El 2 de junio de 2014 se presentaba como un día anodino, con las habituales ruedas de prensa de los lunes en las sedes de los partidos políticos. Hacía solo una semana que se habían celebrado las elecciones europeas y ya con tiempo de reposo, tocaba reflexión y rendición de cuentas por parte de PP y PSOE, que habían sufrido un batacazo que anticipaba el fin del bipartidismo. Pero ese día, por sorpresa, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convocó una comparecencia en Moncloa: “Su majestad el rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio”.
Dos semanas después fue coronado Felipe VI como nuevo rey. Un proceso rápido gracias a la coordinación entre PP y PSOE, que buscaron evitar con la celeridad cualquier debate sobre la continuidad de la Monarquía. El 2024 se cumplen 10 años de la entronización del actual rey, una década durante la que la institución ha visto cómo se destapaban gran parte de los escándalos del rey emérito, pero también en la que ha sabido enterrarlos para asegurar su continuidad.
La abdicación se comunicó el 2 de junio, pero se había cocinado desde muchos meses antes. Juan Carlos había tomado la decisión en enero y se la había transmitido a Mariano Rajoy en marzo y al entonces líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, unos días más tarde. En su mensaje televisado, Rajoy deseó que la abdicación se produjera en “un clima sereno, con tranquilidad y con agradecimiento a la figura de su majestad el rey”.
El 11 de junio el Congreso votó la ley de Abdicación, un documento de tres páginas con una exposición de motivos firmada por el propio rey y tan solo dos artículos. Salió adelante con un gran respaldo y sin mucho ruido gracias a la colaboración de PP y PSOE, que sumaban entonces casi 300 diputados en el Congreso. Fue una de las razones para que la sucesión se produjera en ese preciso momento, antes de las elecciones de 2015 que provocaron un descalabro ya previsto de los dos grandes partidos.
Cuando Juan Carlos abdicó había ya cierta presión para que tomase esa decisión. El escándalo de la caza de elefantes, el caso Noos y su mal estado de salud habían alimentado el debate sobre la sucesión, que se intensificó tras su discurso en la pascua militar el 6 de enero de 2014. El rey se trabó, titubeó, confundió palabras y tuvo dificultades para terminar la intervención. Si había alguien con dudas de que el estado del entonces rey no le permitía seguir al frente de la institución, se despejaron aquel día.
Lo que los españoles supieron mucho más tarde es que tras la decisión no solo había motivos de salud. Era el primer paso de una operación destinada a salvar la institución, ya con una valoración muy baja entre sus ciudadanos, de una serie de escándalos que permanecían hasta entonces ocultos, algunos de los cuales fueron aflorando durante los años posteriores.
Juan Carlos había recibido en 2008 una donación de 65 millones de euros en una cuenta de Suiza, supuestamente procedentes del Ministerio de Finanzas Saudí por su intermediación para que las empresas españolas consiguieran la licitación para la obra del AVE a La Meca. Durante los cuatro años siguientes retiró diversas cantidades y, cuando se vio obligado a vaciar la cuenta por indicación del banco suizo, puso parte de ese dinero a nombre de Corinna Larsen. Lo hizo en 2012, el mismo año que viajó a Botsuana con la empresaria.
Desde la abdicación a las primeras informaciones sobre los trapos sucios de rey hubo que esperar aún algunos años. En concreto, a que se detuviera al comisario José Manuel Villarejo y se le incautasen grabaciones que, bien porque sus colaboradores las iban filtrando a medios, bien porque obraban en la macrocausa de la Audiencia Nacional, fueron formando una inacabable madeja sobre escándalos relacionados con Juan Carlos I.
Fueron años de noticias diarias sobre la relación del rey con Larsen, la intermediación de Villarejo y del CNI, las cuentas en paraísos fiscales y las donaciones millonarias que derrumbaron la imagen del héroe de la transición para dibujar a un comisionista al frente de la Monarquía.
