Madrid, 25 may (EFE).- Los distintos cuerpos policiales han detectado desde 2015 en España 27 matrimonios forzados, una realidad que vuelve a primer plano después de que dos jóvenes paquistaníes residentes en Terrassa (Barcelona), víctimas de sendas bodas concertadas, hayan sido asesinadas por miembros de su familia en Pakistán por querer divorciarse.
Son datos del Ministerio del Interior, a los que ha tenido acceso Efe, a partir de la información recopilada por los diferentes cuerpos (Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral).
La comunidad en al que se han detectado más casos desde 2015 es Cataluña (14), seguida de País Vasco (5). En el mismo periodo las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de matrimonios concertados también en Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra y la Comunidad Valenciana, cada una con un caso, mientras que hubo dos que se detectaron en el extranjero.
Considerado una violencia machista, el matrimonio forzado es la unión de dos personas en la que, al menos una de ellas, generalmente la mujer, no otorga su pleno y libre consentimiento y se ve obligada a casarse por la presión emocional, psicológica o incluso física de la familia.
El Código Penal establece en su artículo 172 bis penas de prisión de seis meses a tres años y seis meses o bien multas de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados, para aquellos que obliguen a una persona a contraer matrimonio “con intimidación grave o violencia”. Las condenas se agravan si las víctimas son menores de edad.
Sin cifras oficiales concretas, distintos estudios destacan la persistencia de esta práctica en familias originarias de Senegal, Nigeria, Pakistán, Marruecos y en la comunidad gitana proveniente de Rumanía.
Para la detección de este tipo de situaciones son clave las alertas de los servicios sociales y educativos para detectar alteraciones en el comportamiento. Porque no es común que sean las propias víctimas las que denuncien.
Sí ocurrió el pasado año en Villaverde del Río (Sevilla), donde dos familias se habían puesto de acuerdo para que la hija de una de ellas, por supuesto menor, se casara en Zamora con un chico también menor.
La niña, de nacionalidad rumana, se lo contó a una antigua profesora con la que mantenía contacto telefónico y ésta avisó a la Guardia Civil, que organizó la huida de la víctima de la casa y el traslado a un centro de protección.
También en Zamora se frustró en 2018 un plan orquestado por una pareja rumana para vender a dos hermanas de ella -de 16 y 17 años- a otras familias por 10.000 euros en cada caso. Cinco personas fueron condenadas por este caso a penas de entre uno y tres años y medio de prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.
En Valencia, una chica de origen paquistaní avisó a un amigo de que llevaba un mes encerrada en casa por su padre, quien quería casarla en contra de su voluntad. El progenitor fue detenido.
Según el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, entre 2010 y 2019 los Mossos d'Esquadra atendieron en esa comunidad autónoma a 85 niñas y 68 mujeres por matrimonios forzados o por estar en riesgo de sufrirlos.
Solo el año pasado fueron diez las chicas atendidas, entre los 20 y los 14 años. Seis eran menores de edad.
En cuatro casos fue la propia víctima la que denunció su situación, mientras que en otros cuatro fueron los servicios sociales los que informaron a los Mossos.
En 2020 la Generalitat presentó un protocolo de prevención de esas prácticas para saber cómo detectaras, cómo intervenir y como ayudar a las víctimas, con coordinación de todos los ámbitos asistenciales; unos protocolos que quiere generalizar la ley de garantía de la libertad sexual, la conocida como ley del solo sí es sí, que llega este jueves al pleno del Congreso.
El caso de las dos hermanas paquistaníes asesinadas, Aneesa y Arooj Abbas, de 20 y 24 años, es la expresión extrema de esas bodas concertadas. Habían sido casadas con sus primos y querían divorciarse de ellos para iniciar una nueva vida con otras parejas.
Los Mossos tomaron este martes declaración al padre y a varios familiares residentes en Terrassa para indagar si las jóvenes se fueron de Cataluña a su país de origen voluntariamente u obligadas.
Un tío y un hermano de las jóvenes, acusados del feminicidio, han confesado en Pakistán que las mataron por “honor”, después de que pidieran el divorcio.