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Cuando ostenta el poder el Partido Popular considera legales posiciones que juzga como completamente contrarias a la ley cuando está en la oposición. Así ha sucedido al menos en el caso de las polémicas fórmulas empleadas por los diputados independentistas catalanes para acatar la Constitución el pasado martes, en la sesión constitutiva de las Cortes Generales.
Al igual que las otras dos derechas –Ciudadanos y Vox– la formación conservadora que preside Pablo Casado anunciaba durante ese Pleno que presentaría sendos recursos de amparo ante la Mesa del Congreso y el Tribunal Constitucional por considerar “ilegales” y “anticonstitucionales” las frases utilizadas por algunos parlamentarios para adquirir la condición plena de diputados.
“Quiero recordar que el artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General dice que para adquirir la condición plena como parlamentario hace falta acatar públicamente la Constitución”, dijo Casado durante el Pleno, según consta en el Diario de Sesiones de la Cámara Baja.
“Del mismo modo, se ha recordado que hay una resolución de la Cámara —también el artículo 20 del Reglamento— que dice que para el juramento o promesa no se pueden utilizar fórmulas que desvirtúen o vacíen el sentido del acatamiento de la Carta Magna. Y en esta ocasión, en esta sesión solemne, esto ha sucedido al menos en casi medio centenar de ocasiones. Por eso, señora presidenta, usted no debería haber dicho que todos los diputados han adquirido la condición plena como parlamentarios”, zanjaba el líder del PP.
En el caso de los electos de ERC o JxCat, los ya diputados prometieron sus cargos con la siguiente fórmula: “Por la libertad de los/las presos/as políticos y hasta la constitución de la República Catalana, por imperativo legal, sí, prometo”.
Los populares, en boca de su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, llegaban a amenazar durante el Pleno del martes a la recién reelegida presidenta de la Cámara Baja, la socialista Meritxell Batet, con que se atuviera a “las consecuencias” por permitir esa flexibilidad a la hora de validar las juras o promesas de los parlamentarios.
Sin embargo, hace apenas año y medio, cuando el PP ostentaba la Presidencia del Parlamento que se mantuvo en manos de Ana Pastor entre julio de 2016 y mayo de 2019, los conservadores dieron por válidas idénticas fórmulas de acatamiento de la Constitución que ahora consideran contrarias a la ley e incluso recurribles ante el Tribunal Constitucional.
El Diario de Sesiones del Pleno del 12 de junio de 2018, que se puede consultar íntegramente en la web del Congreso, recoge esas frases prácticamente iguales a las que el PP ahora rechaza, pronunciadas por dos diputados de ERC que prometieron su cargo ese mismo día. En riguroso catalán, Carolina Telechea y Joan Margall dijeron lo siguiente: “Per la llibertat de les preses i exiliades, per la república catalana, per imperatiu legal, sí, prometo (”Por la libertad de los presos y exiliados, por la república catalana, por imperativo legal, sí, prometo“).
En ese momento, la misma Ana Pastor que ahora tilda de “bochornoso” el mismo método empleado el martes por los diputados nacionalistas, sentenció sin titubear, tal y como se puede leer en el mismo diario de sesiones: “Doña Carolina Telechea i Lozano y don Joan Margall Sastre han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena, señorías”.
Este miércoles, en una entrevista en RNE, Pastor consideraba en cambio que en la sesión constitutiva de las Cortes del martes “se vieron casos incompatibles con la Constitución” y el PP “rechazó su legitimidad y su carácter democrático”. Se refería a las fórmulas empleadas por las fuerzas independentistas que ella misma había refrendado meses antes. La ahora vicepresidenta segunda del Congreso confirmaba además la intención del PP de llevar la polémica ante el Tribunal Constitucional.
Preguntada por esa contradicción, Pastor aseguraba este miércoles en una rueda de prensa tras la primera reunión de la Mesa de la Cámara Baja que cuando ella era presidenta del Congreso no escuchó “a ningún grupo que estuviera en contra de los acatamientos”. “Cada momento es cada momento y en cada momento se actúa conforme a la legalidad. En todas mis actuaciones lo he hecho conforme a la legalidad”, zanjaba la dirigente popular.
Batet había recordado minutos antes que su predecesora en el cargo aceptó las mismas fórmulas de acatamiento de la Constitución que pronunciaron los diputados de Unidas Podemos y de las fuerzas nacionalistas este martes en la sesión constitutiva de las Cortes cuando la dirigente popular presidía la Cámara Baja. “No hubo ninguna fórmula de acatamiento que no se produjera con anterioridad y sobre las que han decidido presidencias anteriores”, recalcó la presidenta del Congreso.
La división en la nueva Mesa quedaba reflejada por la negativa de los miembros de la derecha –dos del PP, entre ellos Pastor, y uno de Vox– a refrendar la publicación de la lista de diputados porque han considerado que “no se ha cumplido con el ordenamiento jurídico y la legalidad”.
Pese a su voto en contra, el listado se aprobaba por la abrumadora mayoría de la izquierda en el órgano de gobierno del Congreso, donde las fuerzas progresistas disponen de seis asientos frente a los tres de las conservadoras.
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