“Mi intención era parte ayudar al Ayuntamiento y, por supuesto, cobrar por mi trabajo”. En su declaración ante el juez del caso mascarillas, el empresario Alberto Luceño ha defendido la legalidad de las comisiones millonarias que cobró por vender material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la primera ola de la pandemia de COVID. Según este empresario, los márgenes de beneficio que en ocasiones superaban la mitad de los contratos son “un porcentaje normal” y ha afirmado que esta operación, que el juez define como un fraude y una estafa, fue “una operación limpia”.
Tal y como explicó también ante el fiscal Anticorrupción en marzo de 2021, Luceño ha explicado que conoce a Luis Medina desde hace una década y que hasta ahora nunca habían trabajado juntos. Medina tiró de agenda y, como ha reconocido hoy, “fue él quien me proporcionó el contacto” de Elena Collado, coordinadora de presupuestos del consistorio. El propio Medina, tal y como ha revelado este periódico, ha explicado que buscó a un primo del alcalde al que no conocía previamente para conseguir contactar con el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida.
Luceño ha cargado en el empresario malayo San Chin Choon - que por ahora se niega a colaborar con la causa - la responsabilidad de calcular las comisiones. “Los precios los fija San Chin Choon, mi comisión también la fija San Chin Choon y la del señor Medina también”, ha dicho. Este mismo lunes, su socio Luis Medina ha dicho que no tuvo ningún contacto con el empresario de Malasia y que “no pactamos comisiones, entendí que me iba a tocar un tercio”. Luceño ha dejado claro que Luis Medina “era un facilitador” y él “un agente”.
Tal y como también hizo ante la Fiscalía, Alberto Luceño ha insistido en negar que los porcentajes de sus comisiones superasen la mitad de los contratos. “Esos datos no son reales, me llevé el 47% que en nuestro trabajo es un porcentaje normal”, ha dicho hoy al juez para después insistir en que “mi intención era parte ayudar al Ayuntamiento y, por supuesto, cobrar mi trabajo”. La Fiscalía y el juez le acusan de ocultar las comisiones y las ganas de hacer fortuna en un supuesto afán altruista para ayudar al consistorio madrileño en lo peor de la primera ola.
Luceño, según su declaración, también ha negado que falsificara documentación de la empresa Leno y de la Cámara de Comercio de París para justificar sus ingresos tan súbitos como millonarios. “Ningún documento presentado en el banco es falso, sólo hay una errata en la fecha, las firmas son las del señor Medina y del señor San Chin Choon”, ha dicho. También ha afirmado al juez que ha hablado con el empresario malayo y que su intención es declarar.
“He hecho una operación limpia con el Ayuntamiento”, ha dicho también Luceño después de explicar en qué se ha gastado el dinero que ganó.
Medidas cautelares
Son unas explicaciones que, por el momento, no ha convencido ni al juez ni a la Fiscalía Anticorrupción. Este mismo lunes, el magistrado que instruye la causa ha dictado un auto en el que les ha retirado el pasaporte para evitar que viajen a Malasia a destruir pruebas con el empresario con el que ya han hablado, y ha dejado por escrito sus sospechas: que ambos llegaron al Ayuntamiento “por sus contactos” y que ofrecieron el material sanitario “aprovechando la necesidad imperiosa del Ayuntamiento de Madrid” en lo peor de la primera ola.
Luceño, en particular, “ocultó con engaño y ánimo de lucro al Ayuntamiento” que había inflado el precio de mascarillas, guantes y test, según el juez. Sus tres contratos, además, son para el juez “un negocio jurídico criminalizado o estafa agravada”.