El manifiesto leído por los periodistas Carlos Cuesta, Albert Castillón y María Claver en la marcha de Colón parte de una premisa falsa: da por hecho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “aceptó las 21 exigencias del secesionismo”. El texto leído durante la concentración celebrada este domingo en Colón ante 50.000 personas bajo el lema “Por una España unida ¡Elecciones ya!” había sido consensuado por los colectivos convocantes, entre los que se encontraba PP y Ciudadanos.
El texto leído este domingo llega a afirmar que Sánchez ha negociado con los partidos soberanistas los presupuestos “ofreciendo a cambio la soberanía nacional”, algo de lo que no existe la más mínima evidencia, puesto que el Gobierno siempre ha dicho que no aceptará ningún planteamiento que afecte a la unidad de España ni tampoco un referéndum de autodeterminación.
La veintena de puntos a los que aluden son las peticiones que el president Quim Torra trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión el pasado 20 de diciembre en el palacio de Pedralbes. Este documento, difundido con el título Un pacto de Estado para solucionar el conflicto entre España y Catalunya, no se hizo público hasta este martes en la mesa de partidos catalanes que debaten sobre el proceso soberanista.
Entre los 21 argumentos a los que hacen referencia los más relevantes nunca han sido aceptados por el Ejecutivo socialista. Ni Sánchez ni el Gobierno ni nadie en el PSOE ha pactado “hacer efectivo el derecho de autodeterminación” de Catalunya. Otras acusaciones se basan en meras opiniones, como la que alude a la reversión del “retroceso de la calidad democrática de España” o el freno al “deterioro de la imagen de España en el mundo”.
Los convocantes de la marcha de este domingo, programada para hacer frente a la “alta traición a España” que según los organizadores habría cometido el Gobierno atribuyen a Pedro Sánchez decisiones de otros poderes del Estado. La supuesta cesión de los socialistas en el tratamiento que se le ha dado a los líderes secesionistas que están en prisión tampoco lo ha sido. El manifiesto culpa a Sánchez de “trasladar a los políticos presos a la cárcel de Lledoners”. El responsable de esa decisión no fue nadie del Gobierno, sino el único con capacidad para hacerlo, el magistrado del Tribunal Supremo que instruyó la causa del procés, Pablo Llarena.
Otro de los ataques el Ejecutivo socialista consiste en asegurar que “cedió al torcer el criterio jurídico de la Abogacía del Estado”. Los partidos independentistas siempre han utilizado como condición para aprobar los presupuestos que el Ejecutivo diese órdenes a la Fiscalía para retirar las graves acusaciones que mantiene contra los dirigentes independentistas. La Fiscalía ha mantenido la misma calificación que tenía con el Gobierno del Partido Popular. La Abogacía del Estado ha acusado a los líderes del procés de un delito de sedición, que conlleva 15 años de cárcel y ha rebajado la acusación de rebelión que sí había formulado cuando la dirigía el Gobierno de Mariano Rajoy.
En los 21 puntos que el equipo de Torra hizo llegar al presidente del Gobierno en diciembre, fruto del diálogo electoral, se instaba a Pedro Sánchez a dejar atrás la vía judicial contra el independentismo, cuyos dirigentes se sentarán en en banquillo a partir de este martes procesados por rebelión.
Entre estas peticiones de Torra se encuentra la figura a la que se aferraron PP, Ciudadanos y Vox para salir a la calle a exigir elecciones anticipadas: la petición de un “mediación internacional” para facilitar las negociaciones. El Gobierno llegó a aceptar la presencia de “un relator” antes de que el diálogo con los independentistas naufragase el pasado viernes. Los lectores del manifiesto han obviado que este punto está descartado desde el viernes tras el punto y final a las conversaciones entre la Generalitat y el Gobierno.
Aunque no se enmarca en uno de los 21 puntos, en el texto que difundió Torra también se aludía a la necesidad de llegar a un pacto de Estado, otra concesión que no se ha realizado desde el Gobierno central. Otras sugerencias también incluyen ideas muy generalistas centradas en la defensa de la regeneración democrática como “garantizar la separación de poderes” y “poner fin a la limitación de derechos fundamentales”.
Los últimos siete puntos se centran en la desfranquización de España. En ellos, apuestan por emprender este proceso y abrir un debate sobre la monarquía, aislar a los grupos neofascistas, realizar una política efectiva de fosas comunes y eliminar los privilegios derivados de la dictadura. A su vez también solicitaron la nulidad de los juicios celebrados durante el franquismo, como “un paso imprescindible de memoria histórica”.
Esta última pretensión todavía no se ha cumplido. Por ahora, el Ejecutivo se ha limitado a condenar el consejo de guerra que acordó la ejecución de Companys y afirmar la “plena dignidad” del político. Anular los juicios celebrados durante la dictadura es complejo y requiere una modificación del marco legal que está en trámite en el Parlamento gracias a un acuerdo de PSOE y ERC.
La cesión ante los 21 puntos no es la única acusación que lanzan contra el Ejecutivo socialista. En el documento, reseñan que el presidente cedió ante lo secesionistas “al recibir con lazos amarillos al presidente de la Generalitat en Moncloa”. Semejante afirmación da a entender que el palacio presidencial se engalanó con símbolos que se utilizan para pedir la libertad de los presos. Todo lo que sucedió es que Torra acudió con un lazo en la solapa de su americana a la reunión con Sánchez.
Asimismo los partidos convocantes de la concentración en Colón aseguran que la cita de diciembre entre Torra y Sánchez supuso aceptar una “bilateralidad entre iguales en la reunión de Pedralbes”.