El 6 de julio habrán pasado cinco años desde que la Policía puso patas arriba en Alicante la vivienda y el yate del empresario Enrique Ortiz, presunto cabecilla de una trama de corrupción sostenida por los contactos con la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, quien aquel día permaneció 12 horas detenido. Ha sido un lustro después, y solo mediante la intervención del Consejo General del Poder Judicial, cuando la Policía ha entregado al juez instructor el informe sobre la documentación incautada en los registros a Ortiz.
La remisión del informe al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante permite, según fuentes jurídicas, encarar la fase de juicio oral por el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, en el que la exalcaldesa Castedo está imputada por varios delitos de corrupción.
Los requerimientos del juez a la Policía comenzaron en 2012 y acabaron el 4 de marzo. Harto de no obtener una respuesta positiva, el juez Manrique Tejada del Castillo no dudó en acudir a una nueva herramienta creada en el seno del CGPJ para respaldar a los jueces en este tipo de demandas. Se trata de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), que se estrenó enviando una carta al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, conminándole a que removiera “los obstáculos” que impedían la emisión de dichos informes. Después de cinco años de dilaciones, la gestión de la UACC surtió efecto en menos de un mes y, antes de las elecciones municipales del 24 de mayo, el juez recibió el informe requerido.
La investigación de la trama de corrupción venía de atrás, pero fue aquel 6 de julio de 2010 cuando toda España conoció la ‘Operación Brugal’, donde se entrecruzaban las pesquisas por el Plan Urbano de Alicante y la concesión de la gestión de los residuos en la comarca de la Vega Baja. Los intereses del ladrillo y las basuras conectaban al todopoderoso PP alicantino y al empresario más importante de la provincia, Enrique Ortiz. Sonia Castedo está imputada por revelación de información privilegiada, dos delitos de cohecho y otros tantos de tráfico de influencias. El operativo dio pie a 20 causas judiciales distintas.
Pero los avances en las investigaciones se comenzaron a torcer en febrero de 2012, al poco del relevo en la cúpula del Ministerio del Interior con la victoria del Partido Popular. El día 6 de ese mes, el juez Tejada del Castillo remitió un oficio a la Policía requiriendo un informe sobre los efectos y documentación intervenidos en los registros efectuados un año y medio antes. El juez quería saber qué se podía utilizar de la documentación requisada en la sede del Grupo Cívica, el domicilio particular y un yate del empresario Enrique Ortiz, epicentro de la trama de corrupción.
Ortiz era el empresario de referencia de la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante. De su estrecha relación con Castedo hablan las conversaciones telefónicas incorporadas a la causa, que puso de manifiesto que tanto Castedo como Ripoll disfrutaron de los lujos del yate de Ortiz, el ‘Elena’, valorado en casi 10 millones de euros.
En septiembre de 2012, el juez Tejada elevó exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por encontrar indicios de delitos en los por entonces aforados Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, su antecesor en la Alcaldía de Alicante. Alperi, en abril de 2014, y Castedo al mes siguiente, se vieron forzados a dejar sus actas de diputados autonómicos, por lo que el caso regresó al Juzgado número 5 de Alicante. Seis meses después, Tejada daba un plazo de dos meses para que la UDEF remitiera los informes pendientes, pero el 6 de enero concluyó sin que la Policía respondiera.
Según publicó eldiario.es, el juez envió un oficio al comisario provincial de Alicante, José Javier Cuasante, en el que exigía que le informara del “estado de la investigación y, en su caso, ponga los medios personales y/o materiales necesarios para poder llevar a cabo por parte del grupo policial las conclusiones de la investigación sobre el llamado caso del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante”. El magistrado elevaba el tono de su misiva: “Máxime teniendo en cuenta que alguno de los informes pendientes se refieren al resultado de la entrada y registro en el domicilio personal del señor Ortiz, sede social del Grupo Cívica y embarcación Elena, llevado a cabo el 6 de julio de 2010 y que ya fue solicitado por este mismo juzgado por oficio el 6 de febrero de 2012”.
Desbloqueo en Orihuela
Pero no ha sido hasta la intermediación del Poder Judicial que la Policía no ha recibido el impulso necesario para concluir los informes. Según fuentes jurídicas ha ocurrido lo mismo con otros informes que reclamaba la jueza de Orihuela que investiga la adjudicación del tratamiento de basuras en la Vega Baja, Rosa María Villegas. La magistrada dio un ultimátum a la Policía en enero para que analizara la documentación incautada también en los registros del verano de 2010 y elaborara un informe.
Los culpables no se han sentado en el banquillo antes de las elecciones autonómicas y municipales porque la Policía no entregaba a la jueza sus informes. Villegas cerró la instrucción en septiembre de 2014, señalando a 40 imputados, diez de ellos concejales o exconcejales del PP. Cinco años después, y tras la advertencia del Poder Judicial a la Policía, ya tiene toda la documentación que le permitirá llevar a juicio.
El 19 de agosto del año pasado, la magistrada –la séptima que se hacía cargo del caso- señalaba en una providencia que la instrucción se daba por “concluida” sin necesidad de acordar nuevas pruebas “cuando se reciban las dos últimas diligencias solicitadas hace meses: la remisión del informe de la UDEF sobre los registros practicados en dependencias municipales en julio de 2010, y el informe del interventor sobre la liquidación del contrato con la concesionaria de la recogida”. La Policía aducía ante la jueza falta de medios. El informe de la UDEF le ha llegado hace unos días, según las citadas fuentes.