Un único policía ha sido apartado del servicio de los seis expedientados por el caso Villarejo

Cinco agentes en activo y uno en segunda actividad han sido expedientados después de que la Audiencia Nacional comunicara a la Dirección General de la Policía su imputación en el caso Villarejo. De esos cinco mandos, solo uno ha visto cómo la apertura del expediente ha derivado en la suspensión inmediata de sus funciones. Los otros cuatro continúan acudiendo a trabajar a diario en puestos alejados de aquellos que les permitieron participar en las maniobras contra la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, entre los años 2012 y 2016.

La referencia que ha utilizado la Dirección General de la Policía para apartar del servicio son el tipo de medidas cautelares impuestas por el juez cuando han declarado como investigados. Aquellos a los que se les ha retirado el pasaporte, prohibido salir del país o impuesto comparecencias mensuales en el juzgado, quedan fuera de la suspensión por no ser medidas “suficientemente gravosas”, aseguran fuentes oficiales del Cuerpo. De acuerdo a esta interpretación de la Ley de Régimen Disciplinario, la imposición de comparecencias quincenales en el juzgado sí es motivo suficiente para que el agente no vuelva a trabajar hasta que se resuelva su expediente.

Esta aplicación del texto legal permite, por ejemplo, que el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago acuda todos los días a la Jefatura Superior de Madrid, también después de que haya sido publicada la grabación en la que ofrece en abril de 2016 un acuerdo extrajudicial a un exministro de Hugo Chávez para perjudicar a Podemos. Como el resto de los expedientados no apartados, Fuentes Gago conserva su placa y su pistola. 

Fuentes Gago fue cesado de su puesto anterior de libre designación, el de agregado de Interior en La Haya, por el actual equipo de Interior y enviado a las labores burocráticas que desempeña en la actualidad. El inspector jefe cobraba 10.000 brutos mensuales, una cifra muy similar al sueldo de su esposa, también policía e igualmente destinada en tiempos del PP en esa ciudad europea. Ella fue igualmente cesada. El mes pasado, el juez Manuel García Castellón interrogó a Fuentes Gago como investigado por el espionaje a Bárcenas con fondos reservados. La Dirección de la Policía le abrió expediente al ser informada, lo que no le ha impedido iniciar los trámites para optar al ascenso a comisario.

El artículo 65 de la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía establece, en su punto primero, que la suspensión provisional podrá acordarse por la incoación de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave o “como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal”.

Se trataría de una “medida cautelar” en el plano disciplinario cuya adopción, según el artículo 33 de esa Ley, corresponde acordar al director general de la Policía, Francisco Pardo. Las fuentes de la Dirección de la Policía consultadas alegan, sin embargo, que “jurisprudencia” del Tribunal Supremo obliga a que las medidas cautelares que conlleven la suspensión tengan una gravedad suficiente, como comparecencias quincenales, y que no sirven otras como la prohibición de salir del país o la obligación de presentarse en el juzgado todos los meses. 

Todos los expedientes policiales abiertos raíz de una imputación se paralizan hasta que haya una sentencia firme. En el caso de que los agentes recurran hasta el Tribunal Supremo, el expediente administrativo puede estar detenido años. Los cambios en su situación penal, como ser condenados en primera instancia, pueden provocar que sean apartados del servicio si no lo habían sido antes.

El Régimen Disciplinario de la Policía responde a una Ley Orgánica aprobada en 2010, durante el mandato de Zapatero. Su última reforma, de 2015, es consecuencia de la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y no afectó a las suspensiones provisionales. La principal consecuencia de no ser suspendido de funciones es que el policía sigue cobrando su sueldo íntegro. El punto 5 del  artículo 65 establece que el funcionario suspendido “tendrá derecho a percibir el cien por cien de las retribuciones básicas”, en las que no entran los complementos.

El único imputado en el marco del caso Villarejo que ha sido suspendido provisionalmente es el comisario Carlos Salamanca y no está investigado en la pieza del espionaje a Bárcenas, en la que coinciden los principales protagonistas de la brigada política. Salamanca fue detenido el mismo día que José Manuel Villarejo, el 3 de noviembre de 2017, y enviado a prisión provisional por la jueza Carmen Lamela. Arrestado en su despacho de jefe de Seguridad Central de Fronteras, pasó en la cárcel más de diez meses. Una semana después de su detención fue dictada su suspensión de funciones.

Carlos Salamanca está acusado de recibir cohechos a cambio de introducir ilegalmente ciudadanos guineanos en España y de colaborar con Villarejo en el informe King, la pieza principal del caso sobre un dosier para una de las facciones del entorno del dictador guineano Obiang. El juez De Egea le rebajó a mediados de septiembre la fianza a 100.000 euros, lo que facilitó su libertad provisional. Y le impuso comparecencias quincenales en el juzgado, además de la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte. Esa imposición de comparecencias quincenales hizo que no se levantara la decisión de retirada provisional del servicio.

