Iglesias dice, tras hablar con la CEOE, CCOO y UGT, que “muy pronto” los trabajadores tendrán una buena noticia

El día ha quedado marcado por el aumento del salario mínimo a 950 euros. Por otro lado, en la Audiencia Nacional, ha continuado la declaración del major Trapero. Estos son los temas del día:

- Gobierno, sindicatos y patronal pactan subir el salario mínimo a 950 euros mensuales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado un acuerdo con los agentes sociales, que supone un aumento del 5,5%.

- Trapero revela que se ofreció para detener a Puigdemont y culmina su alejamiento del Govern. Trapero exime de cualquier responsabilidad a la intendente Teresa Laplana y a los exaltos cargos de Interior acusados en las órdenes de los operativos del 1-O y el 20-S.

- Calvo insiste en que el Gobierno obligará a la Iglesia a pagar el IBI horas antes de reunirse con el nuncio. La vicepresidenta reconoce que cambiar la tipificación de la sedición conllevaría rebajas en las penas de los independentistas, pero asegura que ese no es el objetivo.

- Quitarle “de los Diputados” al Congreso para hacerlo inclusivo, una idea que colea desde hace 15 años en el Parlamento. La Premio Nacional de Historia Anna Caballé ha sugerido a Meritxell Batet por carta llamar al Congreso de los Diputados solo Congreso, propuesta que Carmen Calvo apoya.

- Twitter ha limitado la cuenta de Vox, sigue visible pero sin poder tuitear, después de que el partido de extrema derecha dijera en la red social que el PSOE promueve “la pederastia”. Según ha explicado el vicesecretario de Comunicación de Vox, Manuel Mariscal, Twitter limitó la cuenta del partido por “incumplir las reglas que prohíben las conductas de incitación al odio”.

¡Hasta mañana!

Twitter ha limitado la cuenta de Vox -sigue visible pero sin poder tuitear- después de que el partido de extrema derecha dijera en la red social que el PSOE promueve “la pederastia”. Según ha explicado el vicesecretario de Comunicación de Vox, Manuel Mariscal, Twitter limitó la cuenta del partido por “incumplir las reglas que prohíben las conductas de incitación al odio”. Según las mismas, “no se permite amenazar, acosar o fomentar la violencia contra otras personas por motivo de su raza, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, género, identidad de género, religión, edad, discapacidad o enfermedad” y así se lo comunicaron a la formación de extrema derecha.

Vox publicó un tuit para responder a Adriana Lastra, que criticaba el veto parental de Vox en Murcia. El tuit del partido dirigido a la socialista decía: “Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos que con dinero público promováis la pederastia”. Tras esto Twitter limitó la cuenta.

“Desde Vox, exigimos a Twitter que explique públicamente por qué impide a un partido político español ejercer su derecho a la libertad de expresión (recogido en nuestra Constitución) y por qué mantiene cerrada su cuenta”, añade.

Rosa María Mateo ha puesto su cargo al frente de RTVE a disposición del presidente del gobierno, según informa El Mundo y ha confirmado Vertele.

La administradora provisional única, al frente de la corporación desde julio de 2018, cumple así con lo que ya expuso en febrero de 2019 y luego reiteró meses después: su intención era abandonar el cargo en cuanto pasasen las comicios generales y se formara un nuevo gobierno. Algo para lo que han pasado dos convocatorias electorales.

El Fondo Social de Vivienda (FSV), destinado a facilitar el acceso a una vivienda a familias vulnerables, se ha prorrogado hasta enero de 2021. Este fondo se puso en marcha en enero de 2013 con 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras.

La prórroga ha sido acordada por los ministerios firmantes del Convenio, la Asociación Española de Banca, la Asociación Hipotecaria de España, el Banco de España, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, la Plataforma del Tercer Sector y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.

La dirección nacional del PP ha evitado este miércoles valorar las declaraciones del líder de los 'populares' en Barcelona, Josep Bou, asegurando que fue un “error” presentar como candidata por Barcelona en las generales a Cayetana Álvarez de Toledo, actual portavoz del Grupo Popular en el Congreso. Informa Europa Press.

