230 organizaciones piden acabar con la “Ley Mordaza”, que cumple cinco años

230 organizaciones sociales han pedido en una manifiesto derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, que desde su aplicación hace ya cinco años ha impuesto más de dos millones de multas, la mitad durante el estado de alarma, por lo que denuncian muchas “podrían ser arbitrarias”.

Amnistía Internacional, No Somos Delito, Defender a Quien Defiende, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España y Greenpeace son los principales impulsores de esta iniciativa que exige “la modificación urgente de la Ley de Seguridad Ciudadana”, para que la legislación española cumpla con los estándares internacionales.

Al respecto, las organizaciones reclaman al Gobierno que “cumpla con sus promesas” ya que tanto Unidas Podemos como el PSOE tenían entre sus medidas prioritarias la modificación de esta norma que, según los firmantes, ha provocado “un claro retroceso” en “los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, información y manifestación”, señala el documento “5 años de mordazas ¡Basta!”.

Desde la aplicación de la ley en 2015, se han impuesto más de dos millones de multas, aunque la mayoría de ellas, más de un millón, se han tramitado durante el estado de alarma.

En este contexto las organizaciones han venido denunciando que las fuerzas de seguridad podrían haber interpuesto de manera arbitraria sanciones contra personas que supuestamente desobedecían el estado de alarma, sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales.

Asimismo estas plataformas señalan que la reforma del Código Penal también ha supuesto un “impacto preocupante en el derecho a la libertad de expresión” ya que usuarios de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales han sido procesados en virtud del artículo 578 del Código Penal.

Para estas organizaciones, la imprecisa redacción de ese tipo de delitos, en este caso los relacionados con el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación de las víctimas de los delitos terroristas”, también restringen la libertad de expresión.

Entre las entidades firmantes se encuentran, entre otras, UGT, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Hay Derecho, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Comisión Legal Sol, Caravana Abriendo Fronteras o Yayoflautas.