La idea de modificar la ley para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y forzar así su renovación tras casi dos años con el mandato caducado, se barruntaba en el Gobierno desde hacía varias semanas. En Unidas Podemos lo tienen claro desde el principio y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había mostrado favorable a hacerlo en algunos círculos privados y lo ha dicho en público este mismo viernes.
Las resistencias que había entre algunos miembros socialistas del gabinete, donde se confía en poder forzar una negociación con el PP, están doblegándose en las últimas semanas. Las que van desde que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, aireara una conversación con Felipe VI, que la Casa Real atribuye a un gesto de cortesía y que se difundió como si el monarca estuviera criticando al Gobierno por no autorizar su presencia en la entrega de despachos en Barcelona, el pasado viernes, hasta la constatación de que el Poder Judicial ha seguido aprobando nombramientos en la cúpula judicial esta misma semana, pese a estar en funciones, y cuyo resultado, fruto de la división del bloque progresista, constituye un espaldarazo para las posiciones de Lesmes.
La gestión de la crisis institucional provocada por el bloqueo de la renovación del gobierno de los jueces es un ejemplo claro de la diferencia, ideológica pero también metodológica, entre los dos socios del primer Gobierno de coalición desde la restauración de la democracia. En el sector socialista, que domina la mayor parte de los resortes ejecutivos gracias a su mayor peso electoral, los movimientos son más lentos, lamentan en Unidas Podemos. Las fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que en la Moncloa querían primero dejar muy claro que el Poder Judicial se ha instalado en una suerte de rebeldía al activar, pese a estar en funciones, todas sus competencias.
De ellas, especialmente importantes son los nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales (audiencias provinciales, tribunales superiores, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). Solo en el primer año con el mandato caducado, el CGPJ nombró 43 jueces, 12 de ellos en el Alto Tribunal. A esos hay que añadir los seis del pasado miércoles, entre los que Lesmes metió como magistrado de la Sala de lo Penal al único juez de la Gürtel que pidió la absolución del PP. Y pese a la bronca política, y al grave conflicto institucional que ha arrastrado a la Jefatura del Estado, el CGPJ tiene previsto abordar en las proximas semanas otra tanda de nombramientos.
Lesmes convirtió el pasado viernes a Felipe VI en protagonista principal del enfrentamiento que mantiene con el Gobierno de coalición al desvelar parte de una supuesta conversación que ambos habían mantenido y en la que el jefe del Estado habría advertido que le hubiera gustado estar en el acto de entrega de despachos judiciales. Tal y como fue difundida esa charla por el propio Lesmes a algunos de los presentes al acabar el acto se daba a entender que el rey estaba criticando la decisión del Gobierno. Horas más tarde, la Casa Real defendió que se trataba de una llamada protocolaria para pedir que se felicitase a los nuevos jueces.
Pero las primeras informaciones publicadas que daban por buena la versión de Lesmes apuntaban a un rifirrafe inédito entre la Casa Real y el Ejecutivo.
En medio de ese revuelo, 48 horas después, y en domingo, varios grupos que suman 187 diputados, una amplia mayoría absoluta del Congreso, emitieron un comunicado conjunto en el que reclamaban la renovación inmediata del órgano de gobierno de los jueces. En los días previos, el documento no había visto la luz por la resistencia de alguno de los firmantes. Esta misma semana, elDiario.es ha informado de que Unidas Podemos busca apoyos para llevar los últimos nombramientos ante el Tribunal Constitucional.
Entre los firmantes del comunicado están casi todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, incluida ERC (que se abstuvo), y se ha sumado Junts per Catalunya (que votó en contra). También el PNV, cuyo portavoz, Aitor Esteban —uno de los más moderados en sus discursos en la Cámara Baja—, señaló este miércoles desde la tribuna que el rey bien podía haber roto la neutralidad política que le exige la Constitución con su llamada a Lesmes, tal y como habían advertido los dirigentes de Unidas Podemos Pablo Iglesias y Alberto Garzón. El líder de IU insistió este jueves en RNE en que su tuit, que provocó airadas respuestas por parte de la derecha y la extrema derecha, era “un toque de atención” ante una “llamada inapropiada”.
La relevancia del comunicado no radica tanto en la petición, a la que el PP ha hecho oídos sordos, como en el número de firmantes. Los 187 diputados que la suscriben suman una mayoría suficiente como para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y cambiar el sistema de elección de una parte de los jueces del CGPJ, que se rigen por una fórmula que impuso la mayoría absoluta del PP con Alberto Ruiz-Gallardón al frente de Justicia. La reforma sería una respuesta al bloqueo de las negociaciones abiertas entre el PSOE y el PP en verano y los últimos desplantes de Carlos Lesmes.
Renovación de dos tercios del CGPJ por mayoría absoluta
En el Gobierno todavía están negociando cuál sería la fórmula nueva para elegir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Y no está claro siquiera que se vaya a acometer, según los ministros consultados por elDiario.es. “No está decidido. Tenemos que estudiarlo bien”, aseguran fuentes del Gobierno a este medio, que reconocen que hay “opiniones diferentes en el seno del Ejecutivo”. Las mismas fuentes zanjan: “Decidirá el presidente”.