Este martes, Bou señaló que el partido debe tener líderes en Catalunya “que sean catalanes, tengan apellidos catalanes y hablen catalán”. “Los catalanes queremos gente de casa. Son cosas muy pequeñas pero son realidades. Se debe tener una idea clara. Tenemos que convencer y vender el producto y ella no era la mejor persona para hacer esto”, afirmó en una entrevista en Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Fuentes de la dirección nacional del partido consultadas por Europa Press han señalado este miércoles que no iban a decir “nada” sobre este asunto. Poco después, en rueda de prensa, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, no ha querido entrar en esta cuestión y se ha limitado a asegurar que el partido está centrado en su labor de oposición a Pedro Sánchez y lo que está sucediendo en España.

Preguntado expresamente a quién respalda la dirección del PP tras esas críticas, si a Bou o a Álvarez de Toledo, García Egea ha respondido que están “muy preocupado por la situación que vive España” y está “muy centrado en hacer oposición” al Ejecutivo de coalición.

“Un oposición constructiva, pero una oposición que permita destapar todos los pactos que el señor Pedro Sánchez está manteniendo con los independentistas y, por lo tanto, no nos vamos a desviar ni un milímetro de esa labor que nos han encargado los españoles”, ha manifestado.

Vox ha pedido a Alejandro Vélez, su único concejal y socio de PP y Ciudadanos en la Alcaldía de Badajoz, que devuelva su acta por contradecir las directrices del partido en torno a la contratación de asesores. Escribe Jesús Conde.

La medida ha sido tomada después de que el Comité Ejecutivo de Vox, presidida por Santiago Abascal el martes de la semana pasada, solicitara a Vélez a rescindir el contrato de sus dos asesores en el ayuntamiento.

Dos días más tarde, y a la vista del incumplimiento, le instaron a devolver su acta “para salvaguardar el compromiso de transparencia que este partido tiene con sus votantes”, según informa el partido en una nota de prensa.

“El feminismo actual no es sólo un arma totalitaria de chantaje y coacción a la población masculina, sino también una de las mayores amenazas para la mujer del siglo XXI...”. Así arranca la sinopsis del libro 'Manual para defenderte de una feminazi y otros asuntos de alta necesidad', de Cristina Seguí, cofundadora de Vox, retirada ya del partido de ultraderecha y ahora tertuliana asidua de la televisión. La fecha de presentación en Zaragoza de esta obra, tal como ha anunciado su autora, es este 28 de enero en el Teatro Principal. Sin embargo, el centro ha eliminado toda referencia de su web tras levantarse la polémica en las redes sociales al conocerse la convocatoria.

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El nuevo salario mínimo será de 950 euros mensuales. Así será gracias al acuerdo alcanzado hoy entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, diez días después de arrancar el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. La rapidez del acuerdo sobre la mejora del SMI tiene que ver con la intención de que la subida pueda aplicarse en la nómina de enero, para lo que es necesario que se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo martes, el último del mes. En cualquier caso, el incremento tiene efectos desde el primer día del año y se puede aplicar de manera retroactiva. Escriben Andrés Gil y Laura Olías.

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La democracia española se situó el año pasado en el puesto número 18, de un total de 167, de las analizadas por el 'Democracy Index' de la Unidad de Inteligencia de The Economist, lo que supone avanzar un puesto respecto al año anterior y mantenerse dentro del grupo de democracias plenas del mundo, ha informado este miércoles la Secretaría de Estado de España Global. Informa Europa Press.

En concreto, España obtiene una puntuación global de 8,18 puntos sobre 10 (diez décimas más que el año pasado), una valoración superior a países del entorno como Francia (8,12) y Portugal (8,03), que entran este año al grupo de democracias plenas. También es superior a Bélgica (7,64) o Italia (7,52), Estados considerados “democracias imperfectas” por The Economist.

El ranking lo lideran, de nuevo, los países escandinavos: Noruega ocupa la primera posición con 9,87; Islandia la segunda, con 9,58; y Suecia la tercera, con 9,39.

“No solo nos mantenemos como una democracia plena, sino que además mejoramos. Y lo vamos a seguir haciendo. Que hoy seamos un referente en materia de derechos políticos y libertades civiles no es en absoluto casual”, ha declarado en un comunicado la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano.

En un año electoral y con un Parlamento fragmentado, explica este Departamento, España obtiene buena puntuación en los cinco bloques de los que se compone el índice, especialmente en el que analiza la calidad de los procesos electorales y pluralismo, con un 9,58, la misma que Suecia, Suiza, Países Bajos o Alemania.

Le siguen los bloques dedicados a libertades civiles, en el que España obtiene un 8,82; cultura política, con un 8,13; participación política, con un 7,22; y funcionamiento del Gobierno, con un 7,14.

