El documento interno con los argumentos que los miembros del PP deben esgrimir para defender la Ley de Seguridad Ciudadana afirma que la aprobación de la norma era necesaria por el gran número de disturbios violentos producidos en los últimos tres años. Según el texto, estos fueron 1.000 de enero de 2012 a septiembre de este año y provocaron un coste que el PP cifra en 47,5 millones de euros. El número de heridos ascendió a 865 ciudadanos y a 618 agentes de Policía y Guardia Civil.
Los datos no son ciertos, si nos tenemos a la estadística oficial del Ministerio de Interior. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presumía este miércoles en el Congreso de que el total de manifestaciones en los últimos tres años era de 90.000. En el debate para aprobar la nueva ley, negó que las protestas violentas en España sean numerosas y comentó que “solo suponen un 0,08% de las más de 90.000 manifestaciones pacíficas que se han convocado”. Esa proporción supone que solo hubo problemas de violencia en 72 de ellas.
El departamento de Fernández Díaz ha confirmado la cifra a eldiario.es y no se explica de dónde sale el número tan abultado que recoge el PP en el argumentario difundido a sus cargos. Tampoco ofrece detalles sobre cómo puede ser que los altercados hayan supuesto un coste de 47,5 millones de euros, según recoge el documento elaborado en la sede de Génova. Interior no precisa qué conceptos pueden entrar en esa cantidad, más allá de las horas extra pagadas a los agentes desplegados para controlarlas o los destrozos en material urbano, que no cuantifica.
Una ley para “el normal desarrollo de la vida en libertad”
El argumentario interno difundido por el partido insiste en que la norma que este jueves salió del Congreso aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP es “profundamente democrática y garantista” y busca “el normal desarrollo en libertad de la vida de todos”. También se niega que persiga recortar los derechos de libre expresión e impedir las manifestaciones de protesta contra el Gobierno. El documento asegura que se protege el ejercicio de estos derechos y que la cuantía de las multas no ha cambiado desde las aprobadas en la norma de 1992.
El número de infracciones tampoco se ha visto modificado, ya que el texto afirma que se han reducido de 58 a 45. Y para justificar el importe de las sanciones, que pueden llegar hasta 600.000 euros en caso de infracción muy grave, el PP aduce que otras administraciones, como el Gobierno vasco, pretenden aprobar leyes similares con iguales multas.
Sin mención a las “devoluciones en caliente”
A pesar de que una enmienda introducida a última hora legalizará las devoluciones en caliente de los inmigrantes en las zonas fronterizas de Ceuta y Melilla, el argumentario no hace la menor referencia a este aspecto. El ministro Fernández Díaz volvió a provocar la polémica al responder así a las críticas a las devoluciones ilegales que formulan tanto las ONG como el Consejo de Europa, entre otras instituciones: “Que me den la dirección y les enviamos a esta pobre gente”.
Lo impropio de la declaración no impidió que el ministro repitiera las mismas palabras dos veces el mismo día, durante una entrevista en Antena 3 a primera hora de la mañana y a preguntas de los periodistas en el pasillo del Congreso unas horas después. “Si alguien tiene una forma distinta de operar a como lo hace la Guardia Civil, que nos lo diga. Hasta ahora nadie ha sido capaz de decírnoslo”, se reafirmó.