Gómez Gordo, imputado y recién ascendido a comisario

La laxa normativa interna para la suspensión de funciones provoca también que otro de los imputados en el caso Villarejo y miembro de la brigada política, Andrés Gómez Gordo, haya estrenado ascenso y destino en las últimas semanas. Gómez Gordo, sospechoso de haber captado al topo de los Bárcenas, se encontraba en excedencia cuando contactó presuntamente con el chófer. Trabajaba como director de Análisis y Documentación de la Junta de Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal, para la que actuaba como jefe de escolta, entre otros cometidos. Regresó a la Policía apenas un mes antes de que la exdirigente del PP perdiera el Gobierno autonómico y a los seis meses fue condecorado con una medalla pensionada.

Gómez Gordo volvió a la Policía con su rango de inspector jefe. Intentó ascender a comisario cuando ya había aflorado la actividad de la policía política y fue suspendido. Sin embargo, la inclusión de un miembro de la cúpula del Cuerpo en el tribunal de acceso le despejó el camino al ascenso. Juan Carlos Ortiz, máximo responsable de Información y de la Policía Judicial con el ministro Zoido, había sido jefe de la Policía en Castilla-La Mancha mientras Cospedal era presidenta y Gómez Gordo su asesor.

El cambio de Gobierno sorprendió a Andrés Gómez Gordo realizando ya el curso de comisario y el 20 de diciembre juró el cargo en un acto presidido por el director general. En el discurso central, Francisco Pardo dijo a los nuevos comisarios: “La Policía Nacional es sobre todo Ley. Para los ciudadanos representa la aplicación de la Ley, el cumplimiento de la Ley y el respeto a la Ley. Por tanto, reaccionad frente a los vicios y torpezas de unos cuantos para que sus acciones no empañen el nombre de nuestra institución”. eldiario.es adelantó el 21 de febrero la imputación de Gómez Gordo por participar presuntamente en la operación “parapolicial” de espionaje a Bárcenas para beneficiar a “dirigentes del Partido Popular”, según sospecha el juez.

'Boni': dos expedientes, al borde del banquillo y activo

Otro de los mandos beneficiados ha sido el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, 'Boni', integrante de la primera línea de la brigada política que se sentará en el banquillo junto al jefe de la misma, Eugenio Pino, por intentar introducir información robada en el caso de los Pujol. El juez dictó auto de pase a procedimiento abreviado contra ellos por los delitos de fraude procesal, revelación de secretos y falso testimonio. Ni el expediente que ha motivado ese procesamiento, ni su imputación por el espionaje a Bárcenas han motivado su suspensión cautelar de funciones.

El actual Ministerio del Interior cesó a Díez Sevillano de su puesto en la Embajada de México (11.000 euros brutos mensuales) el pasado diciembre. Sin embargo, el proceso de relevo se ha extendido durante meses y su declaración por el caso Villarejo en la Audiencia Nacional le sorprendió todavía con pasaporte diplomático. El hecho de que anduviera a caballo entre México y España llevó a la Fiscalía a evitar solicitar para él medidas cautelares. Sin medidas cautelares contra él, la Dirección de la Policía le ha mantenido en su nuevo destino en la Jefatura Superior de Madrid a pesar de los dos expedientes abiertos.

Igualmente imputado por el caso Villarejo está Sergio Ríos Esgueva, el exchófer de los Bárcenas que actuó como topo y que fue recompensado con fondos reservados y el ingreso en la Policía. Ríos Esgueva está destinado en la Brigada Móvil de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, considerado en el Cuerpo como un destino privilegiado. Y allí sigue después de su imputación el pasado mes de enero por robo, prevaricación y malversación de fondos públicos. El anterior juez del caso Villarejo, Diego de Egea, tan solo le impuso como medida cautelar la prohibición de salir del país.

El artículo 2 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía excluye a los agentes jubilados de su “ámbito de aplicación”, por lo que el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino, el propio Villarejo, Marcelino Martín-Blas y Enrique García Castaño son algunos de los que no han recibido expedientes. Por el momento hay más de una docena de policías, en activo y jubilados, imputados en las distintas piezas del caso Villarejo.

El Régimen Disciplinario afecta, sin embargo, a los que se encuentren en segunda actividad sin destino, motivo por el que hay un sexto expediente, abierto contra el inspector jefe Antonio Bonilla, imputado en el caso Villarejo por la obtención y difusión de datos confidenciales. Bonilla trabaja fuera de la Policía.