titular del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, investiga los dos másters en paralelo por si en ambos pudo darse un trato de favor a los alumnos, entre los que estaban los dos políticos del PP. La investigación que se inició con Cifuentes se ha extendido a otros años del posgrado que impartía el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), hasta implicar a Casado y arrastrar ante el juez a Fernando Suárez, el exrector que dimitió por el escándalo de los plagios.
La magistrada comenzó las pesquisas sobre Cifuentes tras la denuncia de una profesora, cuya firma había sido falsificada en unas actas de convalidación. Pidió toda la documentación a la Universidad y tras analizarla fue avanzando en las imputaciones de los responsables del máster.
En ese caso, la jueza no necesitó interesarse por el aforamiento de Cifuentes, porque la expresidenta lo perdió cuando abandonó su acta de diputada en la Asamblea de Madrid. Tres días más tarde Rodríguez Medel la imputó en la causa por su máster falso.
Primero la documentación y luego las imputaciones
El caso Casado sigue un ritmo similar. La jueza abrió una pieza separada tras la declaración como testigo del director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y para determinar si hubo “continuidad delictiva”. Requirió a la Universidad “el expediente en línea (líneas de acta) de todos los alumnos con la correspondiente calificación, la documentación relativa a las eventuales convalidaciones efectuadas y donde conste si las asignaturas fueron modificadas”.
Esa providencia se firmó el pasado 15 de mayo. Este lunes, la jueza ha dictado una nueva providencia en la que pide información sobre el aforamiento de Casado después de analizar toda la documentación remitida por la Rey Juan Carlos. Además, ha decidido imputar a una de las profesoras, Alicia López de los Mozos, al tutor de Casado, Enrique Álvarez Conde, y al que entonces ejercía como vicerrector y responsable de convalidaciones, Fernando Suárez.
Los dos primeros ya estaban imputados en la pieza del máster de Cifuentes, pero Suárez es nuevo en este caso. El exrector de la URJC abandonó su cargo por el escándalo de los plagios y ahora se sentará ante la jueza como imputado después de haber firmado la convalidación de 18 de las 22 asignaturas del vicesecretario del PP.
Así, el caso se cierra en torno a la figura de Casado, que goza de la protección del aforamiento que no tuvo Cifuentes. Una vez comprobado que tiene acta de diputado, si la jueza quiere seguir el mismo camino que con la expresidenta e imputarle, tendrá que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo.
Momentos políticos muy distintos
Cifuentes y Casado han visto como la investigación de sus posgrados seguían los mismos pasos, pero la investigación les ha alcanzado en momentos muy distintos de su carrera. Con la expresidenta madrileña, la jueza comenzó la investigación cuando ya había dimitido, después de que la Fiscalía tuviese durante semanas sobre su mesa la denuncia que interpusieron los estudiantes universitarios. La imputación le llegó ya retirada de la política y con el PP anunciando un tiempo nuevo tras su dimisión.
Casado, sin embargo, ha visto como la noticia trascendía poco después de que él anunciase a las puertas de Génova 13 su candidatura a suceder a Mariano Rajoy al frente del PP. Primero anunciaba que quería recuperar a los votantes “de Ciudadanos o Vox” y poco después tenía que dejar a un lado su candidatura para referirse a la investigación judicial. “No va a ver nada raro porque a mí no me convalidó las notas Enrique Álvarez-Conde”, decía sobre la jueza.
El vicesecretario de Comunicación del PP cuenta con el respaldo del partido, como en su momento lo tuvo Cifuentes hasta que su situación se hizo insostenible. Él insiste en que no hay nada irregular en aprobar un máster de 22 asignaturas con 18 convalidaciones y cuatro trabajos, sin contactar con los profesores y sin pisar las clases.
Será la jueza quien determinará si hubo o no trato de favor, en una causa en la que investiga delitos de falsificación documental, prevaricación administrativa y cohecho impropio. Está por ver si el propio Casado acaba imputado por alguno de ellos mientras trata de alcanzar la presidencia del PP.