La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado este miércoles deshacerse de la causa por sedición que instruye contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y los líderes de ANC, Jordi Sánchez, y Òmnium, Jordi Cuixart. Además, en su auto refleja que ha reunido más indicios contra estos últimos, a los que acusa de diseñar una “compleja estrategia” para lograr la independencia de Catalunya.
Lamela dedica la primera parte de su auto a justificar la competencia de la Audiencia Nacional para instruir la causa por sedición, tras el recurso presentado por los líderes de los dos colectivos independentista. Pero, a continuación, entra en el fondo del asunto para rechazar que su comportamiento se ciña al llamamiento a una movilización ciudadana y pacífica. No es, tampoco, un hecho aislado.
Con los nuevos indicios -recogidos en el informe entregado por la Guardia Civil-, la jueza acusa a Sánchez y Cuixart de colaborar en una “estrategia compleja” que busca “la ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña”. Ambos, señala Lamela, “forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar.
De hecho, el auto explica que el papel de estos dos líderes sociales del independentismo “resultaba esencial” tras la aprobación de las leyes de desconexión. Ellos, con su poder de movilización, tenían que “dirigir todas las sinergias independentistas en una misma dirección que culminase con la movilización de la totalidad de la sociedad catalana que comulgaba con la tesis soberanista”.
Esa masiva movilización tenía un objetivo fundamental en la hoja de ruta. Con ella, dice la jueza, los líderes de ANC y Òmnium buscaban “arrastrar a la masa de indecisos hacia sus intereses independentistas”.
Competencia de la Audiencia Nacional
Sánchez y Cuixart recurrieron su imputación alegando que la Audiencia Nacional no tiene competencia para juzgar un delito de sedición. Pidieron a la jueza que se inhibiera en favor de los juzgados de instrucción de Barcelona. Lamela rechaza todos sus argumentos.
Según escribe en su auto, es cierto que la Audiencia Nacional no es competente para investigar todos los delitos de sedición, sí lo es cuando van acompañados de “una ofensa contra la forma de gobierno que persigue cambiar ilegalmente la organización del Estado”.
La magistrada analiza las sentencias aportadas por Sánchez y Cuixart para concluir que ninguno de esos casos suponían “un ataque a la forma de gobierno en los términos expuestos en el auto dictado por este juzgado el día 27 de septiembre de 2017”.