Fue la revelación de que existía una investigación de la Fiscalía suiza sobre la supuesta donación a Larsen la que motivó los movimientos más drásticos de Felipe VI, consciente del desgaste que todas esas informaciones estaba provocando a la institución que ahora dependía de él. El 15 de marzo, cuando el país se sumía en un estado de alarma por el coronavirus de duración incierta, Felipe anunció que retiraba la asignación constitucional a su padre y renunciaba a su herencia. Un medio inglés acababa de publicar que Felipe era beneficiario en esa herencia de una sociedad 'offshore' que se había utilizado para canalizar la donación a Larsen.
El cortafuegos no funcionó. Ese mismo año, la Fiscalía del Supremo abrió una investigación sobre un posible delito fiscal cometido por Juan Carlos –tras su abdicación, porque antes gozaba de inviolabilidad– y Larsen fue imputada por la Audiencia Nacional.
Juan Carlos huyó de España dos meses después de que se abriera la investigación, en una maniobra rodeada de opacidad y que contó con la colaboración del Gobierno de Pedro Sánchez. La presión sobre Felipe VI disminuyó mientras surgían nuevas informaciones sobre los posibles delitos fiscales de su padre, como el uso de unas tarjetas opacas, unas cuentas a su nombre en el paraíso fiscal de Jersey o multitud de gastos pagados por diversos empresarios.
Todo quedó en nada. En marzo de 2022 la Fiscalía cerró las investigaciones abiertas contra Juan Carlos I al considerar que parte de los delitos estaban prescritos o anulados por la inviolabilidad del rey. Además, dieron por buenas las regularizaciones fiscales que hizo la defensa del rey emérito en dos ocasiones por un valor superior, en total, a cinco millones de euros, pese a que se produjeron cuando ya se le había notificado que estaba siendo investigado.
Por entonces Felipe ya se había distanciado, con ayuda de los políticos y medios afines a la monarquía, de los escándalos de su padre. El discurso imperante que durante años había alabado la figura de Juan Carlos I mutaba ahora en una defensa del hijo, de quien se destacaban las cualidades que le diferenciaban de su padre. Felipe había aislado a la Monarquía, primero de los escándalos del caso Nóos, y después de quien la había encarnado durante 40 años, un defraudador imperseguible, según la propia Fiscalía española.
Cualquier debate durante este tiempo sobre la continuidad de la Monarquía ha sido aplacado. La derecha no ha flojeado un instante en su defensa de la institución, y en la izquierda, el PSOE ha hecho de dique de contención frente a las aspiraciones republicanas de sus socios y de una parte considerable de sus propios militantes y votantes.
Nuevos tiempos, misma opacidad
Pero en este tiempo no ha habido más cambios significativos en la institución que el exilio de Juan Carlos, que poco a poco trata de normalizar sus visitas sin esconder que quiere volver a instalarse en España. La Monarquía no es más transparente que en la época de quien la usó para enriquecerse.
El nuevo decreto de funcionamiento de la Casa Real, aprobado por el Gobierno de coalición en mayo de 2022, es un ejercicio de transparencia incompleto. Se suscribió un convenio con el Tribunal de Cuentas, pero sus informes no serían remitidos al Congreso y queda lejos saber el gasto real de la institución. Los españoles no saben cuánto cuesta la monarquía porque su presupuesto oficial (8,4 millones de euros) se ve incrementado por encima de los 14 por los costes que asumen diversos ministerios.
No ha habido posibilidad durante este tiempo de abordar la inviolabilidad del rey, la figura jurídica que permitió a Juan Carlos librarse de todas las investigaciones judiciales por sus posibles delitos: “La inviolabilidad es una cuestión que está en la Constitución y ahora mismo no se darían las mayorías suficientes para abordar cualquier reforma”, zanjó el gobierno en marzo de 2022.
La opacidad sobre la monarquía y la protección de la institución ha llegado al punto de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no pregunta por la valoración que los ciudadanos hacen de ella desde 2015. Entonces obtuvo un 4,34 sobre 10. Desde entonces, nada.
La abdicación en 2014 fue el primer escalón de la operación destinada a salvar la monarquía, que tiene ahora todas sus esperanzas puestas en Leonor. La heredera al trono ya ha jurado la Constitución ante las Cortes el mismo día que cumplió 18 años y no hay un debate sobre la mesa acerca de la supervivencia de la institución, que parece asegurada. Eso, a pesar de que la mayoría de los españoles quiere decidir con una urna sobre la continuidad de la Monarquía.