España Global también ha destacado que esta mejora en la calificación se produce, según el índice, “en un contexto internacional de retroceso de la democracia” y teniendo en cuenta que solo 430 millones de los 7.300 millones de habitantes del planeta disfrutan en sus países de una democracia plena. La Unidad de Inteligencia ha bajado la media global del conjunto de países analizados a 5,44, cuatro décimas menos que en 2018.

El presidente de Vox en Melilla, Jesús Delgado Aboy, ha presentado su dimisión como máximo responsable del partido en la ciudad autónoma, que se produce días después de la filtración de un audio con críticas del dirigente melillense a la dirección nacional, tal y como adelantó El Confidencial.

En rueda de prensa este miércoles ha explicado que su dimisión solo afecta al cargo de máximo responsable de la Gestora que dirigía hasta el momento la formación política y que no va a renunciar al acta de diputado en la Asamblea regional ni dejará el partido.

En un comunicado, Vox ha dicho que “la dimisión del presidente de una Comisión Gestora Provincial según los estatutos de esta formación política, implica que se disuelva el órgano de dirección provincial”.

“Delgado que ha situado a esta formación política como tercera fuerza política de la ciudad autónoma con casi el 20% de los votos en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, tras haber conseguido dos representantes en la cámara municipal el pasado 26 de marzo”, añade la nota.

No es la primera vez que surge el tema, pero esta cuenta con el apoyo explícito de la vicepresidencia primera del Gobierno. La Premio Nacional de Historia 2019, Anna Caballé, envió el 19 de enero una carta en nombre de la Asociación que dirige, Clásicas y Modernas (CyM), a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pidiendo el cambio de la denominación Congreso de los Diputados por solo eso, Congreso. “La hegemonía masculina se ha quebrado, el dominio del patriarcado sobre la cultura y el lenguaje ha llegado a su fin”, dicen. Carmen Calvo, vicepresidenta, ha declarado en la Cadena SER que le parece bien: “Se debería llamar Congreso solo, igual que el Senado. No de los Diputados, si no, a ver qué hacemos ahí las diputadas”. Escriben Belén Remacha y Marta Borraz.

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El presidente de las Cortes de Castilla y León (Cs), Luis Fuentes, ha prescindido de su director de Gabinete, Roberto Abad Collantes, seis meses después de haberlo nombrado. Su cese se publicó en el Boletín del parlamento el pasado 16 de enero, sin que se conozcan las causas por las que deja el puesto o quién lo ocupará ahora. Escribe Laura Cornejo.

Pero Collantes, graduado en Periodismo en la Universidad de Cervantes hace tres años, y con una reducida experiencia en ese campo, no se queda sin trabajo: el Grupo Parlamentario Ciudadanos lo recupera como asesor, gracias a una propuesta aprobada por la Mesa de las Cortes hace un par de meses que permite que cada grupo parlamentario pueda contratar a un asesor.

Luis María Beamonte, líder del PP en Aragón, se suma a la nómina de barones del PP que se desmarcan de las tesis de su presidente, Pablo Casado, más alineado con las posturas del partido de extrema derecha Vox respecto al veto parental.

En declaraciones a la Cadena SER en Aragón, Beamonte ha afirmado: “Los hijos no son propiedad de los padres. Son fruto de la relación entre los padres. Y los padres tienen la obligación de ser responsables de ellos y de velar por sus intereses. De la misma manera que los padres tienen la obligación de obedecer y ayudar. Esta es la realidad. Y los padres responden de los hijos, no el Estado”.

Estas palabras chocan con la pregunta retórica que el pasado día 19 lanzaba Casado al Gobierno de coalición: “¿Verdaderamente hoy siguen manteniendo que mis hijos no son míos?”.

El líder del PP en Aragón considera que la polémica del veto parental es una “anécdota” que está sirviendo al Gobierno de Sánchez para distraer la atención de cuestiones: “Querer llevar esto a un escenario de conflicto para tapar otras realidades creo que es un error. Las cosas importantes son las importantes y esto es una anécdota”, ha dicho.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha anunciado este miércoles que una de las primeras iniciativas que va a impulsar como ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 es la ley de protección de la Infancia y Adolescencia, además de otras cuestiones en las que ya trabaja su equipo, como una ley de protección animal, o un sistema de garantías de renta. Informa Europa Press.

