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Las derechas anticipan una legislatura sin tregua y empiezan a deslegitimar al nuevo Gobierno antes del aval de ERC

Pablo Casado (PP) y Santiago Abascal (Vox), en el Congreso de los Diputados.

Iñigo Aduriz

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“España se rompe”. El mantra que la derecha utilizó hace tres lustros contra el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido recuperado ahora por PP, Ciudadanos y Vox ante la inminente formación del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos apoyado por el PNV y validado por ERC. Después de que el lunes se conociera el programa del Gobierno progresista, las tres derechas ya han empezado a ejercer una oposición frontal a la que no tienen previsto dar tregua durante toda la legislatura.

La estrategia la pusieron en marcha las tres fuerzas conservadoras incluso antes de que el Ejecutivo lograra el necesario aval de los independentistas catalanes de ERC, que este jueves a las 17:00 horas celebran su Consell Nacional para decidir si facilitan con su abstención la investidura de Pedro Sánchez en el pleno convocado para este fin de semana, que ante la previsible imposibilidad de lograr una mayoría absoluta en la primera votación celebrará una segunda el martes 7.

Incluso antes de que se conociera el contenido de los pactos alcanzados entre las fuerzas progresistas y nacionalistas, las tres derechas ya iniciaron su plan de acoso y derribo contra la izquierda en el primer minuto de la legislatura, justo después del pleno de la constitución de las Cortes del 3 de diciembre.

Siguiendo con la estrategia de la judicialización de la política que ya pusieron en marcha en años anteriores, PP, Ciudadanos y Vox anunciaron entonces la presentación de sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por las fórmulas de acatamiento utilizadas por algunos diputados de Unidas Podemos, ERC o JxCat que fueron validadas por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Contra la Abogacía del Estado

Se trata de frases añadidas por esos parlamentarios que fueron idénticas a las empleadas en el inicio de la penúltima legislatura por los mismos partidos y que entonces fueron avaladas también por la entonces presidenta de la Cámara Baja, la popular Ana Pastor, paradójicamente hoy firme defensora de los recursos ante el Constitucional.

Esta misma semana, la reacción de las tres derechas al informe presentado por la Abogacía del Estado sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, y al plan de Gobierno de la izquierda confirmaban esa dureza con la que pretenden responder a cada iniciativa a partir de ahora, acusando a Sánchez y a su Ejecutivo de querer romper el “consenso constitucional” e incluso de poner en cuestión la unidad de España.

El presidente del PP, Pablo Casado, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, y los representantes de Vox consolidaron ese plan de judicialización de la política anunciando que llevarán a los tribunales una supuesta filtración de ese informe de la Abogacía a ERC antes de que fuese público, en lo que consideran que podría constituir un delito de revelación de secretos.

Los tres optaron, además, por las palabras gruesas para descalificar de plano el programa de Gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos, así como los acuerdos de los socialistas con el PNV y ERC.

“España va a ir a peor”

Casado sentenció el lunes que “España va mal y lo más peligroso es que tiene las expectativas de ir peor” con el nuevo Ejecutivo. El líder del PP dibujó un futuro apocalíptico con más pobreza, más paro, el fin de la libertad de mercado e incluso la instauración del “cantonalismo” en materia territorial, así como la connivencia española con “dictaduras”, entre las que citaba a Cuba o Venezuela, y la “ruptura” definitiva de los socialistas con la Constitución de 1978.

Después, el PP lanzó una campaña en redes claramente frentista alentando al miedo al nuevo Ejecutivo: “No vamos a permitir que nadie vulnere la unidad nacional. Si gobiernan contra España, nos tendrán enfrente”, apuntaban los conservadores a través de distintos mensajes en Facebook, Twitter y Telegram.

El martes, tras hacerse público el acuerdo de PSOE y ERC por el que someterán a una consulta en Catalunya las conclusiones de la negociación entre el Gobierno y la Generalitat cuando esta se produzca, el enfado de Casado era monumental. “Sánchez consuma la traición a España que denuncié hace un año al descubrir las conclusiones de Pedralbes. Ha pactado un referéndum con los delincuentes que dieron un golpe al Estado para ser investido. Nos acusaban de exagerar, pero nos quedamos cortos. Responderemos con firmeza”, advertía en un tuit.

Para la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, los pactos de la izquierda suponen “un salvoconducto hacia el deterioro económico, el debilitamiento del Estado y la generación de más desigualdades entre españoles”. “Entregará medio Gobierno al populismo y no dejará dormir tranquilo al 95% de los ciudadanos”, señalaba Arrimadas el lunes a través de su cuenta de Twitter.

“Si Junqueras, Bildu y el PNV están contentos, cómo no van a estar preocupados el resto de los españoles”, afirmaba, antes de preguntarse “hasta dónde puede llegar” el presidente del Gobierno en funciones en los próximos cuatro años de legislatura. A su juicio, “es capaz de cualquier cosa” porque “no tiene ni principios, ni escrúpulos, ni palabra”.

Un “Gobierno traidor”

Desde Vox se han referido al Ejecutivo progresista como un “Gobierno traidor” que no solo “cede” a los “chantajes” de ERC sino también de Unidas Podemos, del PNV y de Bildu. El lunes, la portavoz parlamentaria de la formación de extrema derecha, Macarena Olona, denunciaba que para conseguir el apoyo de Podemos Sánchez haya “tratado de ayudar a fugarse a los narcoterroristas de Bolivia”, en alusión al incidente diplomático ocurrido el pasado viernes en la Embajada de México en La Paz y haciendo suya la versión del gobierno autoproclamado tras el golpe de Estado que apartó a Evo Morales del poder que ya ha sido negada categóricamente por Exteriores y rechazada por la UE.

Además, para lograr el respaldo de los “recogenueces” del PNV, Olona censuraba que Sánchez esté aceptando algunas históricas reivindicaciones de los nacionalistas vascos, entre las que se encuentra una solución “consensuada” a la situación en Catalunya o la de la “expulsión” de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. 

“Sánchez firma su pacto de investidura con el partido beneficiario del terrorismo de ETA. No cabe mayor traición”, señalaba el presidente de Vox, Santiago Abascal, en un comentario publicado en su cuenta de Twitter. El secretario general del partido, Javier Ortega Smith, también ha denostado la “indignidad” del Gobierno de Sánchez por estar “negociando” con los “herederos de ETA”, en alusión a Bildu.

“Nuevamente la impunidad de los terroristas y la indignidad de un Gobierno negociando con quienes han cometido tantos asesinatos y tantos secuestros causando tanto dolor a España, pisoteando nuestra soberanía nacional y nuestro ordenamiento constitucional”, sostiene Ortega Smith.

La pelea electoral

El mensaje del miedo por la toma del poder de un Gobierno progresista inundará los discursos de PP, Ciudadanos y Vox en los próximos meses después de que las tres formaciones negaran cualquier tipo de acuerdo alternativo al PSOE tras las elecciones del 10N. En el endurecimiento de sus mensajes resulta determinante la pugna que mantienen las tres derechas por erigirse en la fuerza hegemónica del espectro conservador para ganar claramente a sus adversarios en los próximos ciclos electorales.

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