Melilla, Mojácar o Albudeite aún esperan las investigaciones sobre el supuesto fraude que embarró la campaña del 28M

El goteo de casos de presunto fraude electoral en torno al voto correo embarraron la recta final de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del pasado mayo. Hubo registros policiales, detenidos y destituciones de candidatos en los días previos a la apertura de las urnas. La polémica fue tal que la Junta Electoral Central tomó una medida excepcional de cara a los siguientes comicios, las generales del 23 de julio: imponer la exigencia de mostrar el DNI también en el momento de emitir el voto para toda España, una decisión que ya se había tomado en Melilla, epicentro de esa polémica. 

En la ciudad autónoma, lo que queda de aquellos días es una mayoría absoluta de la derecha y dos investigaciones sobre diferentes momentos del proceso de voto por correo. Ambas discurren de forma paralela y apuntan, por ahora, a la formación localista Coalición por Melilla (CpM) y al Partido Popular. La segunda, desvelada por elDiario.es, ha sido abierta de forma reciente por la Fiscalía Anticorrupción para indagar si el partido de Alberto Núñez Feijóo manipuló papeletas en su beneficio una vez depositadas en Correos. Las otras pesquisas avanzan en un juzgado de la ciudad bajo secreto de sumario. 

La Justicia investiga además presuntos casos de fraude electoral vinculados a la compra de votos en las localidades de Mojácar y Carboneras (Almería) y Albudeite (Murcia). También está judicializada una denuncia por supuesta coacción y usurpación de votos en Casares de las Hurdes (Cáceres) o por supuestas irregularidades en la tramitación del voto por correo en La Gomera. 

En principio, los hechos de mayor relevancia habrían tenido lugar en Melilla, una localidad que ya había registrado en el pasado casos de compra de sufragios. Las alarmas saltaron por los asaltos a los carteros —a los que llegaron a robar 43 papeletas, que acabaron siendo anuladas— y, sobre todo, por el alto volumen de peticiones de voto por correo: casi 11.000, más del 20% del censo, una cifra que casi triplicaba a la de cuatro años antes. Ante esta situación, la solución fue poner en marcha un enorme dispositivo de seguridad con policías custodiando la oficina de Correos y escoltando a los carteros y, sobre todo, exigir el DNI también en el momento de entregar el voto. Hasta el momento, sólo había que acreditar la identidad cuando se solicitaban las papeletas y cuando se recibían en el domicilio o en la oficina correspondiente. 

Finalmente, la intervención policial y de las juntas electorales logró neutralizar ese intento de fraude y sólo se llegaron a depositar en Correos 3.612 votos. Los 9.135 restantes son sospechosos de haber caído en manos de la supuesta trama, cuya existencia fue advertida por agentes de la Guardia Civil cuando perseguían a una red local de narcotráfico.

La tesis principal es que la intención de los implicados era manipular el resultado sirviéndose de ese agujero de la ley electoral. La red supuestamente compraba a ciudadanos para que solicitaran el voto por correo y el plan era que sus miembros se encargarían después de depositarlos en Correos. Los investigadores cifran entre 100 y 150 euros las cantidades que se ofrecían a personas de escasos recursos o toxicómanos a cambio de su voto. 

Como posibles responsables, la Fiscalía apunta directamente a “individuos afines” o “relacionados” con el partido Coalición por Melilla (CpM), el partido liderado por el médico Mustafá Aberchán, sobre el que recae sentencia firme del Tribunal Supremo por una maniobra similar en 2008. La inhabilitación de Aberchán finaliza a finales de este mes, por lo que no pudo concurrir en esas elecciones.

En el decreto en el que trasladó esta investigación a la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hacía alusión a la existencia de “una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 150 euros a un importante número de ciudadanos, alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo”. Según el máximo responsable del Ministerio Público, sus responsables conformarían “una estructura organizada, con planificación previa y concertada”.

En el marco de esta investigación se produjeron una decena de arrestos en los días previos a la cita electoral del 28 de mayo. Entre ellos, el de un yerno de Aberchán. También fue detenido el consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana Mohamed Ahmed Al-lal, que fue destituido del cargo antes de los comicios. El pasado 9 de junio la Policía registró la sede de la Presidencia de Melilla. 

La cadena de custodia en Correos

La otra causa se centra en el siguiente escalón: la custodia de los sufragios en Correos. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una nueva investigación para indagar si el PP manipuló papeletas en su beneficio. Esas pesquisas parten de una denuncia presentada por Coalición por Melilla por la “presunta manipulación y alteración de votos emitidos por correo una vez depositados en las oficinas de Correos, cambiando las papeletas de CpM por papeletas del Partido Popular” y que apunta a una ruptura de la “cadena de custodia” de los votos.

