El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha afirmado hoy que la liberación del dirigente de Nuevas Generaciones del PP Ángel Carromero, condenado en Cuba por el accidente de tráfico en el que murieron los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepeda, tuvo lugar “sin contraprestación política alguna”.
García-Margallo lo ha asegurado en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, donde ha revelado que se le pidió modificar la posición común de la UE con Cuba, fijada en 1996 y que condiciona el diálogo con La Habana a avances en materia de libertades y democracia, y que rechazó esa posibilidad ante el Gobierno castrista.
El ministro ha comparecido para explicar las gestiones realizadas por su departamento para lograr que Carromero regresara a España tras ser condenado el pasado 15 de octubre a cuatro años de prisión por un delito de homicidio.
Ha hecho una cronología de los hechos desde que el 22 de julio se registró el accidente de tráfico hasta que el 28 de diciembre Carromero volvió a España, después de que el Gobierno firmara un memorándum de entendimiento con las autoridades cubanas.
En ese acuerdo, España reconocía “el debido proceso judicial llevado a cabo” en Cuba y la “legitimidad de la sentencia dictada” y Margallo no ha querido hacer más comentarios al respecto, a pesar de que la diputada de UPyD, Irene Lozano, le ha instado a promover una investigación internacional sobre la muerte de Payá.
Tras insistir en que no hubo “contraprestación política” al Gobierno cubano, el ministro ha señalado que el caso se resolvió en aplicación del Convenido de traslado de personas condenadas firmado con Cuba en 1998.
Ha recordado además que Carromero voló a España junto a Miguel Vives -“tan digno el uno como el otro”-, un español que había sido condenado en julio de 2009 por la justicia cubana y que también había solicitado a través del consulado su expulsión de la isla.
Ha hecho hincapié asimismo en que no se trata del primer caso, ya que a los 22 días de llegar al Ministerio regresó a España el periodista Sebastián Martínez Ferraté, condenado en Cuba en 2011.
La política española hacia Cuba, ha subrayado García-Margallo, no ha cambiado y así lo ha defendido en Bruselas: no se dan las circunstancias para cambiar la posición común de la UE hacia La Habana, pero hay que propiciar una “interpretación flexible” de dicha posición común que “podría concluir en un acuerdo de cooperación con Cuba”.
Un planteamiento que, ha destacado, han compartido de forma unánime todos los socios europeos.
El ministro, que a lo largo de todo el proceso habló en tres ocasiones con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha asegurado que la atención consular a Carromero “no tiene nada de extraordinario”.
No obstante, el portavoz socialista, Álex Sáez, ha considerado de forma irónica que el caso “ha dejado muy alto el listón para la diplomacia española” y ha manifestado que su grupo está preocupado porque todos los presos en el extranjero reciban la misma atención y dedicación.
El portavoz de CiU, Jordi Xuclá, se ha quedado sin respuesta al preguntar si el Gobierno compartía la versión “accidentalista” de la muerte de Payá y la portavoz de UPyD ha acusado directamente al ministro de “dar cobertura internacional a la versión oficial cubana”.
Ésa ha sido la polémica de la sesión, ya que García-Margallo le ha advertido de que esas declaraciones “gratuitas” ponían “en serio riesgo” las posibilidades de abandonar la isla de cuatro españoles que siguen ahí detenidos y Lozano le ha espetado que no iba a aceptar que el ministro le “endilgara” una responsabilidad que corresponde al Gobierno.
El portavoz del PP en el debate, Teófilo de Luis, ha apostado por trabajar por el futuro de Cuba, por la reconciliación, y con él ha coincidido el ministro, quien ha señalado que España tiene que estar presente en la transición cubana y ha advertido de que “posturas extremas, revanchistas o ventajistas” no acercarán la acercarán.
Según los datos que ha aportado en la Comisión, en estos momentos hay 2.500 españoles presos en el extranjeros, el 83 por ciento por posesión ilícita o tráfico de estupefacientes.
El 52 por ciento se encuentra detenido en países iberoamericanos, el 36 por ciento en países europeos, el 8 por ciento en África y el resto, en otras regiones del mundo.