La Policía está investigando las transferencias por valor de más de 40.000 euros sin justificar efectuadas por el principal implicado del 'caso máster' Enrique Álvaro Conde a sus familiares a través de las cuentas del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
En un informe policial, incorporado el pasado julio a la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid contra Conde por un delito de malversación, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid detalla los movimientos del catedrático en las cuentas del Instituto, muchos de los cuales están sin justificar, especialmente aquellos hechos a su familia.
“Es llamativo que personas de las que no consta en la Universidad Rey Juan Carlos que tengan vinculación con el Instituto de Derecho Público de la propia URJC, reciban trasferencias de dinero de las cuentas de dicho Instituto, no constando en dichas transferencias ningún tipo de concepto justificativo de la misma”, señala la Policía en su informe, al que ha tenido acceso Efe.
Por lo que la Policía señala que “se va a proceder a la toma de nuevas declaraciones, para tratar de averiguar los motivos de dichas transferencias” sin entrar en más detalles.
Y pide a la jueza que solicite al Banco Santander y al Banco Mediolanum que remitan “la información relativa a las cuentas que el Instituto tiene o ha tenido abiertas en dichas entidades, detallando todos los movimientos realizados en las referidas cuentas desde su apertura” así como conocer quienes eran los administradores, las tarjetas asociadas y los poseedores de estas últimas.
Álvarez Conde era el único administrador de las dos cuentas bancarias del Instituto, que contaba hasta su cierre con un CIF distinto del de la propia universidad.
El informe señala que los pagos a sus hijos, Andrea Álvarez de la Cal y Enrique Álvarez de la Cal, suman 21.950 euros, muchos de ellos bajo el concepto “colaboración IDP”.
A los que hay que sumar los más de 20.000 euros transferidos al gestor de una de sus cuentas, Jorge Martín Javato, quien resulta ser su yerno, y al hermano de este, Alberto Martín Javato.
La Policía consultó a la universidad qué vinculación tienen o tuvieron en el pasado estas cuatro personas con la URJC.
Y la respuesta fue que “no consta ninguna vinculación” como personas de administración y servicios en la universidad, así como que “no existe documentación alguna” respecto a su posible relación con el Instituto de Derecho Pública que dirigía Conde.
Es más, destaca que el yerno de Conde y su hermano ni siquiera figuran en la base de datos de la universidad, mientras que respecto de sus hijos explica que fueran estudiantes en el pasado, uno de un grado de ingeniería de materiales y otro de un doctorado en Derechos Fundamentales y Libertades Púbicas, ambos finalizados.
Al margen de estos pagos relacionados con sus familiares, existen numerosos “movimientos de dinero no justificados o explicados con conceptos difícilmente relacionados con una universidad pública” como a la profesora Cecilia Rosado, imputada en el pieza principal del Juzgado 51, con el concepto “préstamo” o una compra en un hotel de Londres.
Pero también otras irregularidades como pagos con la tarjeta en restaurantes, grandes almacenes y establecimientos de alimentación en las navidades de 2016, pescaderías o la retirada el pasado febrero de 3.000 euros en 24 horas de las cuentas del Instituto.
Todos estos movimientos fueron advertidos por el delegado del rector Pablo Acosta, quien al poco de ser nombrado responsable del Instituto en sustitución de Conde, revisó las cuentas de esta institución y vio numerosas “transferencias que le resultaban dudosas”.
La titular del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid Coro Monreal Huerta inició la investigación tras una denuncia de la universidad por malversación que se centra en las presuntas irregularidades económicas que efectuó Álvarez Conde a través de las cuentas del Instituto, relacionadas con el desvío de fondos para fines personales.
Poco después se inhibió en el Juzgado de Instrucción número 51 que instruye el denominado 'caso máster' pero la magistrada Carmen Rodríguez Medel rechazo asumir la causa al considerar que “entorpecería la instrucción”, por lo que el procedimiento volvió al juzgado 34.