Juristas lanzan una propuesta de reforma del indulto para evitar abusos

El Grupo de Estudios de Política Criminal, organización que integran unos doscientos catedráticos, profesores de derecho penal, jueces, magistrados y fiscales, ha lanzado una propuesta de reforma del indulto que incrementa el control judicial sobre esta figura para evitar abusos.

Los promotores de esta alternativa abogan por fijar “de manera taxativa” los supuestos en los que el Gobierno puede conceder el indulto, ya que actualmente no tiene la obligación de motivar su decisión, según ha explicado en rueda de prensa el magistrado de la Audiencia de Barcelona José Luis Ramírez.

El indulto está regulado por una ley de 1870 que atribuye al Consejo de Ministros la competencia para conceder la gracia “sin ningún tipo de limitación ni de restricción”, ha indicado.

La organización propugna una reforma que aumenta el control judicial sobre el procedimiento a través de varias vías, una de ellas mediante la supresión, como posibilidad de indulto parcial, de conmutar unas penas por otras, como la prisión por multa, al entender que “no es lógico” que se sustraiga a la competencia de la jurisdicción.

En su lugar, plantean que el Gobierno pueda reducirlas y sea el poder judicial quien las conmute, pero discriminando las competencias que se atribuyen a cada uno.

También defienden la atribución en exclusiva de la iniciativa para comenzar el procedimiento de indulto al tribunal sentenciador, frente a la legislación actual que permite que lo haga el Ejecutivo.

Se prevé la posibilidad de que si el tribunal sentenciador no quiere iniciar el procedimiento, la persona penada pueda recurrir la decisión ante el tribunal superior.

El grupo también apuesta por restringir el poder de decisión del Consejo de Ministros, de manera que solo pueda conceder el indulto por las razones que hayan sido puestas de relieve por el tribunal, y que se obligue al Gobierno a elaborar una memoria de indultos.

Según Ramírez, en un contexto actual de “descrédito” de la política este tipo de medidas pueden facilitar la solución a un “foco de descrédito”, que es una política de indultos “errática o arbitraria”.

El Grupo de Estudios de Política Criminal, creado en 1989, ha observado que en los últimos años se ha hecho una “utilización abusiva” del indulto, como “excusa para no modificar leyes penales” y para eximir de pena a personas vinculadas al poder económico o político.

A este respecto, ha señalado que “la solución no es acudir al indulto para reducir las penas, sino directamente modificar la ley penal”, y ha lamentado que se utilice “la puerta de atrás para no afrontar ante la opinión pública un problema real”, que es la “desproporción” del sistema penal en algunos delitos.

Un estudio elaborado por Antonio Doval, integrante de este grupo, y que analiza el periodo 2000-2008, revela que el Ejecutivo popular concedió mayor número de indultos que el socialista y que los delitos contra la administración pública fueron proporcionalmente los más indultados.

La propuesta es una alternativa que “si cualquier partido se la tomase en serio, podría ser presentada en cualquier programa”, ha manifestado el juez instructor de Madrid Ramiro García de Dios.

El Grupo de Estudios de Política Criminal, que se reúne dos veces al año, celebra hoy y mañana su encuentro en Málaga.