Pedro Antonio Sánchez niega que se le investigue por corrupción

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha negado hoy que se le investigue por corrupción y ha afirmado que el caso Auditorio, que desde ayer ha asumido el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM) por su condición de aforado, es una “cuestión absolutamente administrativa”.

Pedro Antonio Sánchez, que se encontraba ayer en Barcelona cuando el TSJRM reconoció su competencia para investigarlo por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en las obras del auditorio de Puerto Lumbreras en la etapa en que era alcalde, ha elegido para su primera comparecencia pública el municipio de Ricote, donde ha estado arropado por los miembros del grupo parlamentario del PP.

Sánchez, que no recurrirá el auto judicial, ha dicho al ser preguntado por el pacto de gobernabilidad firmado con C's para propiciar su investidura, que ese acuerdo le obligaría a dimitir en el momento en que fuera imputado por corrupción, una circunstancia que aquí no se contempla porque el caso Auditorio es, en sus palabras, “una cuestión absolutamente administrativa”.

Según el presidente, “en este caso lo que hay es un equipo de personas que buscaron subvenciones para mejorar su pueblo”, y lo que se investiga es “si se justificó bien una subvención”, o si “en el proceso administrativo hay algún error o anomalía”.

El presidente ha asegurado que no recurrirá la decisión del tribunal para que “todo vaya lo más rápido posible” porque le “interesa que se sepa la verdad y que se sepa cuanto antes”, y ha insistido en su interés de “colaborar con la justicia” y aportar todos los documentos y pruebas necesarios.

En ese sentido, ha subrayado que solicitó hace meses poder comparecer ante el fiscal para exponer su versión, algo que no se le permitió, por lo que ahora podrá explicarse y dejar que sea la justicia la que decida sobre el caso.

Por otra parte, ha señalado que en la última década el PSOE le ha denunciado en 16 ocasiones y todas han sido archivadas sin ninguna consecuencia para los denunciantes, y en esta ocasión, la número 17, también del PSOE, el fiscal “se ha tomado mucho interés” en investigarla.

En ninguno de los casos anteriores se dio la razón al denunciante, por lo que ha exigido que “la justicia tenga la última palabra”, y ha pedido “respeto” hasta ese momento.

Previamente, durante el acto en el que participaba junto a su grupo parlamentario para presentar la ley sobre patrimonio arbóreo aprobada en octubre, ha asegurado que “hay gente que al ver un árbol solo ve en él leña y la posibilidad de sentarse a ver como arde. Nosotros, de protegerlo”.

“Algunos pasan por la vida para destruir, nosotros, al contrario”, ha zanjado.

Además, en referencia a los comentarios de ayer de los distintos grupos de la oposición, ha apuntado que “si a alguno en la región se le ha acabado el tiempo político no es al PP, es a otros” de los que ha dudado si tienen más interés en “saber la verdad” o en “cargarse a un adversario político al que no han podido ganar en las elecciones”.

Por último, ha asegurado que se siente “muy apoyado, sobre todo por la gente decente”, y ha insistido que en el caso hay implicadas unas veinte personas, que en todo momento confiaron en que todo se estaba haciendo de manera adecuada.

Precisamente, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido a Sánchez, y ha considerado que hay “intencionalidad política” en las denuncias.

“Es un poco extraño que se denuncie a una persona dieciséis veces por lo mismo y que se archive quince”, ha explicado Casado.

Sin embargo, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha asegurado, en declaraciones a Efe, que Sánchez “no debe permanecer ni un minuto más” al frente del Gobierno autonómico.