Los presupuestos, la exhumación de Franco o la ley de trata: las tareas que el Gobierno arrastra para 2019

“En siete meses el Gobierno ha hecho más que la anterior administración en siete años”. Ese es el balance que hizo Pedro Sánchez de su mandato, que comenzó a mediados de 2018. El Gobierno ha aprobado 25 decretos ley y al Congreso han llegado dos proyectos legislativos a los que se suman algunos que están todavía en el trámite anterior de estudio por parte de los órganos legislativos, entre ellos dos propuestas de reforma de la Constitución (la limitación de los aforamientos y la supresión del término “disminuidos”). Pero el Ejecutivo arrastra para 2019 algunos compromisos adquiridos para el año que acaba de terminar y que no se cumplieron. 

La principal tarea pendiente de Sánchez es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El presidente aseguró en varias ocasiones que el Consejo de Ministros los aprobaría antes de que culminara el año. Noviembre fue la primera fecha que dio el presidente. La intención se mantuvo, pero cuando se acercó el momento, Sánchez lo dilató a diciembre y, finalmente, se comprometió a presentarlos en el mes de enero tras haber reconocido que existían posibilidades de no llevarlos siquiera al Congreso si no tenía garantizado que saldrían aprobados.  

De la aprobación de los presupuestos depende en buena medida la duración del mandato de Sánchez. A pesar de que en su última comparecencia pública evitó vincular el adelanto electoral a un hipotético fracaso en la tramitación de las cuentas, el presidente reconoció semanas antes que esa derrota parlamentaria “acortaría” su vocación de acabar la legislatura. 

Además, es a través de las cuentas públicas como el Gobierno pretende cumplir con algunas de sus promesas, como la cobertura de la dependencia, la universalización de la educación pública gratuita para los niños menores de tres años o la dotación de las partidas de memoria histórica para que el Estado se haga cargo de las exhumaciones de represaliados de la guerra civil y la dictadura, entre otras. 

Sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos es otro de los compromisos que Sánchez acumula desde 2018. El presidente reconoció que había pecado de inexperiencia al asegurar a los periodistas que la exhumación del dictador se llevaría a cabo antes de que acabara el verano. La vicepresidenta, Carmen Calvo, se mostró convencida de que el cadáver estaría fuera del monumento de San Lorenzo de El Escorial antes de que acabase el año. El expediente administrativo para llevarlo a cabo está llegando a su fin, pero aún no ha concluido: “Si hemos esperado cuarenta años, esperar unos meses más no es problema, al menos para este Gobierno”, expresó Sánchez el pasado viernes.

La ley de trata, rebajada respecto a la del PSOE

Pero hay otros asuntos menos mediáticos que se le han atragantado al Gobierno. Uno de ellos es la prometida Ley contra la trata con fines de explotación sexual. La vicepresidenta aseguró en una comparecencia en el Senado el pasado 13 de diciembre que la propuesta está “muy avanzada”, pero no ha concluido y lleva retraso: la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguró a finales de noviembre que el Consejo de Ministros vería esa ley antes de que acabara el año: “La veremos el próximo viernes, o quizás dentro de dos”, respondió el pasado 23 de noviembre, cuando el Gobierno emitió el informe en el que se desgranan los ejes fundamentales del Anteproyecto.  

Fuentes de vicepresidencia también aseguraron a eldiario.es que la medida pasaría por el Consejo de Ministros a mediados de noviembre. Por ahora el Ejecutivo ha recopilado varias propuestas. La que han elaborado expertas junto a miembros del Consejo Asesor del PSOE en materia de Igualdad es ambiciosa y plantea, entre otras medidas, sancionar a los clientes de la prostitución por la vía penal así como la persecución a los propietarios de los lugares en los que se ejerce. 

Sin embargo, desde vicepresidencia aseguran que ese posicionamiento es el “más alejado” del “espíritu” de la norma en la que trabajan. Fuentes del departamento que dirige Calvo apuntan que la ley de trata se circunscribirá a lo que establece el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que está muy por debajo de las expectativas del borrador elaborado por el PSOE y de algunas representantes del colectivo feminista consultadas por esta redacción.

