- Amnistía Internacional denuncia que la exportación de armas españolas en 2014 ha favorecido la comisión de crímenes de guerra en países en conflicto como Yemen o República Centroafricana
Hay que defender a la industria armamentística e informar a los ciudadanos de los beneficios que produce la investigación en esta materia. Es lo que pide el Partido Popular en el Congreso. La solicitud se enmarca en las propuestas de resolución sobre el informe 'Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, otro material y tecnologías de doble uso en el año 2014', presentado por los grupos de la Cámara Baja. En su propuesta número 54, el PP advierte de la necesidad de “informar a los ciudadanos de los beneficios producidos por la investigación en tecnologías de la defensa como forma de evitar que injustamente se criminalice esta industria con criterios populistas, en colaboración con los sindicatos y las asociaciones profesionales”.
La relación del ejecutivo con el mundo de la industria armamentística ha sido muy criticada desde que Rajoy decidió poner al frente del Ministerio de Defensa a Pedro Morenés, que hasta su nombramiento había sido directivo en una de las principales empresas españolas dedicadas a la fabricación de armas. El titular de Defensa fue consejero de Instalaza S.A., empresa dedicada a la fabricación de armas y que tuvo bombas de racimo entre su cartera de productos, hasta su prohibición en 2008. Según desveló el rotativo estadounidense The New York Times, estas bombas fueron utilizadas por las fuerzas leales a Muamar Gadafi en Libia contra la población civil.
La empresa para la que trabajó el ahora ministro es una de las principales suministradoras del ministerio de Defensa para quien fabrican, entre otros productos, la granada Alhambra. Bajo su mandato los incrementos en gasto militar han sido constantes y, casi siempre, fuera de lo inicialmente presupuestado.
La recomendación del PP contrasta con la postura de las ONG que, esta semana, han denunciado que la exportación de armas españolas durante el año 2014 ha favorecido la comisión de crímenes de guerra. Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón critican que se siga suministrando armamento a países en conflicto como Yemen, Camerún, Ucrania o Egipto.
Además, hicieron llegar un informe a todos los grupos parlamentarios en el Congreso para que tuvieran en cuenta una serie de recomendaciones antes de redactar sus propuestas de resolución al informe sobre 'Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, otro material y de productos y tecnologías de doble uso en el año 2014'.
Las otras propuestas del PP
Los populares, coincidiendo con el resto de los grupos, también proponen que se apliquen criterios más restrictivos en la venta de material antidisturbios y que se tenga en cuenta la situación de los Derechos Humanos del país receptor. Asimismo piden que se refuerce el control de las exportaciones de armamento si cabe la posibilidad de que este llegue a “actores no estatales de índole terrorista”.
Además de labores informativas sobre los beneficios de la industria de armamento, piden en su escrito “fomentar la divulgación de la legislación sobre exportación de material de defensa entre la población, así como la difusión de información sobre la legislación española en material de exportación de material de defensa”.
Entre sus propuestas, destaca la de intensificar la consulta con las Organizaciones no Gubernamentales con presencia en los países de destino del material exportado.
El resto de grupos (ERC, CiU, PSOE, Izquierda Plural y UpyD) apuestan por pedir más control sobre las exportaciones y realizar un seguimiento real en el país de receptor. En estos momentos, el seguimiento que realiza el Gobierno sobre los productos que exporta termina cuando las armas llegan al país receptor pero luego no se analiza si estas armas, como sucede en el caso de Camerún y la República Centroafricana según las ONG, llegan a países en guerra.
Analizar el historial pasado y actual de los países receptores de armas, la rendición de cuentas, la mejora de la información sobre el uso final y el usuario final o la publicación trimestral online de las autorizaciones de licencias de exportaciones (como hace Reino Unido) son algunas de las peticiones que sostienen el resto de grupos.