“El CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo e Indra cuenta los votos; confiamos en los profesionales de estas instituciones, pero no en la voluntad de Sánchez”. Con esta frase, pronunciada ante los periodistas el pasado lunes por el vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, el partido que preside Alberto Núñez Feijóo asume uno de los bulos que la ultraderecha ha esgrimido en los últimos años en sus ataques a las instituciones y que pone en duda uno de los principios básicos de la democracia: la fiabilidad de las elecciones. La aseveración sorprendió a los periodistas, que repreguntaron a quien ejerce como interlocutor del principal partido de la oposición con el Gobierno de coalición. Pons insistió en una falsedad (“Indra recuenta los votos”), y, lejos de recular, apuntó directamente a las supuestas intenciones del presidente del Gobierno ante las elecciones generales de 2023: “Indra da los resultados la primera noche”.
El bulo sobre la posibilidad de manipulación de las elecciones por parte de la empresa tecnológica, participada mayoritariamente por el Estado a través de la SEPI, no es nuevo. Pero hasta ahora se había limitado a posiciones ultras sin mucha proyección más allá de foros de Internet, Facebook o Twitter. O había sido abanderado por los órganos de difusión de la fundación Disenso, que preside Santiago Abascal, para atacar la legalidad de las elecciones en Colombia, donde se ha impuesto el candidato de izquierdas Gustavo Petro.
Pero ahora se ha producido un salto cualitativo que compite con la ultraderecha y que va más allá del trumpismo de Isabel Díaz Ayuso. Lo que en un primer momento pudo parecer un exceso verbal de Pons se ha convertido en la doctrina del PP, que ha sumado a su acervo algunas teorías conspirativas que distan del perfil institucional, de gestión, que quiere imprimir Feijóo a su mandato al frente del partido. Además de sembrar dudas sobre la limpieza de las elecciones, o las intenciones del Gobierno al respecto, el PP ha azuzado teorías sobre el material robado del teléfono de Sánchez con el software Pegasus, la existencia de un proceso para cambiar “el orden mundial” o la existencia de un supuesto pacto secreto entre el Ejecutivo y EE UU a cuenta de la cumbre de la OTAN celebrada esta misma semana en Madrid.
El propio Feijóo confirmó el lunes por la noche que lo de Pons, uno de los dirigentes del PP más próximos al presidente, no era un exabrupto. En un acto organizado por La Razón, el senador planteó que “al desprestigio de la Fiscalía General del Estado, del CIS y del CNI se añade el control de empresas estratégicas, como Indra. Y el control al que parece ser se va a someter al INE”.
No se quedó ahí. El presidente del PP participó el martes en un curso organizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que forma parte de la CEOE, y la Universidad Rey Juan Carlos. De primeras, Feijóo no quiso relacionar la dimisión del presidente del INE con el censo electoral. Pero sí con las estadísticas oficiales. En opinión del jefe de la oposición, “no sirve de nada negar los datos y cesar a los responsables de elaborarlos”, obviando que Juan Manuel Rodríguez Poo ha dimitido, aunque es cierto que las discrepancias entre el Gobierno y el organismo encargado de elaborar las estadísticas oficiales son notorias desde hace semanas.
No es la primera vez que Feijóo pone en duda los datos de los organismos del Estado. A principios del pasado mes de junio, el senador acusó directamente al Gobierno de “maquillar” los datos del paro. En su opinión, los datos de la Encuesta de Población Activa, que realizan el Ministerio de Trabajo y el INE, no reflejan la realidad, ya que la reforma laboral que impulsó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, supone que “antes un contrato temporal sí computaba y ahora un fijo discontinuo no computa”.
Pero la verdad está lejos de esta afirmación de Feijóo, que suma lustros en cargos de responsabilidad pública como para conocer que los contratos fijos discontinuos (figura que ahora se han reforzado) no computan como parados registrados en el SEPE, aunque sí pueden aparecer como tal en la EPA en algunos casos, sin que se haya producido ningún cambio en la estadística con respecto a cuando gobernaba el PP. No solo el de Mariano Rajoy, tampoco el de José María Aznar.
El presidente del PP sostuvo que “el cese” de Poo “pone en duda, en entredicho, las instituciones y la fiabilidad de los datos estadísticos en España”. “Es una pésima noticia para la credibilidad de España”, añadió. E insistió: “Es un error que afecta a la credibilidad, fiabilidad y reputación del Gobierno de España”. El director del curso, Javier Fernández Arribas, agradeció la exposición de la situación económica que planteó Feijóo y le despidió con un doble deseo: “Esperemos que el año que viene sea más positiva y ya veremos si es usted presidente del Gobierno o no, o hay que esperar un poquito”.
A la salida, Feijóo sí aprovechó las preguntas de los periodistas para abonar las dudas sobre las intenciones del Gobierno de coalición. Preguntado expresamente si cree que Sánchez busca controlas las elecciones, el líder del PP respondió que hay una “acción concertada” para tomar Indra y más órganos, informa Europa Press. “Algo se está moviendo en Indra y algo debería preocupar a los españoles de buena fe” acerca de “qué es lo que está haciendo el Gobierno en esa empresa”. El presidente del partido no fue tan lejos como su vicesecretario de Institucional el lunes, quien planteó: “Después de perder las elecciones, en cuatro días de furia, Sánchez ha decidido controlar a los españoles para asegurarse que no vuelven a equivocarse al votar”.