“El compromiso de esta Vicepresidencia es que España sea referencia europea y mundial en la promoción y protección de la base material de la democracia, que son los derechos sociales”, ha afirmando durante la toma de posesión de los miembros de su equipo de la Vicepresidencia; un acto en el que ha ensalzado el trabajo que realizó el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en materia de derechos sociales.

En concreto, este miércoles han tomado posesión la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra; el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez; el subsecretario de Derechos Sociales y Agenda 2030, Joseba Miren García; el jefe de Gabinete, Julio Rodríguez; y el director adjunto del Gabinete, Santiago Jiménez.

Según ha defendido el líder de Podemos en su discurso, todos ellos van a trabajar para “convertir la política de desarrollo sostenible en política de Estado” y para “construir la cuarta pata del Estado del Bienestar”, la de los servicios sociales; una tarea en marcha, que “le debe mucho a la voluntad política de Zapatero”.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este miércoles que, en caso de abordar una posible modificación o eliminación del monumento del 11 de marzo en Atocha, se respetaría en ese caso la voluntad de las víctimas del terrorismo sobre el mismo. Informa Europa Press.

Asimismo ha asegurado, durante su visita a Ifema con motivo de Fitur, que “hay cosas más importantes que suceden en Madrid y que preocupan más”.

Y es que ayer, el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal apostó en comisión por quitar el monumento a las víctimas de los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004, pues a su parecer “no tiene arreglo” ni “dignidad”.

“Aquí deberíamos respetar lo que digan las víctimas. Si a ellas le gusta, Cs hará lo que les guste”, ha concluido.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, único regidor de Izquierda Unida en una capital de provincia, ha declarado como imputado por un presunto delito de propaganda electoral tras una denuncia del representante legal de Ciudadanos ante la Junta Electoral, Alfonso Martín Carretero. Carretero denunció al acalde ante la Junta Electoral y ante el juzgado después de que Guarido pidiese “detener a los fachas” en su Facebook durante la jornada de reflexión. Según ha explicado, su abogado pedirá el sobreseimiento de la causa este jueves. “Estoy convencido de que acabará en nada, pero sí me gustaría que Ciudadanos se disculpara”, remata. Escribe Ángel Villascusa.

El diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, ha confiado en que el Gobierno sea “ágil” a la hora de aprobar ayudas para los ayuntamientos turísticos ante el “auténtico desastre” que ha supuesto el paso de la borrasca Gloria. Informa Europa Press.

En ese sentido, ha explicado que ayer martes ya se presentó una iniciativa para que se “evalúen” los daños que ha provocado el temporal en la costa mediterránea, que ha sido “especialmente castigada” a “pocos meses” del inicio de la temporada turística.

Baldoví ha incidido en que el turismo de Sol y Playa representa el 14% del PIB valenciano y ha confiado en que se apruebe un decreto ley para “ayudar”.

El diputado valenciano, que ha presentado en Alicante el acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ha indicado que el turismo es una industria “muy sensible a estos daños”.

“Desde ayer mismo ya pedimos que el Gobierno estudie qué medidas aplicar y que saque algún decreto para ayudar a los ayuntamientos para la reposición de playas, paseos marítimos y toda la infraestructura”, ha advertido.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha avisado este miércoles de que el Partido Popular no consentirá que el presidente Pedro Sánchez “descafeíne” el Código Penal con la “reforma Junqueras”, según lo han tildado los conservadores a través de una nota de prensa distribuida por el partido.

“Si usted quiere indultar a Junqueras, indúltele. No sea cobarde. Hágalo, pero no cambie el Código Penal. Si es valiente, diga a los españoles que ese era su compromiso. No desproteja a la nación para protegerse a usted”, ha dicho Egea.

Vox y el Partido Popular han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el decreto que aprobó el pasado noviembre el Gobierno vasco y que regula el uso del euskera en los ayuntamientos, permitiendo que esa sea la única lengua que se emplee para trabajar y para relacionarse con los ciudadanos. Escribe Maialen Ferreira.

La posición del PP sobre este decreto se conoce desde hace tiempo, puesto que tras su aprobación el presidente del partido en Euskadi, Alfonso Alonso, lo criticó por ser “un decreto inconstitucional que cercenaba libertades y ampliaba imposiciones”. algo que en su momento describió como “un grave atentado contra las libertades”. De esta manera, han comenzado una campaña a través de las redes sociales para criticar esta decisión, en la que muestran a una mujer que al llegar a casa no logra entender un comunicado del Ayuntamiento escrito en euskera en el que se indica que cortan el agua del edificio.