La noche del 13 de marzo supuso un terremoto en la Fiscalía de tal nivel que las réplicas han llevado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante el Tribunal Supremo. La noticia de El Mundo sobre el pacto con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, activó la maquinaria del Ministerio Público para responder al bulo difundido por el equipo de la presidenta madrileña y publicado por ese periódico, y que buscaba tapar la verdadera noticia: que el comisionista se había declarado culpable de defraudar 350.000 euros.
Aquella confesión echaba por tierra las falsedades que Ayuso había ido lanzando en los días anteriores: que todo era una persecución contra ella a través de su pareja por parte de “todos los poderes del Estado”, que era Hacienda quien debía 600.000 euros a González Amador o que tras el caso había fiscales próximos al PSOE. El castillo de mentiras lo coronó un mensaje de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a varios periodistas, en el que afirmaba falsamente que la Fiscalía había ofrecido un pacto al comisionista para luego frenarlo “por órdenes de arriba”. Varios medios lo publicaron sin contrastar. Detrás de aquel WhatsApp lo que intentaba el jefe de gabinete de Ayuso era que todo podía cerrarse con un acuerdo pero que el Ministerio Público, influido por el Gobierno, lo había frenado para estirar el caso en un juicio que le diera todavía más visibilidad.
Aquella noche del miércoles 13 de marzo varios fiscales implicados en el caso intercambiaron mensajes para tratar de aclarar qué había ocurrido realmente y dar la versión real de los hechos. Esos mensajes, recogidos ahora en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desmontan las dos mentiras de Ayuso y su equipo: ni hubo oferta de pacto por parte del fiscal ni se paró desde arriba. Es más, los mensajes muestran el desconocimiento de la cúpula de la Fiscalía sobre el caso, que la presidenta de la Comunidad de Madrid enmarcó en una operación política, judicial y mediática contra ella.
“Van a contar más mentiras”
El informe de la UCO recoge que, a las 21.00 horas del 13 de marzo empiezan a producirse llamadas cruzadas entre la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez. A las 21.10, García Ortiz pide a Rodríguez que se ponga en contacto con él. El contenido de las llamadas se desconoce, pero Rodríguez envía un mensaje a las 21.15 a un abogado amigo suyo con el que ha estado hablando del caso: “Pues parece que mañana van a contar más mentiras”.
Solo 15 minutos después se publica la noticia de El Mundo: “La Fiscalía ofrece un pacto a la pareja de Ayuso para que admita dos delitos fiscales”. Esa es la redacción original, que luego ha ido sufriendo modificaciones. Otros medios añaden que el pacto se ha parado “por órdenes de arriba”. La fuente de esa información es el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que esa noche ha enviado un mensaje a varios periodistas, que han publicado la información sin contrastar. El mismo difunde la misma tesis en la red social X.
Los fiscales cruzan llamadas entre ellos de nuevo: García Ortiz ha tomado la iniciativa para recabar la información del caso y aclarar qué ha ocurrido. Al filo de las 22.00 horas reclama que se le envíen los correos a los que hace referencia El Mundo. El principal, la confesión, se había enviado el 2 de febrero a un correo genérico de la Fiscalía al que tiene acceso una veintena de personas.
También sobre esa hora, el responsable de prensa de la Fiscalía de Madrid envía el enlace de la noticia a la fiscal Pilar Rodríguez, que contesta: “Almudena [Lastra] ya tiene los correos. Son del todo correctos”.
Las conversaciones que se suceden evidencian que la cúpula de la Fiscalía se entera ese día de los detalles del caso, más de cinco semanas después de que González Amador ofreciese un pacto reconociendo dos delitos.
“Su abogado se rinde de forma incondicional”
En los sucesivos mensajes recogidos en el informe de la UCO, los fiscales hablan entre ellos para localizar el resto de correos y enviárselos al fiscal general del Estado. Ahí entran en escena la fiscal decana de delitos económicos, Virna Alonso, y el fiscal encargado del caso de González Amador, Julián Salto.
Pilar Rodríguez y Virna Alonso inician entonces una conversación sobre la noticia. “El 2 de febrero su abogado se rinde de forma incondicional y reconoce todo. Antes de saber siquiera qué fiscal iba a llevar el asunto”, señala Alonso. Desmiente así que la Fiscalía ofreciese un pacto a González Amador y confirma que el intercambio de emails se inicia con la confesión del abogado del comisionista, que buscaba evitar el juicio y la repercusión mediática del caso.
