Al grupo de dirigentes socialistas que controlaron el partido en los años ochenta y noventa no se les puede negar el rasgo de la persistencia. Da igual cuál sea el resultado de las elecciones, la política del Gobierno de coalición desde 2019 o el estilo de la oposición de la derecha. En general, les da igual cómo sea la realidad. Incluso ya se han olvidado del funcionamiento del sistema político español cuando ellos no tenían canas. Por eso, es apropiado que en una entrevista en ABC a José Rodríguez de la Borbolla, presidente de Andalucía entre 1984 y 1990, para que exponga sus razones en favor de un acuerdo PSOE-PP, el titular incluya sus palabras: “No estamos locos”.
Quizá no estén locos, pero ya no son de este mundo. La mayoría tiene entre 70 y 80 años. No entienden la política actual y plantean alternativas que sólo encuentran apoyo en algunos periodistas con ansias de notoriedad. Compran el discurso de la derecha e intentan venderlo de forma que no suene muy hiriente para los votantes del PSOE. Los resultados del 23J confirman lo que ya se sabía. Ni los militantes ni los votantes del PSOE encuentran que sus ideas tengan mucho interés.
“También podríamos aprender de Italia, que tiene mucha imaginación”, opina el expresidente andaluz. “Buscaron a un independiente, Mario Draghi, que dio muy buen resultado”. El apoyo del centroizquierda a Draghi ha desembocado en Italia en una situación en la que el Gobierno está dirigido por un partido de extrema derecha que cuenta con el 30% de apoyo en las encuestas. Como receta para la izquierda, tiene fisuras por las que cabe un avión.
El fracaso en las urnas ha hecho que Alberto Núñez Feijóo pase de enarbolar la bandera de la muerte del sanchismo a reclamar la abstención del PSOE en la investidura, que es algo que el PP ni se planteó hacer en 2019. Obviamente, no le harán caso.
“El PP sólo puede gobernar pactando con el PSOE. El PSOE sólo puede gobernar pactando con perdedores”, dice De la Borbolla. Es incapaz de explicar qué es lo que deberían pactar. El truco es ignorar las leyes que el PSOE ha promovido en la pasada legislatura y que contaron con el rechazo completo del PP, cuando no con recursos ante el Tribunal Constitucional.
Resulta irónico recordar que eso mismo ocurría hace muchos años cuando la vieja guardia del PSOE estaba en el poder y la derecha sostenía en los años 90 que la supervivencia socialista en el Gobierno era una amenaza para la democracia. Su memoria flojea de forma alarmante.
Lo único que pueden imaginar es un nirvana bipartidista en el que socialistas y populares estén de acuerdo en lo básico de forma mágica. En el mundo real, nada de lo que ha pasado desde 2016 confirma sus prejuicios. Ocurrió la pandemia y la decisión del PP de tocar todas las teclas posibles en las votaciones del estado de alarma. Pasó del voto afirmativo a la abstención y luego al negativo. El PSOE había dejado de ser un partido constitucionalista, denunciaba el PP. Pretendía “destruir España”, afirmaban los más exaltados. En el hecho más claro y cristalino, se ha negado durante más de 1.600 días a pactar la renovación del órgano de gobierno del poder judicial.
Felipe González escribió un artículo que salió publicado un día después del 23J, pero habló de su intención el 3 de julio en la presentación de la revista en que aparecía. Reclamó que gobierne “la lista más votada” cuando no haya otra opción. La legislatura que comenzó en noviembre de 2019 demuestra que sí la había antes, veremos ahora. “¿Qué pedimos a cambio de permitir gobernar? No pedir nada. Si no pides nada, tendrán que llegar a acuerdos en cada proyecto de ley y en el presupuesto”, escribe. ¿Sobre qué base ideológica común? ¿Una que no existe?
Se habla mucho de buscar aquello que ambos partidos tienen en común e intentar pasar por encima de las diferencias. Los hay que lamentan que no exista cultura del pacto entre diferentes, como dice González. La hay, pero no es la que les gusta. Eso es lo que hicieron el PSOE y Unidas Podemos a finales de 2019.
Sobre las diferencias entre los socialistas, que votaron a favor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y los independentistas catalanes, que organizaron un referéndum de independencia unilateral e ilegal, no parece que sea necesario extenderse mucho. Aun así, el PSOE llegó a acuerdos con ERC y ahora debe hacer lo mismo con Junts, una empresa ciertamente mucho más difícil.
Lo que no quieren los antiguos dirigentes del PSOE son pactos con los partidos nacionalistas, acuerdos que sí firmaron Felipe González y José María Aznar. Se dirá que entonces no había un proyecto independentista en Catalunya. También se podría responder que desde 2019 no ha habido ninguna consulta unilateral, y que los partidos, ERC y Junts, han perdido la unidad de acción y no son capaces ni de convivir en un Gobierno de coalición. Los viejos socialistas deberían estar moderadamente satisfechos por ese curso de los acontecimientos. Pues no, están más cabreados que nunca.
Las urnas han confirmado la pérdida de apoyos en los independentistas. ERC y Junts han pasado de 1.405.084 votos en noviembre de 2019 a 855.517. De una suma que suponía el 36,5% de los votos totales en Catalunya al 24,2%.
Puede que el procés tal y como lo conocimos sea historia pasada, pero es indudable que la política catalana sigue condicionando el sistema político español, y lo hace en la izquierda y la derecha. El desafío independentista catalán alimentó el voto a Vox en varias regiones y desacreditó al PP de Rajoy. Si bien ha perdido 700.000 votos este mes, Vox conserva tres millones, a pesar de que varios medios de la derecha que no habían mostrado hostilidad hacia Vox estos años han dejado claro en esta campaña que apoyar al partido de Santiago Abascal reducía las posibilidades de una victoria del PP.
“El gran reto del partido de ultraderecha era ser capaz de estabilizar un apoyo en torno a los tres millones de votantes. Lo ha logrado, y con ello marca un nuevo techo para el PP”, ha escrito Juan Rodríguez Teruel, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Valencia.
La derecha y la extrema derecha obtuvieron 11.125.584 votos el 23J, 350.000 más que el PSOE y Sumar. Cerca de un millón y medio de votos a los partidos nacionalistas catalanes y vascos (1.464.661) son los que marcan la diferencia. A la izquierda le pueden caer mejor o peor los nacionalistas, puede dudar de que el mensaje plurinacional funcione o no en varias comunidades, pero en estos momentos y puede que durante mucho tiempo necesita su apoyo para gobernar.
También puede ocurrir que los políticos que gobernaban en los años ochenta sean incapaces de entender que la España de 2023 es diferente a la suya.
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Cómo frenar las mentiras
En la campaña del 23J ha quedado clara la tremenda importancia que tiene la prensa libre, que depende de sus lectores y no le debe nada a nadie más. La inmensa mayoría de los grandes medios son propiedad de bancos, de fondos y grandes grupos de comunicación. La gran mayoría de ellos han blanqueado a los ultras y están bajo el control de la agenda que marca la derecha.
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