Justicia y los letrados no llegan a un acuerdo y se mantiene la huelga indefinida que ya ha suspendido miles de juicios

El paro indefinido de los letrados de la administración de Justicia se mantiene. La primera reunión entre el Ministerio de Justicia y el comité de huelga ha acabado este viernes sin acuerdo tras más de 15 horas de negociaciones, incluida toda la noche y madrugada. El conflicto sigue totalmente enconado, con las posiciones de los interlocutores muy alejadas. Los convocantes piden seguir con la movilización, aunque han instado a los letrados a expedir el pago de pensiones y a celebrar bodas ante la “previsión del alargamiento de la situación de conflictividad”. Hasta el momento, la huelga indefinida que estos funcionarios mantienen desde el pasado 24 de enero ha provocado la suspensión de decenas de miles de actuaciones judiciales entre juicios, declaraciones y otras diligencias. 

El Ministerio de Justicia rechaza la petición formulada por los promotores de que se implante la llamada “cláusula de enganche”, con la que pretenden que cada letrado cobre el 85% de lo que perciben los jueces de sus respectivos órganos judiciales y que, además, la masa salarial del cuerpo de letrados no pueda ser inferior al 85% de la masa salarial de la carrera judicial.

“Esta no es una huelga de trabajadores que quieren llegar a fin de mes o que peligran sus puestos de trabajo. Es una huelga de personas privilegiadas que cobran entre 40.000 y 60.000 euros al año”, ha dicho a los medios de comunicación el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez.

El ‘número dos’ de la ministra Pilar Llop ha rechazado la propuesta de los convocantes por suponer “dos subidas salariales” para un colectivo que de media verá crecer sus salarios un 14,76% en los próximos tres años gracias una subida de 195 euros brutos acordada en abril de 2021 y al alza que con carácter general van a experimentar los sueldos de los funcionarios. 

“Están haciendo rehenes a todos los ciudadanos españoles que tienen que utilizar el servicio público de justicia. Se están aprovechando de su sufrimiento, del sufrimiento de estos ciudadanos para su propio beneficio económico”, ha añadido Rodríguez, que ha recriminado a los convocantes la inflexibilidad de sus posiciones. “Ha sido sorprendente, insólita y contraria a la buena fe negociadora su postura. Cuando uno se sienta a negociar debe partir de las demandas inicialmente planteadas y estar dispuesto a hacer algún tipo de concesión. Su única propuesta esta noche demuestra una clara falta de voluntad para alcanzar cualquier tipo de acuerdo”, ha añadido Rodríguez, que ha acusado a los miembros del comité de huelga de usar “reiteradamente” un “lenguaje bélico”. 

Los convocantes, por su parte, afirman que el equipo del ministerio no ha realizado ninguna “oferta concreta” más allá de “estudiar” los llamados grupos de población. Una de sus peticiones era la revisión de estos grupos para mejorar la retribución de los letrados destinados en lugares con menos habitantes y que “cobran sueldos menores con cargas de trabajo similares”. Rodríguez ha afirmado que estudiará esta petición, pero ha puesto como condición para seguir dialogando que se desconvoque la huelga. 

La labor de los 4.422 letrados de la administración de Justicia es clave en juzgados y tribunales. Estos altos funcionarios –pertenecen al grupo A1, el mismo que jueces y fiscales– dirigen la oficina judicial, impulsan los asuntos, dictan resoluciones y gestionan las cuentas desde las que se abonan pensiones alimenticias, embargos o indemnizaciones, que tienen un saldo medio de 4.500 millones de euros. También actúan como fedatarios públicos en las vistas, con lo que su ausencia está obligando a suspender miles de juicios. Todo ello, en un sistema ya muy saturado en el que los asuntos penales tardan 14 meses de media en resolverse. En la jurisdicción social —donde se dirimen despidos o accidentes laborales— la media está en casi un año. 

El conflicto que ahora le ha estallado a la ministra Llop se remonta a hace más de una década, cuando una reforma procesal aligeró en 2009 las tareas de los jueces y aumentó en un 30% las competencias a los letrados, aunque sin aumentar su retribución. Tras 12 años esperando una adecuación salarial, el Ministerio de Justicia y los sindicatos acordaron en abril de 2021 mejorar el régimen retributivo de estos funcionarios a través de un complemento de 195 euros brutos mensuales, lo que supone un aumento del 5,26% en su salario anual. 

Después de esperar más de una década, las asociaciones convocantes consideran insuficiente la citada subida de 195 euros mensuales. Y reconocen que esta cifra está en el origen de las reivindicaciones de los últimos meses, que han incluido otras cuatro convocatorias de huelga hasta llegar al actual paro indefinido.

Esta movilización ha provocado la suspensión de más de 140.000 las actuaciones suspendidas entre juicios, declaraciones y otras diligencias, según datos de los convocantes. El Ministerio de Justicia no está ofreciéndo datos del impacto de la huelga.  Y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los está recopilando a través de los tribunales territoriales, pero la información recibida todavía es “parcial” y no los difundirá hasta que sean datos homologables, confirma un portavoz.   

Los jueces rechazan la “cláusula de enganche”

Entre tanto, las asociaciones de jueces han mostrado este viernes su rechazo a la equiparación retributiva con los jueces que demandan los letrados. En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) —conservadora y mayoritaria— y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) —de carácter moderado— han rechazado “rotundamente” esa equiparación. Ambas asociaciones sostienen que “las funciones y responsabilidades que la Constitución encomienda con carácter exclusivo y excluyente a jueces y magistrados impiden la asimilación retributiva de cualquier otro cuerpo”.

En otro comunicado de este mismo viernes, la progresista Jueces y Juezas para la Democracia también ha manifestado que, si bien le parecen “respetables” las reclamaciones económicas y de otro tipo de los letrados, “lo que no es aceptable es que pretendan ligarse a las retribuciones de la carrera judicial y fiscal”.