Retraso para tocar a las eléctricas

Sánchez también ha repetido en varias ocasiones que antes de que acabara el año el Gobierno aprobaría una ley de cambio climático. El Consejo de Ministros aún no lo ha hecho, aunque los deberes están muy avanzados. El Ministerio de Transición Ecológica ha trasladado a los grupos y los agentes sociales un borrador en el que contempla medidas como la prohibición de la venta de coches diésel, gasolina e híbridos para 2040 o que un mínimo de 3.000 megavatios (MW) de potencia al año en instalaciones de producción eléctrica proceda de fuentes de energía renovable. El departamento que pilota Teresa Ribera también ha dejado para el mes de enero la remisión a Bruselas del Plan de Energía y Clima para el periodo 2021-2030.

En relación con el mercado eléctrico, el pasado 19 de septiembre, la ministra Ribera anunció en el Congreso su “compromiso de presentar una propuesta de reforma estructural antes de que acabe el año, incluyendo los cambios necesarios en el funcionamiento del mercado, una fiscalidad coherente y un tratamiento adecuado al almacenamiento” de electricidad. Unas semanas después, en octubre, en el marco de su acuerdo presupuestario, el Gobierno y Unidos Podemos acordaron poner coto a los “beneficios caídos del cielo” de las eléctricas. Pero de momento, esas propuestas no han llegado al Consejo de Ministros, informa Antonio M. Vélez. Sí existe un borrador ministerial que incluye algunas medidas relativas al almacenamiento de electricidad y recoge otro asunto clave pendiente de sustanciarse: la devolución de competencias en la fijación de los peajes eléctricos que el anterior Gobierno hurtó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que han motivado una amenaza de denuncia contra España de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En septiembre, el Gobierno se comprometió a revertir otra de las herencias de Rajoy: el endurecimiento del subsidio para desempleados mayores de 52 años. El Ejecutivo del PP elevó la edad de acceso a esta ayuda de los 52 a los 55 años, dificultó su acceso y redujo la cotización a la seguridad social para la jubilación de sus beneficiarios.

La espera para acabar con la reforma laboral

El Ministerio de Trabajo que dirige Magdalena Valerio aseguró que recuperaría el subsidio para estos parados de avanzada edad tal y como estaba configurado antes de los recortes, pero hasta el momento no lo ha aprobado. Esta es una de las medidas que los sindicatos exigían al Gobierno que aprobara con más urgencia antes de que acabara el año, ya que hay un preacuerdo desde hace meses. La patronal, aunque aún no se ha adherido a este pacto, tampoco se opone a la medida, como expresó el nuevo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aunque han pedido a Trabajo los números para ver cómo se financia esta mayor protección.

Además de la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, los sindicatos han presionado en las últimas semanas al Gobierno para que aprobara antes de concluir 2018 algunos “elementos clave” de la reforma laboral de 2012. Aunque el presidente Sánchez y la ministra Magdalena Valerio advirtieron al llegar a la Moncloa de que no podrían derogar por completo la normativa laboral del mandato de Rajoy por falta de apoyos parlamentarios, sí se comprometieron a tumbar algunos de sus aspectos “más dañiños”, para lo que buscarían llegar a un consenso político y social.

El pacto presupuestario del Ejecutivo y Unidos Podemos puso fecha a alguna de estas medidas: recogía que se derogarían “antes de finalizar 2018, los aspectos más

lesivos de la reforma laboral de 2012“. Estos aspectos quedaban enumerados en ampliar la ultraactividad de los convenios colectivos (su prórroga una vez se han caducado sin llegar a uno nuevo); revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancia de las condiciones de trabajo; desvincular el contrato de obra o servicio determinado de la realización de trabajos en contratas, subcontratas o concesiones administrativas.; y reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial. Ninguna de estas cuestiones ha sido regulada por el momento.

Uno de los conflictos que tendrá que abordar el Ejecutivo en el arranque del año es la promesa de fijar un techo a los precios del alquiler para evitar abusos. El decreto con el que se alargan los contratos no abordó esa cuestión que también figuraba en el acuerdo presupuestario sellado por Sánchez y Pablo Iglesias. Unidos Podemos ha amenazado con no apoyar la convalidación del decreto en el Congreso, a pesar de que en el documento del pacto se especifica que el “Gobierno garantizará que a lo largo de 2019 desarrollará los proyectos normativos necesario para el cumplimiento” de lo recogido en el apartado sobre el mercado del alquiler. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó que puede tramitarse en el Parlamento como un Proyecto de Ley para que pueda ser enmendado con otras propuestas, tal y como ha sucedido con la mayoría de decretos ley que ha aprobado el Consejo de Ministros.