El PP se abre a acordar con el Gobierno el Pacto contra la Violencia de Género

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género caduca a finales de 2022 y el Ministerio de Igualdad ya ha comenzado los trámites para que el Congreso negocie y apruebe uno nuevo. Los dos partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, anunciaron el miércoles que habían propuesto a los grupos parlamentarios “la actualización” del acuerdo. A todos. Fuentes del grupo parlamentario de Pablo Casado han asegurado a elDiario.es que su intención es “dar continuidad” al Pacto de Estado, pero reclaman para ello que se ponga en valor el promovido a finales de 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy y que el ministerio de Irene Montero actúe “de manera eficaz para cumplir todas las medidas acordadas” en él.

Igualdad ya ha remitido a los grupos del Congreso el borrador del dictamen, que ahora deberá ser debatido en la comisión parlamentaria. El documento es fruto del trabajo de los dos partidos que sustentan al Gobierno. En concreto, de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández. En las semanas previas se han producido reuniones y contactos con los demás partidos, entre ellos el PP.

Desde el grupo que lidera Cuca Gamarra apuntan a elDiario.es que quieren “dar continuidad al Pacto”. Aunque también aprovechan para reivindicar el actual documento. “Previamente”, continúan las mismas fuentes, “el Gobierno tiene que actuar de manera eficaz para cumplir todas las medidas acordadas en 2017”. El PP denuncia “la incoherencia” del Ministerio de Igualdad “porque anuncia su voluntad de renovar el Pacto, cuando ha demostrado su nulo interés en desarrollar las medidas que contempla dicho Pacto de Estado, aprobado en 2017 gracias a la capacidad de negociación del Gobierno del PP. Un Pacto que, con 214 medidas y dotado de 1.000 millones de euros para cinco años, ha supuesto un enorme avance en la atención institucional a este problema”.

El Pacto actual fue aprobado en diciembre de ese año. Y pocos meses después se produjo la moción de censura que supuso la salida de Mariano Rajoy del Gobierno. Fue en 2019 cuando comenzó a ejecutarse realmente el pacto, que en realidad debe ser implementado por comunidades autónomas y ayuntamientos, principalmente. Es decir: el Gobierno central pone el dinero y las administraciones territoriales lo ejecutan. Ahí suelen producirse asimetrías, pues no todas actúan con la misma celeridad ni profundidad a la hora de poner en marcha las medidas.

También la irrupción de la pandemia lastró la implementación del Pacto por el actual Gobierno de coalición. El pasado mes de julio, los ministerios de Igualdad, Interior, Sanidad, Derechos Sociales y Justicia llevaron al Consejo de Ministros una batería de medidas urgentes para frenar la violencia machista en las que se incluían medidas emanadas del Pacto de 2017.

Entonces, Unidos Podemos se abstuvo en la votación al considerar “insuficiente” el acuerdo, tal y como declaró la por entonces diputada Ángela Rodríguez. Uno de los reproches que se hizo era la poca financiación de los planes.

Fuentes del Ministerio de Igualdad consultadas por elDiario.es confirman que “desde el Gobierno se está negociando con los grupos” del Congreso y que hay “máxima predisposición en volver al consenso”. “Tanto PSOE como Unidas Podemos quieren que el PP esté en el pacto”, zanjan las mismas fuentes.

“Blindar” el Pacto

Dentro del dictamen que se debatirá en el Congreso, Igualdad ha incluido lo que llaman el “blindaje” del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Una reforma de la ley para hacerlo fijo “gobierne quien gobierne” y que no lo deje al albur de las mayorías parlamentarias, salvo que alguien en el futuro proponga reformar la misma norma para eliminar esa protección.

Igualdad puso en marcha a finales de octubre la consulta pública de la Ley de Violencia de Género para introducir esta modificación que, de salir adelante, evitaría tener que renegociar el Pacto cada cierto tiempo, lo que garantizaría su sostenimiento económico.

El texto del dictamen reconoce que el pacto de 2017 “supuso un hito clave” que no obtuvo ningún voto en contra en el Congreso y el Senado. La idea del Ministerio era abordar el proyecto en el seno del Gobierno a través de una reforma “muy específica” de la ley con el objetivo de “blindar su permanencia” y que se constituya “como una exhortación atemporal a las administraciones públicas” para que continúe vertebrando la respuesta del “país contra la violencia machista”. Dado ese paso, ahora es el turno de las Cortes Generales.

Sobre este punto en concreto el PP ha preferido no posicionarse. A preguntas de elDiario.es, desde el grupo parlamentario de Pablo Casado aseguran que “no se ha hablado” del blindaje del Pacto.