Esa decisión parece haber llegado esta semana. El viernes, durante una visita a Bruselas, Sánchez aludió precisamente a esa mayoría de 187 diputados, a quien dijo haber “escuchado”. “Tenemos que dar una solución y una salida. Mi intención es hacerlo”, zanjó, aunque el presidente planteó que, primero, se tiene que confirmar que el PP no está dispuesto a levantar el bloqueo.
Lo que no dio el presidente fue muchas pistas de por dónde irá la reforma. La Constitución establece que dos tercios del Pleno (12 miembros) sean elegidos “entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica”. Los otros ocho lo serán “entre abogados y otros juristas”, estos sí obligatoriamente por una “mayoría de tres quintos” del Congreso y del Senado. La ley orgánica establece ahora mismo una mayoría reforzada de tres quintos para todos los vocales.
La reforma que plantean en Unidas Podemos, la expuso esta misma semana su portavoz adjunto, Enrique Santiago, en la tribuna del Congreso. De hecho, Podemos ya incluía en el programa electoral para las elecciones generales de noviembre de 2019 “mejorar el sistema parlamentario de elección de vocales para aumentar la pluralidad y la transparencia de la elección de las 12 vocalías de procedencia judicial”.
El diputado planteó una amplia modificación en la que se requiera una mayoría absoluta de las Cámaras para elegir a los 12 vocales de la carrera judicial, así como que el CGPJ cese en sus funciones el día que venza su mandato (como pasa con organismos como la CNMV), y que estando en funciones no se puedan hacer nombramientos o que el consejo entrante tenga que refrendarlos. Una reforma que tendría carácter retroactivo, es decir, que aplicaría al consejo que ahora preside Lesmes. Santiago, junto a Jaume Asens, son quienes lideran en el grupo confederal estas negociaciones.
El planteamiento se lo hizo llegar Unidas Podemos al PSOE el pasado mes de agosto, según confirman a elDiario.es fuentes parlamentarias. Entonces había abierta una negociación discreta entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el PP. Pero los de Pablo Casado, como ya hicieran un año antes, rompieron las conversaciones. El motivo alegado: la presencia de Podemos en el Gobierno de coalición y, por tanto, su capacidad de proponer algunos de los nombres que ocupen un asiento en el Pleno del CGPJ.
Desde entonces la iniciativa ha estado congelada. En el Ministerio de Justicia confían todavía en poder sacar al PP del bloqueo y que se avenga a negociar una renovación del consejo. Desde Unidas Podemos advierten de que ya no es tiempo de otro “farol” y lamentan que el PSOE sea “lento, lento” a la hora de tomar decisiones. En cualquier caso, los de Pablo Iglesias creen que su mejor aliado para forzar la reforma es que “la derecha está echada al monte” y la actitud de Lesmes. Y advierten de que no están dispuestos a aceptar una “posición simbólica” en el futuro CGPJ.
Desde la parte socialista insisten en que los tiempos y la reforma son competencia del Ministerio de Justicia y que si el PP no acepta negociar, la reforma se va a ejecutar. Y creen que, como en el caso de Madrid, los errores contrarios facilitan la operación.
La opción que ahora mismo más peso ha cogido es reeditar la normativa que existía en tiempos de Zapatero, cuando se impuso un “doble refrendo” a los vocales. El sistema consistía en que las asociaciones judiciales proponían una terna de candidatos para los 12 miembros de la carrera, de entre los cuales la mayoría absoluta del Congreso y del Senado hacían la selección final.
En la parte socialista del Gobierno preocupa mucho que una reforma muy ambiciosa o exagerada pueda alertar a la Unión Europea. Recientemente, la Comisión Europea ha abierto un proceso sancionador a Polonia al considerar que un reciente cambio normativo “socava la independencia judicial” en el país. En el otro lado de la balanza, esta misma semana Bruselas ha pedido que se renueve ya el CGPJ.
En la Moncloa van con pies de plomo y preferirían un arreglo con el PP que no abra otro frente por el que la oposición pueda atacar al Gobierno. En Unidas Podemos, por contra, creen que con la posición de Casado se ha abierto una oportunidad para restar presencia de la derecha en órganos que determinan la dirección de Estado. Una idea que Pablo Iglesias ha reiterado en múltiples ocasiones en los últimos años y, con especial ahínco, desde que accedió a la Vicepresidencia Segunda del Gobierno. Un acuerdo en este sentido con los partidos de la investidura permitiría al PSOE tener la posición mayoritaria en el CGPJ, además de dar entrada a los partidos nacionalistas e incluso independentistas, y allanaría la negociación de los Presupuestos Generales, auténtica clave de bóveda para garantizar la supervivencia del Gobierno de coalición armado entre Sánchez e Iglesias.