Cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura a Mariano Rajoy –hace dos legislaturas aunque solo haya pasado un año–, su lema fue desalojar a un gobierno corrupto, acabar con los recortes y reparar la justicia social. Ya asentado en la Moncloa y con su exiguo apoyo parlamentario que requería del voto de Unidas Podemos, el PNV y los partidos independentistas para sacar adelante cualquier ley, el presidente socialista empezó a trabajar en una propuesta histórica que serviría como hito político de su legislatura: la exhumación de Franco del Valle de los Caídos cuatro décadas después.
Lo que no había logrado ningún gobierno –ni siquiera con las arrolladoras mayorías absolutas de Felipe González– lo iba a hacer Sánchez con 84 diputados. Se trataba de una decisión simbólica para lanzar el mensaje de que las cosas en España habían cambiado, el equivalente a lo que significó la retirada de las tropas de Irak para el Gobierno de Zapatero. En Moncloa concluyeron que la medida solo tenía ventajas: conseguirlo sería una victoria histórica pero si no podía llevarse a cabo al menos el presidente lo habría intentado. De paso, serviría para introducir en la agenda un asunto en el que el PP siempre se ha sentido incómodo.
El recién estrenado presidente llevaba en su programa electoral la vivificación de la Ley de Memoria Histórica, que había quedado sin presupuesto durante las dos legislaturas de Mariano Rajoy. El viernes 15 de junio de 2018, dos semanas después de la moción, el secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló, lanzó la primera pista en un acto con represaliados en Burgos, donde deslizó que los socialistas se iban a atrever a exhumar a Franco.
La Ejecutiva del PSOE trató el tema el siguiente lunes y su portavoz, Óscar Puente, salió a confirmar la promesa emblemática de Sánchez, que iban a retirarse por fin los restos del dictador de su mausoleo: “No es urgente, pero es el momento de tomar esa decisión y la vamos a tomar”.
Los gobiernos de Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar ni se habían planteado la posibilidad. A su llegada a Moncloa, Zapatero se había puesto como prioridad la Ley de Memoria Histórica, que salió adelante aunque sin tratar directamente nada relativo al dictador ni a su fortuna. El gabinete de Zapatero había encargado, eso sí, a un grupo de expertos un informe sobre el Valle de los Caídos y sobre qué hacer con Franco, en un intento de obtener el respaldo de algunos especialistas y quizás ganar algo de tiempo y testar los ánimos. El diagnóstico de aquella comisión fue claro aunque no unánime, ya que el actual magistrado del Constitucional Pedro González Trevijano emitió un voto en contra. La conclusión de los especialistas reclamaba sacar el cuerpo del dictador de allí y recolocar a José Antonio Primo de Rivera en un lugar más apartado del templo del Valle de los Caídos.
Zapatero no ejecutó nunca esa recomendación, que, sin embargo, agitó el debate político y se convirtió en un asunto difícil de gestionar en el peor momento de la legislatura, con los índices de popularidad del presidente socialista hundidos tras el estallido de la crisis económica y el giro a la derecha propiciado por las imposiciones de la troika. El PSOE pierde las elecciones con Alfredo Pérez Rubalcaba de candidato en noviembre de 2011, el mismo mes en el que estaba fechado el informe. Con la llegada de Rajoy se sepulta el asunto y sus gobiernos empiezan a destinar cero euros a la partida de memoria en los siguientes siete años.
Para Pedro Sánchez, atreverse a exhumar el cuerpo embalsamado de Franco era una deuda con las víctimas pero también un potente símbolo para que su legislatura fuera recordada: su mandato podía durar poco, como así fue, pero podría presumir para siempre de ser el presidente que sacó a Franco del Valle de los Caídos, un cadáver que nadie se había atrevido a tocar en más de 40 años. Las riendas del asunto las tomó la vicepresidenta Carmen Calvo, pese a ser competencia del Ministerio de Justicia, una señal de que el tema era capital para el Ejecutivo.
El 27 de junio de 2018, un Sánchez triunfante respondía a un corrillo de periodistas en el Congreso sobre la exhumación: “Os pillará trabajando”, lo que se interpretó como que se le sacaría en julio del año pasado. Pero la primera alerta para el Gobierno llegó el mismo mes en el que según el presidente iba a salir el cuerpo: los nietos de Franco se reunieron con el prior del Valle de los Caídos y le entregaron un poder notarial en el que manifestaban su oposición a la exhumación. “No vamos a facilitar que jueguen con la momia de mi abuelo”, declaraba el nieto mayor, Francis Franco, más tarde en la COPE. Ahí empezaron 15 meses de pelea legal que han acabado con el fallo del Tribunal Supremo este martes en favor de la exhumación.
El Gobierno era consciente de que perder la batalla de Franco era una derrota pública, notoria, política y simbólica. Aunque en los presupuestos fallidos de 2019 se destinaron 15 millones a la memoria histórica para fosas comunes principalmente, en los primeros meses de legislatura de 2018 no había más proyecto memorialista en marcha que el de Franco. El decreto fue aprobado y el Congreso lo validó en septiembre, y Sánchez consiguió una pequeña victoria: que se retrataran los partidos, que le dieron mayoritariamente su apoyo y reforzaron la imagen de que la coalición de la moción gozaba de buena salud. Tal y como habían previsto los asesores del presidente, el asunto contribuyó a retratar a PP y Ciudadanos, que se abstuvieron en el Congreso con argumentos que apelaban a las formas y a que no era una urgencia para el país.
