La política del Gobierno sobre las lenguas cooficiales divide al Senado

El Senado ha debatido hoy una moción del PNV a favor del respeto a la “realidad plurilingüe” del Estado, rechazada por la mayoría absoluta del PP y cuyo debate ha puesto en evidencia la división entre el grupo popular y el resto de la Cámara a cuenta de la política del Gobierno con las lenguas cooficiales.

Los nacionalistas vascos han logrado el apoyo de otras fuerzas de la oposición, como el PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT o EH-Bildu, hasta reunir 101 votos a favor, pero se han topado con los 150 votos negativos del PP, Cs, UPN y Foro Asturias; Compromís se ha abstenido.

En el trasfondo de la moción del PNV ha estado el debate sobre las condiciones impuestas a los funcionarios estatales para desempeñar su trabajo en territorios con lenguas cooficiales, como Cataluña, Galicia o el País Vasco, de manera que se les obligue a conocer estas lenguas.

La senadora del PNV Nerea Ahedo ha puesto de relieve que en la última Oferta Pública de Empleo de la Administración General del Estado se han ofertado 340 plazas para el País Vasco sin que se vaya a exigir a los candidatos saber ni una sola palabra de euskera, lo que a su juicio impedirá a los vascoparlantes ser atendidos en ese idioma por la Administración de Justicia o la de Hacienda.

Por ello, su moción pretendía que el Senado, además de reconocer la “realidad plurilingüe” del Estado, instara al Gobierno a “cumplir” la Carta Europea de Lenguas Minoritarias y a “respetar” las políticas de normalización lingüística autonómicas, fomentando “planes de uso” por parte del Estado para sus funcionarios.

También pedía “tener en cuenta las necesidades de la población y la realidad sociolingüística de las diferentes Comunidades a la hora de organizar los procesos de selección de personal de la Administración General del Estado”.

El hecho de que el texto no reconociera la labor de los Gobiernos desde la aprobación de la Constitución en favor de las lenguas vernáculas ha llevado al PP a pedir, sin éxito, una nueva redacción que dejara claro que en este tiempo sí se han respetado las políticas de normalización y la Carta Europea.

“La normalización exige ritmos tranquilos, acuerdos, consensos, pero un ritmo tranquilo no es igual que parálisis; la Administración General del Estado ha estado paralizada 40 años”, ha argumentado la senadora Ahedo.

Porque a su entender sí está claro que no se facilita a los ciudadanos que se relacionen con el Estado en las lenguas cooficiales, pese a ser un derecho reconocido en la Constitución, porque en el País Vasco son muy pocos, y sólo por voluntad propia, los funcionarios estatales que utilizan el euskera.

Desde el PP, la senadora Clara San Damián le ha replicado que el castellano es la lengua oficial que “une a los ciudadanos y los territorios de España” y que nunca ha visto que suponga un problema en ningún lugar, y ha advertido contra el uso de las lenguas “como instrumento de confrontación” o “de odio”.

“No podemos permitirnos renunciar a ningún funcionario por el hecho de que no conozca una lengua cooficial”, ha señalado respecto a los requisitos lingüísticos para los empleados públicos.

En nombre del PSOE, Joan Lerma ha restado importancia al valor “un poco ridículo” de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias si se compara con la protección “efectiva” que en España tienen unas lenguas cooficiales “vivas” y que siguen creciendo, protección corroborada por sentencias del Tribunal Constitucional.

José Ramón Arrieta, de Unidos Podemos, ha considerado una “asignatura pendiente que el Estado asuma su naturaleza plurilingüe” por lo que ha reclamado a la Administración Periférica del Estado “cumplir con el régimen de doble nacionalidad”, además de reclamar una Ley de Lenguas y el “acercamiento” de los idiomas cooficiales a toda España.

Por parte de ERC, Bernat Picornell ha subrayado que el Consejo de Europa ha reconocido “problemas significativos” muy graves en el cumplimiento por parte de España de la Carta Europea y ha puesto de relieve que el 90 por ciento de los productos que se venden en Cataluña están etiquetados sólo en castellano.

Para el senador del PDeCAT Joan Bagué la moción pone “el dedo en la llaga” sobre el “incumplimento reiterado” de estos preceptos por el Gobierno, mientras para Jon Iñarritu (EH-Bildu) “no hay igualdad, sino imposición de una lengua única obligatoria, que es el castellano”.

En nombre de UPN, Patxi Yanguas ha rechazado expresamente la imposición de lenguas o el adoctrinamiento político y ha arremetido con la política de expansión lingüística del euskera en Navarra promovida por Geroa Bai.