La Comisión de Justicia del Senado ha rechazado hoy una moción del grupo parlamentario de la Entesa que pedía al Gobierno que ayudase a financiar las pruebas de ADN a los afectados por los casos de “niños robados” para determinar la relación biológica entre personas, al oponerse el PP.
Con 15 votos en contra, todos del grupo parlamentario popular, y 9 favor, la Comisión ha desestimado la moción, que ha sido defendida por el senador de la Entesa del Progrés de Catalunya (EPC), Joan Saura y que cifraba la ayuda en 45 millones de euros.
El precio de la prueba del ADN oscila hoy en día entre los 130 y los 450 euros, que debe costear íntegramente la persona afectada.
Fuentes del PP han explicado a Efe que la senadora Ángeles Armisén ha justificado el rechazo a la moción por razones presupuestarias y por respaldar la línea de actuación que el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, anunció en esta materia el pasado 6 de marzo.
Armisén, han apuntado las fuentes, ha mostrado la solidaridad y el apoyo del PP con los afectados, y ha señalado que el objetivo del Gobierno es agilizar el drama y que se descubra la verdad.
Por su parte, Saura ha dicho a Efe tras el debate que lamenta que las víctimas y familiares no tengan un soporte ni una ayuda de la Administración.
Con todo, ha señalado que “habría que buscar una fórmula en la que, sin que la Administración pague todo, sí que sufragara una parte en los casos donde hubiera mas evidencia” porque, ha agregado, “muchos de los afectados viven con una ansiedad terrible por no poderse costear las pruebas”.
Saura ha solicitado, además, una comparecencia de los afectados en el Senado, para que “expliquen lo que han pasado, porque eso pone los pelos de punta”.
Este miércoles, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se reunirá con las asociaciones de afectados por la causa de los “niños robados” para informarles sobre el desarrollo de las actuaciones realizadas por el Gobierno hasta el momento en esta materia.
Dicha reunión se enmarca dentro de los compromisos adquiridos por la comisión creada el pasado 12 de abril que, coordinada por Justicia, participan también Sanidad, Interior y la Fiscalía,.
Entre ellos, el de crear un censo de posibles casos de “niños robados”, lo que permitirá conocer la “dimensión real” de este problema, según indicó Ruiz-Gallardón cuando anunció la creación de este grupo de trabajo especializado, y ayudar al reencuentro de los familiares.