Alonso incide también en el correo que envió el fiscal Julián Salto –en el que le da traslado de la denuncia y le emplaza a una posible conformidad más adelante– y defiende su actuación: “El correo es tal cual se ha reflejado en el periódico. Y es impecable en su contenido”. Rodríguez responde: “Todo impecable. No avanzamos nada concreto salvo que se puede llegar a una conformidad”. Rodríguez también escribe directamente a Julián Salto: “Todos los correos son impecables. Debes y debemos estar tranquilos”.
Alonso y Rodríguez continúan hablando y, de nuevo, sus mensajes echan de nuevo por tierra el bulo de que la Fiscalía tomó la iniciativa para un pacto. “Ya está presentada la denuncia. Vayan pagando y reconociendo los hechos en el juzgado y después conformamos”, resume Alonso sobre el contenido de los emails, y añade: “Esa era la oferta. RECONOCE Y PAGA (sic)”.
Una persecución de la que el fiscal no sabe nada
Los mensajes intercambiados esa noche también desmienten la acusación de Ayuso de que la investigación a su pareja fue una persecución orquestada desde el Gobierno y ejecutada por la Fiscalía. De hecho, García Ortiz, además de pedir los emails del caso, tiene que preguntar detalles que desconoce como cuándo se presentó la denuncia ante el decanato o en qué consistiría la conformidad con González Amador. Esa misma noche, el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez decía que el supuesto pacto se había parado por “órdenes de arriba”.
García Ortiz sigue pidiendo detalles del caso a medianoche, con mensajes a la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez. Esta le explica por qué no puede haber un pacto aún con González Amador: “Como es denuncia directa habría que recibir declaración a todos y, dependiendo de cada caso se acusa o no a los 'factureros', dependiendo de la prueba”. Rodríguez alude con esa expresión a los empresarios andaluces que supuestamente elaboraron facturas falsas para ayudar a González Amador en su engaño a Hacienda.
El fiscal general pregunta entonces si, por lo que le ha dicho, el pacto se tendría que posponer hasta finalizar la instrucción del caso. Rodríguez se lo confirma: “Sin el pago no empiezan las negociaciones para la conformidad”.
La nota de prensa “está perfecta”
Con la información recogida, el equipo de la Fiscalía elaboró una nota de prensa esa misma noche. García Ortiz se la envió pasada la medianoche a la fiscal Pilar Rodríguez y le pidió que la compartiera también con Virna Alonso para que comprobaran si el “fondo” era correcto. Pasados unos minutos, Rodríguez contesta: “Las dos pensamos que está perfecta”. Luego añade: “Aunque da ganas de incorporar un poquito de cianuro”. García Ortiz se limita a darle las gracias a Rodríguez y a pedirle que dé las gracias a Salto y Alonso, además de “un abrazo por soportar esto”.
La nota se publica a la mañana siguiente. De inmediato, el decano del Colegio de Abogados se pone en contacto con la Fiscalía para cortar relaciones porque considera que la nota lesiona el derecho de defensa de la pareja de Ayuso. El Colegio de Abogados y el propio González acabaron presentando una querella.
Esa querella se admitió a trámite, pese a que dos fiscales, además del propio García Ortiz, habían revisado la nota y expresado que estaba “perfecta”. En las sucesivas conversaciones recogidas por la UCO varios fiscales insisten en que la nota es correcta y en que no revelaba ninguna información personal.
A pesar de ello, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió una investigación centrada en esa nota y durante meses interrogó a los implicados, para en julio elevar una exposición razonada al Supremo y pedir que se investigase a García Ortiz y a la fiscal Pilar Rodríguez. El Supremo descartó de plano que la nota que había motivado toda esa instrucción supusiera una revelación de secretos, pero dio un giro al caso para seguir investigando a García Ortiz: pasó a considerar un delito la filtración del email con la confesión de González Amador.
Por tanto, la investigación que se abrió por una nota que desmontaba los bulos de Ayuso y su equipo ha demostrado, efectivamente, que se trataba de mentiras publicadas por varios medios sin una mínima comprobación. Pero el fiscal general continúa siendo investigado, se están analizando los mensajes de su móvil y el juez del Supremo explora otra vía de investigación contra él ignorando un acta que descarta que cometiera cualquier irregularidad.