La denuncia detalla que votos emitidos a favor de CpM habrían sido cambiados por papeletas del PP. “La cadena de custodia de los votos depositados por correo se ha roto y, además, no ha funcionado como en elecciones anteriores”. Para tratar de apuntalar su denuncia, el partido aporta varios documentos y testimonios de este proceso electoral. En concreto, incorpora actas de dos mesas electorales en las que se hizo constar que algunos votos por correo no se tuvieron en cuenta porque los sobres estaban “sospechosamente manipulados”.

Por otro lado, la denuncia apunta a posibles irregularidades en “la custodia y almacenamiento del voto por correo” una vez depositado en las oficinas. A este respecto, recoge el testimonio de un funcionario que fue en el pasado director de la oficina de Melilla y que, siempre según este documento, asegura haber notado “bastantes cambios” en relación a lo que se venía haciendo en comicios anteriores sobre la “custodia y almacenamiento”.

Según su relato, en esta ocasión “los votos no se almacenaban en la caja fuerte que siempre se había utilizado a tal fin”. También detalla que él mismo vio a uno de los empleados bajando cajas con votos “de una entreplanta o habitación en la parte superior, una habitación sin seguridad alguna y donde no hay cámara de seguridad, pero si en el pasillo que da acceso a ella”. 

Según lo recogido en la denuncia, este testigo también califica de “no habitual, extraño y sorpresivo” que los votos recibidos cada día no eran llevados y almacenados “como siempre” al término de cada jornada a “su lugar de almacenamiento”, sino que permanecían en la oficina de atención al público sobre la mesa del despacho de uno de los empleados “sin ningún tipo de seguridad”. En su escrito, la Fiscalía no especifica qué delitos concretos investiga y ahora tiene seis meses para hacer las indagaciones necesarias antes de presentar una denuncia o archivar el caso. 

Mojácar: la trama del PSOE que también salpica al PP 

La recta final de la campaña del 28M también fue agitada en la localidad almeriense de Mojácar (7.527 habitantes). Cuatro días antes de la apertura de las urnas fueron detenidas siete personas, dos de ellas vinculadas al PSOE local, a las que los agentes intervinieron 200 resguardos de voto por correo. Aunque inicialmente las sospechas de compra se dirigieron únicamente contra los socialistas, el juzgado investiga también si se benefició el PP, cuya supuesta implicación empezó a conocerse justo después de las elecciones, a raíz de la detención de un apoderado. Durante el mes de junio, el juzgado llamó a declarar a decenas de testigos. 

La investigación arrancó dos semanas antes de las detenciones y registros, cuando un ciudadano denunció el intento de compra de su voto. Los dos detenidos del PSOE ocupaban los números dos y cinco de la lista a la Alcaldía. Eran Francisco Bartolomé, quien regenta un estanco y pertenece a una familia dueña de multitud de establecimientos del sector servicios desde hace varias generaciones; y Cristóbal Vizcaíno, quien tiene un bar restaurante en la zona alta del pueblo, al que algunos vecinos atribuyen irregularidades en el servicio tales como no aceptar el pago con tarjeta.

Mojácar no fue el único municipio de la costa de Almería salpicado por las sospechas de manipulación del voto por correo. El mismo juzgado de la localidad de Vera también indaga en un supuesto fraude en Carboneras (7.757 habitantes). En este caso, una conversación por Facebook y una llamada telefónica con el hermano del candidato del PP son algunas de las pruebas aportadas por el PSOE local en la denuncia interpuesta por supuestas irregularidades con el voto por correo. En esa grabación, el hermano de un candidato de la lista del PP aseguraría que su alcaldable, Felipe Cayuela, estaría “comprando votos” por 100 euros.

Ante este escenario, los socialistas de ambos municipios pidieron que se declarara nulas ambas elecciones. La Junta Electoral Central desestimó los recursos al considerar que debía “aplicarse” en ambos casos el “principio de conservación de los actos electorales”, si bien reconocía la “relevancia y gravedad” de las presuntas irregularidades en el voto por correo que se investigan por vía penal.

Las elecciones en otras localidades de menor tamaño como Albudeite (1.390 habitantes), en Murcia, también están bajo la lupa judicial. La candidata socialista a la alcaldía, Isabel Peñalver, también fue detenida en el marco de una presunta compra de votos junto a más de una decena de personas. Según el juzgado que investiga los hechos existen indicios de que los investigados “habrían desarrollado actividades orientadas a la obtención del voto a cambio de cantidades de dinero y objetos” y que llegaron incluso a recibir la documentación del voto por correo de terceros y “gestionar el mismo mediante su presentación en las oficinas de correos”, según una de sus resoluciones. 

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