El mayor escándalo de corrupción de la historia de Ceuta sacude la precampaña

En Ceuta siempre se había rumoreado que hacerse con una vivienda de protección oficial solamente era cuestión de dinero y contactos. La investigación policial que, en febrero de 2017, se cobró los primeros arrestos en el marco del caso Emvicesa, que lleva el nombre de la empresa municipal de la vivienda, no llegará hasta octubre a juicio oral con más de 50 políticos, empleados públicos, captadores de 'clientes' y pagadores, pero la mayor causa de corrupción conocida en la ciudad sigue convulsionando su vida política.

Mucho antes de entrar en el PP, Susana Román (Ceuta, 1969) estuvo entre las mejores esgrimistas del mundo. En 2015 denunció ante el Juzgado de guardia la publicación en un periódico de una supuesta lista de adjudicatarios de 317 VPO. Así escribió sin saberlo el principio de su epitafio político. Su carrera en el PP regional, donde descolló como aspirante a suceder a Juan Vivas terminó menos de dos años después, cuando era consejera de Fomento y portavoz de su Grupo Parlamentario y fue detenida –como la titular de Asuntos Sociales y el líder de la oposición– nada más regresar de un viaje de trabajo abortado a Madrid.

Dimitió a las dos semanas “con la conciencia tranquila”, segura de no haber “cometido ni consentido” ningún delito y con el compromiso de volver a citar a los medios “cuando este mal sueño termine”, dijo entonces. Seis años más tarde, todavía está lejos de hacerlo.

En abril, coincidiendo con la publicación de las candidaturas a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, la también abogada volvió al Juzgado de guardia para presentar una denuncia penal contra la entonces gerente de Emvicesa y ahora consejera de Hacienda y 'número 3' de la lista del PP, Kissy Chandiramani, señalada como aspirante a hacerse a corto o medio plazo con las riendas del partido.

Le atribuye dos presuntos delitos de falsedad en documento público y estafa en su modalidad de fraude procesal. Según el escrito a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso elDiario.es, su excompañera de partido mintió y proporcionó información “mendaz” a la Udyco al menos cinco veces durante la instrucción de la causa que la sentará en el banquillo en octubre junto a otras 53 personas. Desde su punto de vista, que la Policía, la magistrada o la Fiscalía no detectasen que “faltó a la verdad” prueba una “absoluta falta de rigor” en la instrucción del caso, con más de 10.000 páginas.

La Fiscalía pide un total de 280 años de prisión para todos los acusados, 26 solo para el exdiputado autonómico del PP Antonio López, detenido el 14 de febrero de 2017 en Marbella. De acuerdo con las conclusiones de la investigación era el “cabecilla” de una “organización criminal” tejida “con el ánimo de enriquecerse ilícitamente y prevaliéndose de su cargo” para “articular un sistema de adjudicación de viviendas de promociones públicas al margen del procedimiento legalmente previsto, a cambio de determinadas cantidades de dinero y sin valorar los requisitos necesarios para su adjudicación o haciéndolo de manera torticera”.

La acusación pública considera que Román, como la entonces consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed; y el político localista Mohamed Ali, miraban hacia otro lado. Por ello solicita para la primera 11 años de prisión y cinco para cada uno de los otros dos expolíticos, todos ya sin responsabilidades públicas.

Según el escrito de Román, la 'número 3' de la lista del PP para el 28M aportó “datos y documentos”, así como declaraciones, que incurrirían en “evidencias de falsedad de vital importancia”. ¿Por qué lo habría hecho? Fuentes cercanas a la denunciante barajan dos hipótesis. La inocente, “por desidia, ignorancia o error”. La pérfida, “para no señalar al ya senador Guillermo Martínez y así limitar daños en el PP y mantener la causa en la jurisdicción local”, donde fue impulsada por un inspector emparejado con la jueza instructora, que terminaron condecorados. En el Ejecutivo local, Chandiramani terminó ocupando el puesto de Román al frente de Fomento.

Desde el entorno de la antigua consejera, que, como Chandiramani, ha declinado hacer declaraciones, se apunta que su denuncia no tiene “nada” de “venganza política” y que se trata, una vez fijada por parte de la Audiencia la fecha de la vista oral del 'caso Emvicesa', de un movimiento “lógico” de defensa para reiterar durante el juicio que la instrucción se basó en pilares falsos con o sin dolo.

En concreto la abogada acusa a la actual dirigente del PP de ocultar que durante parte de la legislatura de 2011 y 2015, en la que se habrían concentrado las corruptelas, el presidente de la Comisión Local de la Vivienda había sido Guillermo Martínez, ya senador cuando se produjeron los primeros arrestos y hoy coordinador de fondos europeos de Ceuta y responsable de la campaña de Vivas para la reelección.

También de maximizar las competencias de ese órgano atribuyéndole la potestad “exclusiva” para la adjudicación de viviendas cuando en realidad, según Román, se limitaba a “aprobar” o “dar cuenta” de los listas de beneficiarios que se le hacían llegar. Igualmente considera una “falta a la verdad” que Chandiramani testificase que era “imprescindible efectuar una baremación de solicitudes” cuando existían alternativas reguladas como el sorteo o la compensación por desalojos, realojos, ruina inminente o desahucios.

En un escueto comunicado, el Gobierno de Vivas defendía tras conocerse la noticia que no tiene constancia formal de la denuncia de la que fuera parte de su núcleo duro y que “los hechos referidos ocurrieron antes de que Kissy Chandiramani fuera nombrada gerente de Emvicesa, por lo que su intervención en el procedimiento fue exclusivamente la de atender, con los datos que le fueron proporcionados, los requerimientos de información de la autoridad judicial”.