Llarena traslada a Alemania que aprecia “fuerza” en los indicios de malversación a la espera de que Montoro se explique
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha remitido un escrito a la Fiscalía alemana en el que insiste en la “fuerza de los indicios” de presunta malversación que él aprecia en la causa contra Carles Puigdemont, al menos hasta que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explique sus declaraciones a la prensa sobre la imposibilidad de que los investigados utilizaran dinero público para celebrar el 1-O.
“No puedo informarle de una manera definitiva al respecto, dado que todavía no se ha recibido el informe del Ministerio de Hacienda. En todo caso, mientras la incompatibilidad no se evidencia, este instructor reconoce la fuerza de los incidios en los que se asienta el procesamiento por un delito de malversación de caudales públicos”, asegura el magistrado español en su escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es.
Los jueces alemanes que han rechazado que Carles Puigdemont haya cometido un delito de rebelión también plantean dudas sobre la segunda acusación contenida en el escrito del Tribunal Supremo, el de malversación. En la misma resolución que descarta que el delito de rebelión descrito por Llarena sea igual al alemán de alta traición, el tribunal señala que la orden de detención enviada por España “no contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las que se produjeron los hechos”, en relación con la malversación.
Del nuevo escrito se desprende algo de lo que espera Llarena de Montoro. “Es importante evaluar -dice el juez- si las manifestaciones hacen referencia a no haberse asumido obligaciones de pago por la realización del referéndum por parte de la Generalidad de Cataluña o si lo que consta es que finalmente no se han abonado unas obligaciones dinerarias que sí fueron asumidas por la Generalidad con ocasión de la organización de la votación, lo que tiene muy diferente alcance desde un punto de vista jurídico penal”.
Esta afirmación va en la línea de las dudas planteadas por Alemania. El tribunal de Schleswig-Holstein sí considera al expresident catalán “corresponsable (al menos políticamente) de la generación de los costes del referéndum, por un valor de aproximado de 1,6 millones de euros”. Pero añade: “El gobierno autonómico no estaba autorizado a gastar dinero del presupuesto para estos fines, pero no queda aclarado si el Estado tuvo que hacerse cargo realmente de estos costes por haber sido sufragados con cargo al presupuesto regional, y si el reclamado instó dicha acción”, señala la resolución.
Llarena dedica ahora nueve páginas a reproducir los indicios recopilados en los informes de la Guardia Civil hasta ahora sobre la supuesta malversación. El escrito arranca con la afirmación de Montoro en El Mundo el lunes 16 de abril. Recuerda el juez que el ministro “tiene intervenidas las cuentas de la Generalidad de Cataluña” desde el 20 de septiembre de 2017 y reproduce la frase “yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no con dinero público”.
Llarena ha dirigido el escrito a la Fiscalía alemana a través del cauce establecido, que es Eurojust. Según fuentes jurídicas, será el Ministerio Público alemán el que decida si incorpora esos razonamientos a su posición sobre la petición de extradición del expresidente catalán.
Referencias a los medios de comunicación
El magistrado español explica en su escrito que varios de los acusados que se encuentran en prisión “esgrimieron” tal afirmación del ministro para negar la acusación de malversación. De este hecho, añade Llarena, “se hicieron eco numerosos medios de comunicación inmediatamente después de que los procesados terminaran sus declaraciones”. El juez, según relata en su escrito, pidió a Montoro un informe sobre el “objetivo concreto de tales afirmaciones”.
“El objetivo no es otro que evaluar cuál es la configuración del sistema de control de gastos de la Generalidad de Cataluña y si ese sistema impondría que tuvieran que ser detectadas las defraudaciones de dinero público que sugieren las fuentes de prueba recabadas en la instrucción”, afirma el magistrado del Supremo.