Asumir el relato de Vox
El mismo martes, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, reiteró el argumentario en la sala de prensa del Congreso, desde donde aseguró que se están dando “actitudes propias de un Gobierno en descomposición” que “lo único que busca es blindarse a costa del control de todo tipo de instituciones y de empresas”.
Gamarra sumó a la ecuación la variable del Tribunal Constitucional. Según la número dos de Feijóo, el cambio en la ley que regula el Consejo General del Poder Judicial, que pretende sortear el bloqueo a su renovación al que lo somete precisamente el PP desde hace tres años y medio, y que ahora se ha extendido al tribunal de garantías, forma parte de un “asalto a las instituciones que es preocupante”.
La también portavoz parlamentaria del PP dijo sobre Indra que “cuando la SEPI lleva a cabo un movimiento de esta envergadura es para algo”, en referencia al aumento de la participación del Estado en la empresa tecnológica y a los cambios que se han producido en las últimas semanas en su Consejo de Administración. Una pugna por el control de una compañía clave para el Estado al que no ha escapado ningún Gobierno, pero que el PP ha decidido trufar con conspiranoia. “Indra tiene una labor importante en los procesos electorales”, dijo Gamarra, quien zanjó que lo ocurrido producirá una “pérdida de calidad democrática”.
El PP va a intentar llevar estas teorías a la sede de la soberanía popular con la petición de comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien depende la SEPI; de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, por la dimisión del presidente del INE; así como del presidente de la CNMV y de la propia SEPI.
En esa misma sala de prensa, unos minutos después, Vox usó al PP como punto de apoyo para hacer palanca y se sumaba a la tesis del “asalto al poder” de Pedro Sánchez para, entre otras cosas, controlar el recuento electoral. Su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, señaló sus sospechas por lo “asombroso” de la “rapidez” con la que Indra ofrece resultados en las noches electorales, especialmente el pasado 10 de noviembre de 2019. Fue en los comicios en los que Vox logró 52 diputados.
Pero según la tesis de la ultraderecha, asumidas ahora por el PP de Feijóo, 23.000 funcionarios públicos estarían en disposición de sumarse a una hipotética gran estafa electoral en los comicios venideros. O, al menos, esa es la intención del Gobierno de coalición. Espinosa no perdió la oportunidad de señalar a los de Feijóo, y dijo que a la “toma del poder de las instituciones ”ha contribuido“ el PP, informa Europa Press.
La “trazabilidad” de Feijóo
La del supuesto uso de Indra en futuras elecciones no es la única conspiración azuzada por el PP en las últimas semanas. Ni por Feijóo en los últimos años. El dirigente presume de que su actuación en política, que suma ya cuatro décadas, es poco dada a sorpresas. “Concibo la política por la trazabilidad”, dijo el martes en el curso organizado por ATA.
Que Feijóo siembre dudas sobre la actuación de un Gobierno de otro color en las elecciones no es algo nuevo. De hecho, ya debutó en la primera línea política con una teoría similar. Sucedió en las elecciones gallegas de 2005 en las que Feijóo se jugaba su futuro político, después de haber sido incorporado en 2003 a la Xunta desde Madrid tras la polémica gestión del hundimiento del Prestige. Primero, como consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda. Después, fue ascendido a vicepresidente primero.
Feijóo tenía una oportunidad como delfín de Manuel Fraga en una Galicia que apuntaba a cambio de régimen. Y puso en duda la fiabilidad de la empresa pública Correos, de la que él mismo fue presidente precisamente en su periodo político inmediatamente anterior: entre 2000 y 2003.
El equipo del dirigente gallego pidió entonces al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero custodiar las sacas del voto exterior a su llegada al aeropuerto de Barajas, ante el pasmo de algunos dirigentes socialistas que se preguntaban si disponía de algún indicio para sospechar de cambiazos en la empresa pública que precisamente venía de presidir justo antes de incorporarse al Gobierno gallego.
El asunto alimentó los titulares de la prensa durante unos días, pero el final estaba cantado. Fraga perdió las elecciones, el recuento de los votos de los gallegos migrados no cambió el resultado de las cuatro provincias gallegas y Feijóo se fue a la oposición, antes de ser elegido líder del PP gallego como sustituto del presidente fundador.
De Marruecos y el móvil de Sánchez al nuevo orden mundial y el aborto
El jefe del principal partido de la oposición en España arrancó el mes de junio poniendo en duda los datos del paro y lo terminó con el esbozo de un hipotético pucherazo electoral. Pero el uso de las teorías de la conspiración, más definidas o simplemente insinuadas, va más allá. El PP se ha sumado, por ejemplo, a quienes sostienen que el viraje de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental se debe al material que le fue sustraído del teléfono móvil gracias al software espía Pegasus.
