El Poder Judicial renueva cinco años al juez que autoriza las escuchas del CNI
El pleno del Consejo General del Poder Judicial debate este jueves la elección del magistrado que tendrá en su mano los próximos cinco años que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) conozca la vida de los otros. Los 20 vocales del CGPJ designarán al juez del Tribunal Supremo que atenderá las solicitudes del servicio español de Inteligencia para intervenir las comunicaciones o entrar en un domicilio sin dejar rastro. Según ha sabido eldiario.es de fuentes jurídicas, Carlos Lesmes propondrá que esa responsabilidad vuelva a recaer en Pablo Lucas, quien asumió el cargo en 2009.
La Ley Orgánica que regula desde 2002 el funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia otorga al presidente del Consejo General del Poder Judicial la potestad de proponer al magistrado del Tribunal Supremo asignado al servicio de Inteligencia. Fuentes del CGPJ descartan sorpresas y dan por hecho que saldrá adelante la propuesta de Lesmes al pleno, de mayoría conservadora.
Pablo Lucas fue elegido magistrado de enlace con el CNI en noviembre de 2009, en sustitución de Ramón Trillo, quien debía jubilarse dos años después. Durante su etapa, el servicio de Inteligencia ha desempeñado un papel clave en el proceso de final de la violencia de ETA y en el control del fenómeno yihadista en España. En este último ámbito, los Gobiernos del PSOE y el PP han dejado en manos del Centro Nacional de Inteligencia la estrategia para liberar a los españoles secuestrados en el extranjero por grupos de islamistas radicales.
El asunto más comprometido para el CNI estos años de cuantos han saltado a la opinión pública fue el de las comunicaciones intervenidas por la agencia estadounidense NSA, reveladas por Eduard Snowden. Las informaciones al respecto obligaron al director del CNI, Félix Sanz Roldán, a comparecer ante la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados, donde tuvo que abordar la colaboración del espionaje español con la agencia estadounidense de intervención de las comunicaciones. Dicha intervención cerró la polémica entre los partidos con representación parlamentaria.
“Prevenir amenazas a la integridad territorial”
La creación de la figura del magistrado de enlace en la Ley 2/2002 no estuvo exenta de polémica. Mientras las Fuerzas de Seguridad solo pueden contar con autorización para intervención de las comunicaciones o allanamiento de una vivienda con un proceso judicial en curso, el magistrado de enlace puede autorizar al CNI actuaciones de ese tipo “siempre que tales medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro”.
¿Y cuáles son esas funciones? El artículo 1 de la misma Ley las resume en una sola que deja lugar a distintas interpretaciones: “facilitar al presidente del Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones”.
En las contadas ocasiones que Sanz Roldán hace declaraciones, el general suele insistir en que todas las actuaciones del CNI están previamente autorizadas por el magistrado de enlace. A diferencia de su antecesor, Ramón Trillo, el mandato de Lucas ha estado hasta el momento exento de polémicas. De Trillo trascendió que mientras él controlaba las escuchas del CNI, su hija era contratada por el Centro.
Catedrático de Derecho Constitucional, Lucas fue nombrado subdirector general del Centro de Estudios Constitucionales, dependiente del Ministerio de Relaciones con las Cortes, en 1987, durante el segundo Gobierno de Felipe González. En 2001, ya con mayoría conservadora en el Poder Judicial, entró a formar parte del Tribunal Supremo, donde en la actualidad integra la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
En el acuerdo por el que el CGPJ lo designó como juez de enlance en 2009 se destacaba la “solidez de sus resoluciones judiciales” y el “profundo conocimiento” del Derecho Constitucional que atesora. La “simbiosis” de esas dos cualidades, destacaba el escrito firmado por Carlos Dívar, lo hacen idóneo para el cometido, ya que debe decidir sobre derechos fundamentales de los ciudadanos.
Pablo Lucas es hijo del fallecido catedrático de Derecho Político el mismo nombre, quien fuera militante del Partido Socialista Popular de Euskadi y colaborador de Enrique Tierno Galván. Su hermano, Enrique Lucas, es en la actualidad vocal del CGPJ a propuesta del PNV y, como tal, se abstendrá en la votación de este jueves en el Pleno.
Con la renovación de Lucas, el Gobierno ofrece otra muestra de su deseo de continuidad para el Centro Nacional de Inteligencia, como ya hiciera con su director el pasado mes de julio. Sanz Roldán se ha ganado la confianza del actual Ejecutivo, especialmente de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría –de quién depende jerárquicamente-, a pesar de haber sido elegido para el cargo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Las trayectorias del general, como director del CNI, y de Lucas, como magistrado de enlace, corren paralelas. Ambos fueron elegidos en fechas próximas para el cargo.
