El día que La Palma fue pionera de la democracia moderna

Un 2 de enero de 1773 un abogado, un médico, un comerciante, un administrador de aduanas y un propietario formaron el primer gobierno local en España elegido por sufragio popular. Sucedió en el edificio del actual ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, por aquel entonces sede de un término municipal que abarcaba toda la isla. Todos los varones mayores de edad (25 años) y que no fueran criados estaban llamados a votar y eligieron apartar a la nobleza terrateniente del mando de la política local. En una isla pequeña y alejada del continente europeo se dio un pequeño paso hacia el mundo que venía, el mundo que empezaba a dejar atrás el Antiguo Régimen.

El aniversario de este suceso histórico tan prominente nunca se había celebrado de forma oficial hasta el año 2025. Nada menos que 252 años después. La insistencia de algunos ciudadanos y asociaciones civiles por que se le dé a este hecho la importancia que se merece es lo que lo ha empujado a las instituciones a comprometerse a celebrarlo, ni que sea tímidamente. La historiografía oficial es selectiva y puede olvidarse de citar en los libros de texto hechos históricos relevantes, sobre todo si tienen lugar en lugares alejados de los centros de poder. Lo que sí es lamentable es que este olvido afecte a los descendientes de aquellos que lograron una hazaña política única.

Lo que sucedió ese 2 de enero fue la culminación de la peripecia liberal, democrática y anticaciquil que Dionisio O'Daly y Anselmo Pérez de Brito iniciaron hacia 1767. Ambos se plantaron ante los desmanes de una nobleza terrateniente local que controlaba las instituciones. Acabaron ganando, aunque el precio que tuvieron que pagar fue alto: cárcel, menosprecio, incertidumbre, tormentos, esfuerzos, días y días de trabajo. Tras años de lucha, lograron que, a partir de una reclamación suya, una sentencia del Consejo de Castilla de 3 de diciembre de 1771 depusiera a los gestores municipales y los acusara de delitos equivalentes a la malversación de caudales públicos, administración desleal y algunos otros. La misma sentencia ordenó que la totalidad del nuevo equipo municipal, salvo el alcalde, fuera elegida por sufragio popular.

El papel del rey Carlos III fue esencial. Este monarca, preocupado por hacer entrar a una España atrasada, pacata y provinciana en el camino del progreso, quiso introducir reformas en un municipalismo que estaba atrapado en un círculo de parálisis y corruptelas. Las clases nobles locales habían monopolizado el poder municipal y lo usaban según sus intereses. Introdujo algunas tímidas reformas que permitieron que algunos puestos municipales fueran ocupados por personas elegidas por el pueblo. Estos cambios no bastaron: la nobleza local continuó dominando los municipios. Solo en La Palma esas reformas tuvieron un carácter radical.

Ser una isla pequeña y remota no es siempre una limitación. El Consejo de Castilla se animó a poner patas arriba el régimen local de la isla porque era un lugar periférico. Se entendía que se daba un escarmiento a una vieja aristocracia que impedía el progreso social, pero no se llegaba a mayores. Una especie de aviso a navegantes, un castigo ejemplarizante. Los intereses de O’Daly y Pérez de Brito estaban alineados con los deseos de modernización del rey ilustrado.

El poder municipal se concentraba en el Cabildo, el equivalente a un Ayuntamiento que gestionaba toda la isla. Estaba formado por un alcalde mayor, nombrado por la corona, y un determinado número de regidores. En La Palma eran cuatro. Otros cargos eran el diputado y el síndico personero. La sentencia del 3 de diciembre establecía que no solo estos dos últimos fueran elegidos por sufragio popular, como ya se hacía desde 1766, sino también los regidores.

Con el trascurso de los años, los nobles terratenientes, aprovechando su poder y el analfabetismo de la mayor parte población, volvieron a ocupar los puestos de regidores, aunque tuvieran que pasar por el engorroso trámite de la elección. Por otro lado, se discute si es conveniente hablar de democracia cuando el contexto político era una monarquía que, aunque permitía elegir ciertos poderes locales, mantenía el poder absoluto del rey. Sea como fuere, se trata de un hito histórico que tiene que ser celebrado. Personalidades del mundo académico y de la política como Bravo de Laguna, Ander Gil, Abel Caballero o Daniel Casal, entre otros, han manifestado la necesidad de que estos hechos sean reconocidos como un hito de la historia moderna.

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El próximo día 2 de enero, a las 12:00 horas, en un acto abierto al público que tendrá lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el mismo edificio donde se formó ese primer gobierno municipal elegido mediante sufragio popular, se leerá el acta de formación de aquel consistorio, así como un discurso recordando los hechos. Este acto, que venían realizando desde hace unos años un puñado de ciudadanos reivindicando la importancia de esta efeméride, tendrá, por fin, el respaldo de las instituciones herederas de aquellas que O'Daly y Pérez de Brito querían depurar de corruptelas y de oligarcas locales. El esfuerzo de algunos ciudadanos por rescatar aquellos hechos del olvido y de la indiferencia está dando sus frutos.