Un robo que fue real, y le costó el puesto a la directora del CNI. Pero que ha condicionado la Política Exterior española, tal y como sostiene en Génova. Así lo afirmó en la sede del PP su secretaria general, Cuca Gamarra, quien reclamó al presidente “dar explicaciones sobre qué material le fue sustraído de su móvil y si compromete su labor”. “Hay muchas preguntas sin respuesta”, añadió.
A finales de mayo, Gamarra insistió en cuestionar si el presidente del Gobierno está “atado de pies y manos” por el robo de información de su dispositivo. “Es coherente preguntar si el espionaje a su móvil está relacionado con sorpresivos cambios de las posiciones políticas de Estado”, dejó dicho la también portavoz parlamentaria, quien zanjó: “Nunca debería haber un pago o rescate por los archivos de su móvil”.
En este caso no hay un solo indicio que sostenga las insinuaciones del PP. Pese a ello, siempre que tiene ocasión desliza dudas sobre el motivo del cambio imprimido por Sánchez a la Política Exterior española, que se materializó semanas antes de que Madrid recibiera la Cumbre de la OTAN que ha reescrito el denominado Concepto Estratégico de la organización tras la invasión rusa de Ucrania.
“Urge que Sánchez aclare si la información robada de su móvil condicionó su errática actuación con el Sáhara”, dijo en Twitter a principios de junio González Pons.
Unos días después, cuando el CNI descartó que el robo de información del móvil de Sánchez fuera una acción de Marruecos, el vicesecretario de Institucional del PP insistió en la misma red social: “¿No decían que no se puede saber quién robó datos? ¿Le darán esa información al juez? ¿Si no hay información sensible del presidente o de Interior por qué se lo cuentan al CNI y no al Congreso? ¿Hemos de creer a este CNI decapitado, convertido en otro CIS?”.
En este marco, las recientes palabras sobre el aborto pronunciada en Miami por Isabel Díaz Ayuso casi han pasado desapercibidas, pero son una muestra más de que el discurso marcadamente trumpista del PP no era una cosa de Casado, sino que ha echado raíces. “Estos debates se generan de manera artificial para despistar sobre otras cuestiones y normalmente tienen como objeto dividir socialmente”, dijo cuestionada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de EE UU. Ayuso siguió: “Me parece que es un debate como otros muchos, que no son casualidad, acerca de la identidad sexual, de las drogas o del mundo racial (...) que se provocan para que estemos confrontados el hombre con la mujer, rico-pobre, el homosexual con el heterosexual, creencias de un lado y del otro, lo público con lo privado, el empresario con el trabajador”. Y concluyó: “Son debates para hacer estallar desde dentro los sistemas, mientras otras potencias, de manera callada, potencias que desde luego no respetan ni la vida, ni la libertad, ni todos los valores que nos damos en occidente, crecen, crecen, crecen y al final van a ir imponiendo poco a poco ese orden mundial”.
La teoría del Nuevo Orden Mundial es una de las muchas esgrimidas por la ultraderecha de todo el mundo y que, en sus múltiples variantes, viene a advertir de una suerte de conspiración para gobernar todo el planeta, destruir la civilización occidental y un largo etcétera de fines poco elaborados.
Las palabras de Feijóo y su dirección chocan con la imagen presidenciable y de hombre de Estado que quiere proyectar el líder del PP, pero es un suma y sigue de otras falsedades que el partido ha sostenido en las últimas semanas, algunas heredadas directamente de su predecesor en el cargo, Pablo Casado.
Desde su llegada a la presidencia del PP Feijóo no ha dudado en decir que los fondos europeos estaban bloqueados por la Comisión Europea, cuando España es el primer país, y único de momento, que ha recibido el tercer tramo del dinero comprometido. También ha sostenido que el Gobierno ingresa el doble en impuestos por el incremento del precio del combustible, lo cual es doblemente falso porque no es el doble y buena parte del dinero se reparte entre las diferentes comunidades autónomas. O que Sánchez se niega a bajar el tributo de Hidrocarburos, para después reconocer que debe existir previamente un acuerdo al respecto en el seno de la UE.
Este mismo viernes, González Pons lanzaba otra tesis tras la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid. El vicesecretario de Institucional insinuaba que el presidente del Gobierno y el de EE UU han llegado a un acuerdo secreto al margen de la declaración conjunta firmada por Pedro Sánchez y Joe Biden. “El Gobierno es el que conoce el contenido del acuerdo”, dijo en Telecinco. “Me gustaría saber qué ha comprometido con el Gobierno norteamericano”, añadió. “No conocemos nada del tratado con EE UU”, concluyó, no sin antes asegurar que la ministra de Defensa, Margarita Robles, tampoco “conoce la letra pequeña”.
“Los políticos lo primero que tenemos que hacer es no mentirle a la gente”, dijo Alberto Núñez Feijóo este jueves en Getxo (Bizkaia) en un viaje a Euskadi que le sirvió para ratificar (temporalmente) a Carlos Iturgaiz al frente del partido en el País Vasco. Toda una carga de profundidad para el discurso enarbolado por su propio partido en su objetivo de hacerse con el Palacio de la Moncloa.