El PP balear, atrapado en su código ético a tres meses de las elecciones

'Si yo no puedo presentarme a alcalde, José Ramón Bauzá no debería tampoco poder encabezar la lista del partido a la Comunidad Autónoma'. Quien así se expresa es Llorenç Suau, alcalde del Partido Popular en la localidad mallorquina de Andratx. Él, que ha caído de la pugna interna por ser número uno del PP en las listas electorales de su municipio el 24 de mayo, es uno de los que dentro de la formación conservadora opina que ha llegado el momento de replantearse el código ético. Entiende él, pero también otros militantes y dirigentes 'populares', que aquél código ético creado años atrás, cuando se multiplicaban los casos de corrupción -relacionados casi siempre con el paso de Jaume Matas y Maria Antònia Munar por las instituciones- no es de aplicación ahora. 'Actualmente se imputa con mucha facilidad, y se lleva al terreno del delito penal meras faltas administrativas', destaca un jurista vinculado a la formación conservadora, y partidario también de rebajar el grado de exigencia.

Y es que esa norma no escrita según la cual cualquier imputado queda de forma automática fuera de las listas electorales, está causando más de un quebradero de cabeza a los 'populares', que se ven atrapados entre la lealtad a esos principios y la injusticia que se puede cometer cuando se pone el listón tan alto. Algunos candidatos han caído de las listas por imputaciones que han quedado finalmente en nada, y esta misma semana se ha sabido que el candidato popular en el municipio de Calvià deberá declarar como imputado el 2 de marzo por una presunta malversación cometida durante su etapa como director general de la televisión autonómica. Un asunto quizás de escaso recorrido judicial, toda vez que la propia Comisión Nacional de la Competencia desestimó en su día la demanda, planteada por una televisión privada de ámbito balear. Pero eso sí, suficiente como para poder 'cargarse' las aspiraciones de José Manuel Ruiz, una de las apuestas del presidente Bauzá para mantener el gobierno de los municipios más importantes del archipiélago.

Hoy, las fuerzas políticas con representación en el Parlament balear exigen 'coherencia' al presidente del Govern, frotándose las manos por un código ético que nadie más en el arco parlamentario aplica con tal rigor. Sí lo hizo durante algún tipo el grupo econacionalista Més, pero acabaron renunciando a esa idea tras comprobar que 'se podían producir muchas situaciones injustas y de difícil remedio', confiesan desde la formación que lidera Biel Barceló.

Ahora sin embargo el implacable código ético planea sobre el jefe del ejecutivo, que podría caer víctima de su propia norma. La Audiencia de Palma ha ordenado esta semana investigar a José Ramón Bauzá, propietario de una botica en el municipio de Marratxí, por no autorizar la apertura de nuevas famacias en las Islas. Quieren saber los magistrados si el presidente del Govern pudiera haber cometido un presunto delito de prevaricación administrativa.

La dilatación en el tiempo para la concesión de 42 nuevas licencias a farmacias, y la aprobación durante este periodo de una ley regional de farmacia que endurece los requisitos para la puesta en marcha de nuevas tiendas ha llevado a un particular a interponer esta querella, archivada en su día a petición también de fiscalía, pero que ahora se ha retomado por parte de la Audiencia.

A esa situación procesal por la que atraviesa el líder balear del PP se refiere el alcalde de Andratx cuando compara su situación con la de Bauzá, que ve amenazado su futuro político más inmediato por una exigente norma que, en opinión de Llorenç Suau y de un creciente número de militantes 'populares', 'provoca que acaben pagando justos por pecadores'. De momento, la portavoz del ejecutivo, Nuria Riera, aseguraba este viernes que el presidente 'pondrá su cargo a disposición y cumplirá el código ético' si finalmente es imputado de manera formal por la justicia en relación a ese asunto.

Mientras, la forma en que se adquirió en su día la sede palmesana del Partido Popular sigue levantando sospechas y dibujando un panorama turbio a falta de 100 días exactos para pasar por las urnas. Así lo entiende la Fiscalía Anticorrupción, que esta semana pedía al juez Castro que investigue la forma en que se llevó a cabo tal adquisición. Una petición que llega después de que Luis Bárcenas haya asegurado que varios empresarios fueron los encargados de financiar la reforma del inmueble. El ex tesorero del PP coincidió así con la confesión realizada en su día por el ex regidor Rodrigo de Santos al señalar al constructor Antonio Pinal como uno de los empresarios que sufragaron las obras de la sede.

Este viernes, la portavoz del Grupo Popular, Margalida Prohens, aseguraba que desde su formación no tienen 'nada que ocultar', y recordó que son partidarios de que se investigue 'todo'. Según sus cuentas, la sede se compró en abril de 2003 (durante la etapa de Jaume Matas) gracias a una hipoteca de 1.050.000 euros, y un año más tarde se adquirió una parte más del edificio por valor de 579.000 euros. Después, entre 2005 y 2006, se abonarían otros 886.000 euros en obras de reforma y adecuación del inmueble. Todo pagado, según el PP, con las aportaciones 'de afiliados y altos cargos'.

Las explicaciones deberán llegar ahora a sede judicial, ya que esa presunta financiación ilegal de los conservadores, que les habría servido para comprar y reformar su sede en la capital balear se ha convertido desde ayer, mediante auto del juez Castro, en una nueva pieza, la que hace número 28, del caso Palma Arena.