La Junta Electoral reprende a Celaá por el “cariz electoralista” de sus afirmaciones en la rueda de prensa del Consejo de Ministros
La Junta Electoral ha aceptado parcialmente una queja de Ciudadanos por las afirmaciones vertidas por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El órgano encargado por velar de la neutralidad en tiempos de campaña creen que algunas de sus afirmaciones –como decir que “el PSOE sale a ganar las elecciones”– tienen un “cariz electoralista”, pero evita iniciar un expediente sancionador porque considera que Celaá no tenía “intencionalidad” dado que contestaba preguntas de los periodistas.
El organismo insta “a la ministra a que, en lo sucesivo, maximice su deber de cuidado para no efectuar valoraciones políticas con connotaciones electoralistas que puedan quebrantar la estricta neutralidad que han de mantener los poderes públicos a lo largo de todo el proceso electoral”.
La queja de Ciudadanos se refería a algunas manifestaciones vertidas por la portavoz desde Moncloa, como que Iñigo Errejón irrumpe para la “reconfiguración” del espacio ocupado por Unidas Podemos mientras que el PSOE va a “obtener el mayor respaldo, la mayor confianza de la ciudadanía con nuestro programa, con nuestras propuestas”. “El hecho de que las ruedas de prensa constituyan una práctica institucionalizada no exime a los poderes públicos de respetar el principio de neutralidad (...) de tal manera que los Altos Cargos de la Administración no pueden aprovechar la difusión de información de interés público para emitir juicios de valor u opiniones con connotaciones electoralistas”, reza el acuerdo de la Junta Electoral, que considera que las frases de Celaá tenían “cariz electoralista”.
“Sin perjuicio de lo anterior, también es cierto que la Ministra hizo esas afirmaciones en el marco de las preguntas y requerimientos de la prensa, dado el interés de algún medio de comunicación por conocer determinados aspectos de la estrategia electoral del PSOE de cara a las próximas elecciones. Por consiguiente, resulta razonable colegir que se trata de manifestaciones espontáneas y que su grado de intencionalidad es mínimo, por lo que la falta de la diligencia debida en que incurrió la referida Ministra no es susceptible de incoar el expediente sancionador que solicita la formación política denunciante”, culmina la Junta Electoral.
En la referida rueda de prensa, Celaá mostró malestar hacia la pregunta de una periodista que le inquirió sobre si le parecía “decoroso” apuntar desde Moncloa a las “intenciones del PSOE”. “Yo creo que es muy subjetivo decir que esto es electoralista. Es decir, la constitución de este Gobierno, el sustrato de este Gobierno, es el Partido Socialista Obrero Español y ustedes me lo preguntan. Lo que yo planteo o sugiero es que no haya más preguntas en esta sala hasta que no se hagan las elecciones porque ante sus preguntas caben dos: una, no contestar, lo cual ustedes estimarían como una grosería y como una falta de información; y, otra, no preguntar, no preguntar sobre partidos políticos, no preguntar sobre situaciones políticas. Podemos elegir cualquiera de las dos, pero vamos a acordarla”, respondió.
Los lazos amarillos, fuera el viernes a las 15 horas
En su reunión de este miércoles, la Junta Electoral también ha estimado un recurso del partido de Albert Rivera sobre la existencia de lazos amarillos y esteladas en edificios públicos de la Generalitat. Da de plazo hasta el viernes 4 a las 15 horas para que Quim Torra proceda a retirar esos símbolos.
“Se trata de una reiteración en el incumplimiento de la obligación de neutralidad de los poderes públicos que ya se produjo en el anterior proceso electoral”, señala la Junta Electoral, que ya dio esa misma orden en los anteriores comicios generales del 28 de abril. En aquel momento, la negativa del presidente de la Generalitat a cumplir las órdenes del organismo han derivado en un proceso judicial.
Torra se enfrenta a un juicio en próximas fechas por esa desobediencia. La Fiscalía pide veinte meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros para el presidente catalán, mientras que Vox eleva la pena a dos años de inhabilitación y multa de 72.000 euros.
