Pedro Sánchez propone una reforma constitucional para limitar los aforamientos a los cargos públicos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta mañana un plan para restringir los aforamientos a políticos, que impiden que puedan ser investigados por tribunales ordinarios. Según sus planes, esa reforma, que implica un cambio en la Constitución, puede estar lista en 60 días dese que el Congreso inicie su tramitación. La idea de Moncloa es que afecte a los cargos públicos, pero que la medida se circunscriba únicamente a los hechos que no tengan que ver con su actividad pública. El Ejecutivo quiere aprovechar esa reforma para cambiar el término “disminuido” para referirse a las personas con discapacidad.
En la actualidad hay 17.621 personalidades aforadas en España, entre jueces, fiscales (7.000 en total) y miembros de distintas instituciones públicas. El aforamiento no implica inviolabilidad sino que establece que solo determinados tribunales puedan investigar a estos cargos públicos, en algunos casos después de que tengan que pronunciarse los parlamentos. “El reto es que los ciudadanos vuelvan a creer en la política”, ha expresado Sánchez.
Fuentes del Ejecutivo explican que la limitación de los aforamientos afectaría a parlamentarios, miembros del Gobiernos y altos cargos, pero que se mantendría para el “ejercicio de su cargo”, es decir, que solo gozarían de aforamiento para aquelo que tenga que ver con su función pública y no con aspectos privados, por ejemplo. Esas fuentes indican que la intención del Gobierno es aprobar la iniciativa en el Consejo de Ministras de este viernes, aunque no lo dan por seguro, y que iniciarán para ello contactos con el resto de formaciones. “Se trata de acabar con los aforamientos que no son por la actividad política y son un privilegio -argumentan esas fuentes- para que todos estén en condiciones de igualdad”.
El cambio anunciado por el presidente durante un acto de conmemoración de los 100 primeros días de Gobierno en la Casa América en Madrid exigiría una reforma constitucional. En ese acto con empresarios, representantes del mundo de la cultura y la sociedad civil y miembros de su Gobierno y del PSOE, Sánchez ha reclamado el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios para eliminar ese “precepto” que, a su juicio, “pudo tener sentido en el pasado”, pero no lo tiene ahora.
El anuncio se produce en las semanas previas a la decisión del Tribunal Supremo, que debe decidir si investiga al líder del Partido Popular, Pablo Casado, por las irregularidades de su máster. La juez que investiga todo lo relacionado con la Universidad Rey Juan Carlos, Carmen Rodríguez-Medel, envió una exposición razonada al alto tribunal, el único que puede investigar a Casado, que es diputado en el Congreso, en el que observa indicios de cooperación con la prevaricación y cohecho impropio.
¿Afectaría al caso Casado?
La tesis de la juez de instrucción del caso de la Universidad Rey Juan Carlos es que a Casado le regalaron el máster “a modo de prebenda” por su relevancia política (cuando se matriculó era diputado en la Asamblea de Madrid, presidía Nuevas Generaciones en la región y era un protegido de la entonces presidenta, Esperanza Aguirre).
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, respondió la semana pasada al PP en una comparecencia en la Cámara Baja, que si Casado no está imputado, como otros de sus compañeros de máster, es exclusivamente porque tiene la condición de aforado. El PSOE salió en tromba con ese mismo argumento en plena polémica por las acusaciones de plagio en la tesis de Sánchez, que el presidente califica de “fake news”.
El propio departamento de Dolores Delgado ya anunció el pasado miércoles que había reclamado a la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación, órgano asesor del ministerio en materia legislativa, estudiar “la regulación del aforamiento en España, al objeto de mantener solo aquéllos que, de manera excepcional, sean indispensables”. La orden firmada por Delgado ponía un plazo mes y medio para que ese informe estuviese concluido antes del próximo 30 de noviembre.
La ministra enmarcó ese plan dentro del objetivo del Gobierno de favorecer la regeneración democrática de la vida pública española, “una demanda urgente de la sociedad española en los últimos años” y así lo defendió ante Ciudadanos, que ha presentado una moción en la que insta a reformar la Constitución para eliminar los aforamientos. Sánchez acelera esa medida que defendió la titular de Justicia y asegura que la reforma exprés que planteará el Consejo de Ministras puede entrar en vigor en 60 días desde que se inicie su tramitación parlamentaria.
Fuentes de Moncloa explican que la medida solo afectaría a Casado en caso de que el cambio constitucional estuviera en vigor antes de que el Supremo se pronuncie sobre si sigue adelante con la investigación o no. Esas mismas fuentes señalan que para que la modificación tuviera carácter retroactivo, sería necesario incluir una disposición transitoria.
El debate de los aforamientos se repite en las instituciones y es una reclamación de Ciudadanos, que prometió en su programa electoral acabar con ellos. En su día el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón también anunció un proyecto para limitar los aforamientos de los 17.600 a solo 22.
La reforma de la Constitución que quiere llevar a cabo Sánchez necesita de forma imprescindible al PP, ya que la propia Carta Magna establece que sus modificaciones requieren tres quintos tanto del Congreso como del Senado –donde los conservadores tienen mayoría absoluta–. En caso de no lograrse ese porcentaje, podría aprobarse con dos tercios de la Cámara Baja siempre y cuando el texto haya recibido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado.
Por ahora, Unidos Podemos ha defendido la limitación de los aforamientos y, tras el anuncio de Sánchez, ha asegurado que una reforma de la Constitución “siempre es positiva”, pero ha avisado de que no debe quedarse ahí y que debe abordar otros asuntos como el blindaje de la Sanidad y la Educación o el modelo territorial: “Los aforamientos son uno de esos asuntos. Es un solo punto. Todos tenemos que ser juzgados por igual. Pero también hay que ver por qué no se puede juzgar al rey emérito. Para eso también hay que tocar la Constitución”, ha expresado la portavoz adjunta, Noelia Vera.
El PP no ha dejado clara su posición y ha acusado al Gobierno de responder con esa iniciativa a un pacto “oscuro” con los independentistas. Ciudadanos ha saludado el anuncio del presidente y se ha abierto a abordar la inviolabilidad del rey.
