El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas, que ha visitado España durante la última semana y se ha reunido con distintas autoridades y con asociaciones de víctimas del franquismo, ha instado al Estado español a juzgar las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la Dictadura, así como a emprender las reformas necesarias para que éstas no se consideren crímenes sujetos a la Ley de Amnistía de 1977.
Así consta en el informe preliminar aprobado por los dos miembros de este grupo de trabajo -Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky- que han mantenido contactos con representantes del Gobierno central y de varias comunidades autónomas, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y la sociedad civil.
El objetivo de su visita, que tiene su base en una invitación del Gobierno, era examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias, en particular los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para las víctimas de estos crímenes.
En su primer informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el grupo de trabajo constata que en España no se tiene en cuenta “el carácter de delito de lesa humanidad” en el caso de las desapariciones cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. “Esta interpretación es contraria a las obligaciones internacionales de España y se recomienda su modificación”, reza el texto.
Delitos imprescriptibles
En concreto, instan “al Estado español a juzgar las desapariciones forzadas a la luz de estas obligaciones internacionales y a establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas o la determinación de que la prescripción solo puede comenzar a computarse a partir del cese de la desaparición forzada”.
En paralelo, solicitan la puesta en marcha de medidas legislativas y judiciales, para asegurar que las desapariciones forzadas “no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto la Ley de Amnistía de 1977”, como, según recalcan, ya han recomendado distintos organismos internacionales.
Asimismo, constatan que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2009 restringió “manera considerable la competencia de los tribunales españoles y la aplicación del principio de jurisdicción universal”, en contraste con la legislación anterior.
De hecho, subraya que antes de esa reforma España había realizado “importantísimas contribuciones al desarrollo de la jurisdicción universal” mediante por ejemplo la investigación de crímenes de las dictaduras latinoamericanas“, lo que demuestra ”la capacidad de la judicatura española de investigar seria y sancionar cabalmente las graves violaciones a los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas“.
El tiempo apremia
Por ello, el grupo de trabajo llama a los tribunales españoles a asegurar que aquella reforma de 2009 “no obstaculice el ejercicio de su jurisdicción universal sobre actos de desaparición forzada”. También anima a España a ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y a incluir en el nuevo Código Penal como delito autónomo la “desaparición forzada”.
En su informe también remarcan que, ante la “situación de impunidad de los responsables de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura”, las víctimas españolas han “solicitado a los tribunales de Argentina ejercer la jurisdicción universal” y emplaza al Gobierno a “prestar todo el auxilio judicial en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a delitos de desaparición forzada que se lleve a cabo en cualquier país por casos de desapariciones forzadas en España”.
Para los expertos de la ONU, la avanzada edad de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura hace necesario que el Estado actúe “urgencia y celeridad” en esta materia.
La labor del juzgado de Garzón
El grupo de trabajo también llama al Estado a proporcionar los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente, a abrir un proceso regular de consulta con los familiares y las asociaciones así como a proporcionarles un mayor apoyo institucional y financiero.
Además, abogan por la creación de una entidad estatal “con pleno apoyo institucional” que se encargue de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento y la gestión de una base de datos central sobre las desapariciones con los datos que ya tienen distintas asociaciones y expertos.
En este punto, defienden que la base de datos elaborada por el Juzgado de Instrucción Penal número cinco --que en su momento ocupó el juez Baltasar Garzón que inició una investigación sobre los crímenes del franquismo-- contiene información sobre más de 114.000 victimas, “debería ponerse a disposición del publico de manera inmediata”.
También demandan desde la ONU un “plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas”, que garantice la coordinación de las actividades de exhumación e identificación y actualización de los Mapas de fosas desarrollados de acuerdo a Ley de Memoria Histórica. Recomiendan, asimismo, que responsables de la administración y la Justicia “se personen en el momento de las realizaciones de las exhumaciones y luego analicen y actúen sobre los resultados que las mismas arrojan”.
“El Estado Español debería asumir el liderazgo y comprometerse de manera más activa y urgente para atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. Todas las iniciativas relativas a la búsqueda de desaparecidos tienen que ser parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa”, reza el informe preliminar.