El conflicto con el Vaticano
Los periodistas se fueron de vacaciones, no les pilló trabajando, volvieron, se acercaba el otoño y los Franco seguían peleando con alegaciones y recursos. También la Fundación Franco y la Asociación del Valle de los Caídos plantearon recusaciones y los nietos del dictador marcaron un gol al Gobierno cuando anunciaron, el 29 de septiembre, que querían enterrarlo en la catedral de la Almudena, en el corazón turístico de Madrid. Aquello ni estaba previsto ni tenía una solución ejecutiva, ya que Carmen Calvo se adentraba con sus declaraciones en el terreno pantanoso de otro Estado: El Vaticano.
La Iglesia española se mostró siempre tibia y, aunque decía en privado que no quería a Franco en la cripta de la catedral de Madrid, no estaba dispuesta a tomar ninguna medida, apelando a la humanidad cristiana. El argumento era que la tumba pertenecía a la familia y que si querían enterrarlo allí, no podían negarse. “Los muertos no tienen carné político”, decían los prelados. Las relaciones con la Iglesia se tensaron, más aún cuando Carmen Calvo fue al Vaticano a encontrarse con el jefe de los obispos españoles, Pietro Parolin, un encuentro diplomático previsto meses antes. En la reunión se habló de Franco y la Almudena, pero la versión que se dio a los medios de lo que allí sucedió fue divergente, lo que provocó un pequeño incidente diplomático. Carmen Calvo aseguró que el Vaticano estaba dispuesto a buscar una solución con ellos. Y el Vaticano rectificó en un comunicado a la vicepresidenta, señalando que respetaba lo que dijera la Iglesia española y que no iba a tomar medidas.
Era octubre de 2018 y la situación de Pedro Sánchez con su propuesta estrella no era halagüeña: no podía cumplir de momento su promesa, el dictador podía acabar en el centro de Madrid con el riesgo de convertirse en un lugar de peregrinación de nostálgicos del régimen y las relaciones con la Iglesia, reticente con el primer presidente de la historia que prometió sin crucifijo en su toma de posesión, se habían deteriorado.
Durante 2019 el proceso ha estado empantanado en distintos tribunales por las alegaciones de los Franco. De hecho, el real decreto del gobierno era tan garantista que tuvieron que pasar siete meses desde el inicio del expediente hasta que se ordenara en marzo la exhumación, prevista para el pasado 10 de junio. Los familiares entonces acudieron al Supremo a pedirle que se paralizara cautelarmente la operación. El Supremo tomó la decisión con tiempo, para dejar pasar unos meses y no interferir en las elecciones del 28 de abril. Pedro Sánchez convirtió al PSOE en la fuerza más votada pero su propuesta estrella seguía encallada. Dos meses después de las elecciones el Supremo decidió aceptar las medidas cautelares que pedía la familia y paralizar temporalmente la exhumación hasta un fallo definitivo.
Con el país mirando ya la calculadora de pactos que no salían, desde el tribunal se sugirió que el fallo final sería más o menos rápido, para no eternizar el asunto que cada vez estaba más diluido en el debate político por el desgaste del tiempo, la complejidad del proceso y el abismo que se cernía sobre la recién estrenada legislatura.
Ahora, tras la investidura fallida y con el país camino de las cuartas elecciones en cuatro años, las demandas y alegaciones que han interpuesto los Franco durante todo el proceso para retrasar la exhumación de Franco han otorgado paradójicamente una victoria política a Pedro Sánchez a las puertas de una nueva campaña electoral. El triunfo para el Gobierno en funciones llega una legislatura tarde y con el país a punto de volver a las urnas. Los socialistas se han apresurado a celebrarlo en los medios.
El presidente, de viaje por Estados Unidos, ha aprovechado su intervención ante la Asamblea General de la ONU –ha coincidido justo con la sentencia– para dedicar unos minutos a celebrar el fin de “un capítulo oscuro” de la historia española y el traslado de sus restos de donde han reposado “inmoralmente durante demasiado tiempo”. “Se ha cerrado simbólicamente el círculo democrático”, ha reivindicado.
Mientras la vicepresidenta anuncia que la retirada de los restos se llevará a cabo cuanto antes para alejarse “lo más posible de la campaña electoral”, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha celebrado en sus comparecencias públicas y en las redes sociales: “Un día histórico en el que la democracia española no rinde homenaje a dictadores y tiranos. ¡Enhorabuena a todos los demócratas!”.
Mensajes muy similares han lanzado otros dirigentes del partido que aguardan que el último acto sea la imagen histórica del dictador saliendo del Valle de los Caídos y la repercusión que ese símbolo puede tener no solo en España, también en la prensa internacional. Y todo, en plena precampaña electoral.