“No es ni perder la confianza ni no perder la confianza, sino rodearse de personas de la mayor confianza”. La frase podría ser de Mariano Rajoy, pero es del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y trata de justificar el enésimo incendio provocado en el Gobierno de Pedro Sánchez.
Por partes. El ministro del Interior hablaba, claro, de la destitución el domingo por la noche de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid, tras conocerse el envío de un polémico informe a la juez que investiga la autorización de actos multitudinarios como la manifestación del 8-M poco antes de decretarse el estado de alarma por la COVID-19.
Y trataba, sin demasiado éxito, de enmarcar el cese en una habitual “redistribución de los equipos”. Pero, el relato que llega desde la Guardia Civil es otro. Arranca el domingo por la tarde cuando Pérez de los Cobos recibe una llamada telefónica de su inmediato superior para reclamarle el contenido del informe remitido a la jueza Carmen Rodríguez-Medel y el coronel le traslada que ni es el canal adecuado ni está dispuesto a cometer la ilegalidad que se le propone en tanto en cuanto la policía judicial trabaja con absoluta independencia de sus mandos. Inmediatamente después, el responsable de la comandancia de Madrid recibe otra llamada, ésta ya de la directora de la Guardia Civil, María Gámez. “¿Es cierto que has trasladado que no puedes dar información sobre el contenido de la investigación”?“, le pregunta según relatan fuentes de toda solvencia. ”Así es“, responde el interpelado. ”Entonces date por cesado“, zanja la directora general del cuerpo.
Cuatro palabras que desatan el enésimo incendio en un Ministerio en el que desde que llegó Marlaska, en junio de 2018, se han destituido a nueve altos mandos, una secretaria de Estado y un director general. Aún así, Pérez de los Cobos confió en que a la mañana siguiente el ministro trataría de aplacar los ánimos y rectificar la decisión de la directora general, algo que no sólo no ocurrió sino que dio por buena la destitución y desde el Ministerio se achacó a “motivos de confianza”.
La oposición tardó escasos minutos en hacer del asunto nueva materia de desgaste contra el Gobierno de Sánchez y en exigir la dimisión del ministro. Al fin y a la postre un juez metido a político había acabado con la carrera de uno de los mandos más respetados en la Guardia Civil, que ha trabajado para Gobiernos de distintos signo y cuya labor al Estado ha sido reconocida por la derecha y por la izquierda durante años. Fue fichado por Alfredo Pérez Rubalcaba y mantenido en el cargo por el PP.
La destitución y las peregrinas explicaciones del ministro llegaban además justo cuando empezaban a apagarse los ecos del polémico acuerdo sobre la derogación “íntegra” de la reforma laboral suscrito con Bildu gracias a las manifestaciones ultras convocadas por VOX el pasado sábado en las principales capitales de España. Y en la misma semana, además, en que el Gobierno ha reservado el viernes para aprobar en Consejo de Ministros extraordinario, el Ingreso Mínimo Vital, una de sus medidas estrella para mitigar la crisis social provocada por la pandemia.
Más allá de la poliédrica personalidad que le atribuyen al ministro aquellos que han trabajado de cerca con él, La Moncloa es consciente de que Marlaska ha abierto un nuevo frente a Pedro Sánchez en un momento de extrema debilidad parlamentaria en el que el Gobierno se dispone a negociar una sexta y última prórroga del estado de alarma.
De momento, Ciudadanos, con quien el PSOE parece dispuesto a cerrar acuerdos puntuales y cuyos votos han sido decisivos para sacar adelante la quinta prórroga, ya ha pedido la dimisión del ministro del Interior. Su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, considera que el Gobierno está intentando obstruir a la justicia y que así lo ha entendido también el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, quien presentó su dimisión irrevocable tras conocer la destitución de Pérez de los Cobos.
Las relaciones con el PNV, el socio parlamentario más estable del Gobierno, tampoco atraviesan por el mejor momento después de que el PSOE diera oxígeno a Bildu en medio de la precampaña electoral del País Vasco con un acuerdo que se cerró de tapadillo, y hasta el lehendakari haya dado por quebrada públicamente la confianza en Pedro Sánchez.
A ERC, que mantiene un ojo en Madrid y otro en las elecciones catalanas, no le ha gustado la conexión que últimamente ve entre el Gobierno y Ciudadanos. Una alianza que, coyuntural o no, ha sido aplaudida por varios presidentes autonómicos del PSOE, que consideran imprescindible, tras la crisis sanitaria, explorar otras vías de entendimiento que no pasen por el indepentismo catalán.
El caso es que la mayoría que hizo posible la investidura de Sánchez se ha resquebrajado en medio de la mayor crisis sanitaria que ha vivido España y de la mayor ofensiva política de la derecha contra un Gobierno que no tiene aún ni seis meses de vida. Y que lo último que esperaban en La Moncloa, reconocen fuentes socialistas, era que un miembro del Gobierno “tuviese semejante capacidad para autolesionarnos” de este modo. Todo ello, independientemente, añaden los mismos interlocutores, de que el informe elaborado por la policía judicial estuviese construido a base de bulos, informaciones de diarios digitales desmentidas y de que Marlaska sostenga que con Pérez de los Cobos llovía sobre mojado y que lo del informe sólo fuera la gota que ha colmado el vaso de una relación “ya deteriorada y de desconfianza mutua”.
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