La relación del Partido Popular con el aborto, una de las principales conquistas sociales logradas por las mujeres y el movimiento feminista, ha sido complejas desde su legalización, en 1985. Entonces, la Coalición Popular que integraba a Alianza Popular, el Partido Liberal o el PDP, entre otros, votó contra su regulación en una ley de supuestos que permitía la interrupción voluntaria del embarazo en unas circunstancias muy concretas. Luego la recurrió al Tribunal Constitucional que, con algunos peros, convalidó la norma.
35 años después, el PP, heredero de esa Coalición Popular que encabezó la oposición a la legalización del aborto en España, reclama aquella misma ley como su modelo a seguir. El presidente del partido, Pablo Casado, llegó a decir que aquella fue una norma “de consenso”, pese a que con preguntar en sus propias filas o revisar el Diario de Sesiones y la jurisprudencia del Constitucional, vería que no es así.
De hecho, la situación se repitió un cuarto de siglo después. El Congreso aprobó en 2010 una nueva ley, promovida otra vez por un Gobierno del PSOE, que ampliaba los derechos de las mujeres y despenalizaba el aborto. El PP votó no, salió a la calle a manifestarse de la mano de la Iglesia Católica y llevó la norma otra vez al Constitucional, con la diferencia de que el Alto Tribunal lleva 11 años con la sentencia guardada en un cajón y su ponente, el exdiputado del PP Andrés Ollero, tiene los días contados en la institución tras haber caducado su mandato en 2019 y a las puertas de un acuerdo entre PP y PSOE para buscarle sucesor.
El PP defiende oficialmente que mientras no se evacúe la sentencia, que arrastra un retraso difícilmente justificable y que ha agitado a los sectores más ultras contra el que consideraban uno de los suyos, no tienen posición formal sobre uno de los derechos que más han peleado las mujeres a lo largo y ancho de la historia. Fuentes oficiales de la dirección de Pablo Casado han apuntado a elDiario.es que “la posición del partido es esperar a lo que diga” el Alto Tribunal. Una respuesta que puede retrasarse todavía más si la renovación pactada sale adelante.
Todo, después de que el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, se desmarcara esta misma semana de esta línea para asegurar que él “volvería a la ley del 85”. Y de que su rival interna, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijera el mismo día, unas horas antes, que PSOE y Podemos tratan el aborto como “una fiesta o una celebración” y afirmara que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser una decisión que se tome una vez y no “cuatro veces como hacen muchas” mujeres, una cifra que supone solo el 3% de quienes ejercen este derecho.
La extemporánea competición entre Ayuso y Almeida se produjo al día siguiente de la celebración del 12 de octubre. Esa mañana, los periódicos El País y Abc publicaban sendas informaciones en las que aseguraban que la intención del PP, toda vez que el Constitucional dicte sentencia, es legislar para “volver” a esa ley de 1985. Algo que en Génova no quisieron confirmar pese a que hay declaraciones públicas de Casado en este sentido. De hecho, el presidente del PP ha demostrado sobradamente su sintonía ideológica con Ayuso. En la línea de su recién descubierta enemiga interna, el líder de la oposición ha llegado a decir que en España “hay barra libre para abortar” hasta la semana 22 de gestación, pese a que la norma actual considera el aborto libre solo hasta la semana 14 de gestación. A partir de ese momento, “excepcionalmente” y por causas médicas, se podrán practicar abortos hasta la semana 22.
Los dos medios citados recogían en sus informaciones que, además del aborto, también son objetivo del PP las leyes de eutanasia o trans, si el partido logra una mayoría parlamentaria que lo permita. La idea la esbozó Casado en el discurso de cierre de la convención nacional de su partido. Una intervención largamente preparada y medida en la que el líder conservador lanzó una opa a los votantes de Vox. Una vez más, la posición del PP sobre las leyes sociales más avanzadas sirven de barómetro para medir la presión ideológica en su interior.
