El Tribunal Superior de Madrid ha estimado una petición de medidas cautelares de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales y ha decidido suspender cautelarmente la orden con la que la exfiscal general, Dolores Delgado, obligaba a los fiscales a declarar si preparaban opositores a la carrera fiscal.
La suspensión cautelar, explica el TSJM, afecta a “los miembros del Ministerio Fiscal que no llevan a cabo una actividad de preparación para el acceso a la función pública”. Entienden los jueces que la normativa vigente antes de esta orden ya obliga a un fiscal a informar de si lleva a cabo alguna actividad incompatible.
Fue la exfiscal general, tal y como adelantó elDiario.es, la que puso en marcha esta obligación a través de una orden del pasado mes de julio. Un decreto en el que Delgado recordaba a los fiscales que el estatuto de la carrera establecía que preparar opositores a fiscal es incompatible con formar parte de los órganos que después examinan y seleccionan a los futuros miembros de la carrera.
Entiende el TSJM ahora que procede anular la orden de manera cautelar. “Es claro que la ejecución del acto, con la consiguiente declaración de los interesados, cuya conformidad a derecho pretende cuestionarse en el recurso, haría perder completamente su finalidad al mismo, de manera que una eventual sentencia estimatoria resultaría de imposible ejecución, al haber producido ya sus efectos el acto cuestionado de manera irreversible”, explican en su resolución.
También entienden los jueces que la normativa del Ministerio Fiscal ya obliga a los miembros de la carrera a comunicar a un superior jerárquico “la actividad que pudiera ser incompatible”, por lo que la suspensión de la orden no afecta a esa obligación de seguir informando aunque nuevamente queda en manos de los fiscales y no es algo que obligatoriamente deban hacer todos. Especifican los jueces que no creen que esta suspensión suponga “un perjuicio grave para los intereses generales” ya que afecta, dice, a los fiscales “que no realizan la actividad docente de preparación para el acceso a la función pública”.
Tal y como desveló este periódico, jueces y fiscales preparan a aspirantes a entrar en ambas carreras y, en ocasiones, lo hacen sin declarar el dinero que cobran en negro, ni ante Hacienda ni ante el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General. El control de esta actividad y de estos ingresos dependen de que los jueces y fiscales que actúan como preparadores decidan pedir la compatibilidad.