Los políticos tienen libertad para elegir a quién de su confianza seleccionan como asesor durante el desempeño de funciones públicas. Esos trabajadores eventuales son de “confianza o asesoramiento personal” y también un cuerpo que engrosa la Administración Pública de manera opaca, ya que la legislación no obliga a publicar los nombres de los cargos elegidos a dedo.
El Gobierno –incluidos ministerios y agencias– tiene un total de 837 trabajadores designados a dedo que cuentan con un presupuesto de 41,46 millones de euros. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta quiénes son los benefactores de esa partida. Hasta agosto de este año, Mariano Rajoy ha gastado un 8,8% más en este tipo de contrataciones frente al 2,1% de caída que sufrieron los funcionarios de esta Administración.
El presidente dispone de un total de 245 asesores designados a dedo bajo el paraguas denominado “personal eventual”, que se define como aquel que, “con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”. Rajoy tiene 53 asesores directos más que José Luis Rodríguez Zapatero, que contrató a 192 trabajadores de este tipo.
El Gobierno no tiene que dar explicaciones sobre estas contrataciones en las que se incluye a personas que no poseen ninguna titulación académica. Los Presupuestos Generales del Estado de 2013 apuntaban que 68 asesores del presidente no tenían graduado escolar. El Ejecutivo se defendió alegando, en una respuesta parlamentaria dirigida a UPyD, que para el nombramiento del personal eventual “no se exige el requisito de estar en posesión de titulación alguna”.
La Fundación Ciudadana Civio ha lanzado una petición en la que solicita a Mariano Rajoy que los nombramientos del personal eventual se publiquen en el BOE. Civio expresa que se debe dar a conocer también el currículum de estos empleados que “trabajan para nosotros”. “Tenemos derecho a saber quiénes son”, argumenta la plataforma, que recuerda que sí se publican los nombramientos de altos cargos mientras que los ciudadanos no pueden saber quiénes asesoran a sus representantes, ni el tiempo en el que lo hacen, ni si están preparados para ello.
Los nombramientos opacos de personal eventual no son exclusivos a nivel estatal: las comunidades autónomas y las corporaciones locales tampoco tienen la obligación de dar a conocer quiénes están trabajando en la Administración por ser de la confianza de los representantes públicos.
El sindicato de funcionarios CSIF calcula que existen unos 19.000 puestos de trabajo con estas características, de los que 16.000 forman parte de las corporaciones locales. El salario medio de estos empleados asciende a 50.000 euros, lo que conlleva un gasto público de 1.000 millones de euros, según publicó ABC.
Civio pone como ejemplo a Ángel Carromero, el líder de Nuevas Generaciones del PP condenado en Cuba por el homicidio de dos disidentes en un accidente de tráfico, que es uno de los 213 asesores en los que Ana Botella se gasta un total de nueve millones de euros.
Algunas comunidades autónomas son algo más transparentes y muestran cuántos cargos eventuales tienen y su dedicación, como La Rioja, aunque no desvela los nombres de sus miembros de confianza, que ascienden a 46. Cataluña se lleva la palma en grado de transparencia al tener un portal dedicado a esta información: publica el nombre, el cargo y el salario anual de los altos cargos y del personal eventual.