Pero aquel 3 de octubre Casado no mencionó la palabra “aborto”. “Eutanasia” sí, una vez. Pero “aborto”, no. De hecho, habló de “vida”, el eufemismo que los prohibicionistas utilizan en su rechazo a la interrupción del embarazo: “Nosotros defendemos la cultura de la vida, con ayudas y sin castigos, como política social y no penal. Y por eso creemos que las administraciones deben estar siempre a favor de la vida. Y si tienen dudas, que apuesten por la vida. Y si faltan recursos, que los pongan para salvar vidas. Y si se equivocan que lo hagan a favor de la vida”.
En el PP todavía pesa el único intento que ha hecho uno de sus gobiernos de legislar sobre la materia. No fue José María Aznar en sus dos legislatura. Ni siquiera cuando tuvo las manos libres tras la mayoría absoluta que logró en el 2000. Fue Mariano Rajoy, a partir de 2012. La tarea no se la encomendó a su ministra de Sanidad, Ana Mato, sino al titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El hijo de José María Ruiz-Gallardón, quien firmara el fallido recurso en el Tribunal Constitucional contra la ley de 1985.
El intento de Ruiz-Gallardón de retroceder el reloj a 1985 se estampó contra la realidad social de España. Su proyecto de ley obtuvo el rechazo abrumador del movimiento feminista, que lo contestó en la calle. Y pese a la mayoría absoluta con la que contaba Rajoy, y a que reformar la ley del aborto era una promesa electoral del PP, el presidente optó por zanjar el asunto ante las encuestas, que una y otra vez mostraban cómo la sociedad era favorable a la legislación vigente.
Rajoy dijo que “lo más sensato” era no proseguir con el plan diseñado por el ministro de Justicia. Y Gallardón dimitió. Del todo. Dejó el Gobierno, el escaño y sus cargos orgánicos, , aunque sí progresó uno de los cambios que preparaba: impedir que las mujeres de 16 y 17 años pudieran decidir abortar sin el consentimiento de sus progenitores, algo que pretende ahora recuperar el Gobierno con la ley que prepara la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Desde entonces, poco o nada se ha sabido de Gallardón, mención aparte de su presencia en alguno de los muchos sumarios que investigan al PP de Madrid, aunque el exalcalde de la capital ha salido bien parado en todos. Corría septiembre de 2014 y el tablero político español había saltado por los aires unos meses antes.
Pero el actual PP no tiene tan claro que su rechazo al aborto les haga perder votos. O así lo expresan. Así lo expresó su portavoz el miércoles pasado tras las palabras de Ayuso. “En el Partido Popular hemos aprendido la lección y, como ya hemos dicho, el no cumplimiento de promesas electorales que llevaron a los españoles a confiar en nosotros ha hecho que se produjera un decrecimiento de nuestro apoyo electoral”, dijo Almeida. Justo la tesis opuesta a la defendida por Rajoy en 2014. Desde entonces ha emergido Vox, partido que apuesta por defender “la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, sacar el aborto de la Sanidad Pública y regresar a 1985.
“Nosotros hemos tomado nota de que los españoles quieren que se cumplan los compromisos electorales que uno asume y esa es la razón”, añadió Almeida, en una primera persona del plural que no se corresponde con el mensaje oficial de Génova. Fuentes próximas al alcalde consultadas por elDiario.es sostienen que sus declaraciones fueron una “opinión personal”. En el programa electoral de 2019 que figura en la web del PP no aparecen las palabras “aborto” ni “embarazo”, a diferencia de lo ocurrido en 2011.
En 2016, Rajoy ya borró el término de su propuesta a los españoles, aunque mantuvo las ayudas directas a las mujeres menores de edad que llevaran el embarazo hasta el final. En el estreno de la convención nacional del PP Mariano Rajoy dio un consejo a su sucesor: “Olvidarse de los eslóganes, el dogmatismo, de la demagogia y del sectarismo”. Días después, José María Aznar le pidió “dar la batalla cultural”. Todavía está por ver a quién hará caso Pablo Casado.