Cinco años, seis meses, y 21 días. Es el tiempo que ha durado el histórico bloqueo por parte del PP del Consejo General del Poder Judicial hasta que, por fin, los de Alberto Núñez Feijóo rubricaron este martes con el PSOE un acuerdo para su renovación. Un pacto logrado gracias a la mediación de la Comisión Europea, que fue escenificado en Bruselas por los negociadores principales de ambos partidos, Félix Bolaños y Esteban González Pons, ante la mirada de la vicepresidenta Vera Jourova. Un acuerdo calcado, en líneas generales, al que el PP rechazó en octubre de 2022.
El PP y el PSOE estuvieron en el otoño de hace dos años a punto de sellar la renovación del CGPJ, pero Feijóo ordenó levantarse de la mesa. La presión del ala dura del PP, con Isabel Díaz Ayuso en primera fila, desbarató el pacto, aunque en público adujeron que el motivo era que el Gobierno les había engañado con la reforma del Código Penal para eliminar la sedición y modificar la malversación.
Ese acuerdo de 2022 ya incluía, como el de hoy, la ampliación de 15 a 20 años la experiencia necesaria para ser magistrado en el Supremo, contemplaba una comisión para ahondar en la “valoración objetiva” de los nombramientos de jueces e incluía una regulación de las puertas giratorias entre política y justicia. Es el mismo régimen que incluye el pacto que hoy ha puesto de acuerdo a PP y PSOE.
Dos años después, y pese a defender que el Gobierno será incapaz de legislar, de sacar adelante los Presupuestos Generales para 2025, y que está sentenciado por la “corrupción” que afecta al presidente, Pedro Sánchez, y su “entorno”, el PP sí ha sellado el acuerdo. Lo ha hecho el mismo día que se han confirmado las primeras exculpaciones totales para líderes políticos y activistas del procés gracias a la ley de amnistía.
Feijóo asumió el acuerdo en primera persona. En una rueda de prensa ante los medios, se reivindicó ante propios y ajenos. “Se acabó cualquier opción de controlar políticamente al Poder Judicial”, dijo. “El PSOE no va a controlar el Poder Judicial. Y el PP, tampoco. Por mi parte, misión cumplida”, remachó.
Feijóo reconoció haber sufrido “desazón” desde que llegó a la dirección del PP, hace poco más de dos años. “Asistir a la deriva de la política nacional me ha generado una profunda desazón en muchos momentos, y en este asunto he recibido presiones de todo tipo y he escuchado afirmaciones diversas, incluso contradictorias”, confesó. “Mantenerme firme en la defensa de la independencia judicial, terminase esto en un acuerdo o en desacuerdo, les aseguro que no ha sido fácil”, zanjó.
El líder del PP se anticipó a las posibles críticas internas, que de momento no han llegado, y dijo dar por cumplidos los “objetivos” que se marcó “casi en su totalidad”. Porque Feijóo ha tenido que renunciar a uno de los principales elementos de presión sobre el PSOE: el manido “que los jueces elijan a los jueces”.
Y con un plan que no es de cosecha propia. Ya Pablo Casado planteó delegar en el nuevo CGPJ el diseño del nuevo sistema de elección de los jueces, la fórmula que ahora ha desatascado el acuerdo. Así, Feijóo ha dado su consentimiento este martes a un acuerdo asentado en una propuesta de su predecesor y en los mismos elementos que no aceptó en octubre de 2022.
Fin a un CGPJ pactado en 2013
El acuerdo fulmina una composición del órgano de gobierno de los jueces negociada en diciembre de 2013, en tiempos de mayoría absoluta de Mariano Rajoy y con Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del PSOE, y que caducó en diciembre de 2018, hace más de dos mil días. Pedro Sánchez apenas cumplía medio año en la Moncloa y al frente del PP estaba Pablo Casado, en Ciudadanos, Albert Rivera, y en Podemos, Pablo Iglesias. Vox apenas acababa de lograr su primera representación autonómica en Andalucía.
“Este acuerdo pone fin a una anomalía institucional y constitucional que tenía nuestro país desde hace cinco años y devuelve la normalidad a uno de los poderes del estado. Hoy, por tanto, es un gran día para la justicia y para la democracia”, celebró Bolaños durante su comparecencia. El vicesecretario del PP, por su parte, puso en valor que “ni el Gobierno ni ningún grupo tendrá capacidad para influir en las decisiones en el futuro” porque “las mayorías requeridas serán siempre de tres quintos [13 de los 21 vocales], con el concurso de todas las sensibilidades”.
En realidad, el modelo de tres quintos para los nombramientos más relevantes ya lo había recuperado el PSOE en 2018, después de que la derecha hubiera utilizado en 2013 su rodillo parlamentario para cambiar el sistema e imponer que las resoluciones del órgano, salvo que la ley orgánica exigiera de forma expresa otra cosa, se adoptaran por mayoría simple (más síes que noes). Ahora, esa mayoría cualificada que ya operaba para el nombramiento de los jueces del Supremo, el presidente de la Audiencia Nacional y los presidentes de los tribunales autonómicos se amplía a la designación de los presidentes de las audiencias provinciales y a la elección del magistrado del Supremo que controla la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Además de las implicaciones eminentemente jurídicas e institucionales, con un centenar de plazas sin cubrir en la alta magistratura, el desbloqueo tiene un sinfín de lecturas políticas. Por parte del Gobierno, la valoración es que la renovación del Poder Judicial llega apenas dos semanas después del ultimátum del presidente Pedro Sánchez, sin atender a “los chantajes” de la derecha de reformar la ley y no cumplir con la legislación vigente y con la convicción de que dota de “profundidad” a la legislatura.
En el PP confirman que este último intento de negociación se inició después del ultimátum (“amenaza”, según fuentes de la dirección) que lanzó Sánchez en una entrevista el pasado 12 de junio. La ventana de oportunidad terminaba el 30 de junio, y a las partes les han sobrado cinco días.
Ambos han intentado trasladar durante el martes la idea de que han triunfado en el pacto. “Si Feijóo llega a pensar que la legislatura está muerta y que puede haber elecciones en otoño o en navidad, no firma este acuerdo”, señalan desde el equipo del presidente, donde concluyen que es el PP quien ha tenido que hacer “el recorrido más largo” para atenerse un pacto del que han renegado tantas veces.
Un acuerdo para “reforzar la independencia” judicial
Según fuentes socialistas al corriente de la negociación, el éxito de este último tramo de conversaciones ha estado marcado por “la presión de la carrera judicial, la mediación de la Comisión Europea y el ultimátum del presidente del Gobierno”. E insisten en la relevancia de haber impedido una reforma como la que hasta esta misma semana seguía exigiendo el PP. “Evitamos cualquier reforma de tipo corporativo en la elección de los vocales que perpetuase la mayoría conservadora. Y el orden es el que dijimos: se renueva con la ley vigente. Luego ya veremos esa modificación de la ley. Pero ahora se renueva como dijimos”, reivindican.
“Llevan años diciendo que primero se cambiaba la ley y luego hablábamos, y ha sido justo al revés. Nosotros hemos mantenido nuestra postura, les hemos dado un ultimátum y ha tenido efectos: se renueva el Consejo con la ley vigente, tal y como mandata la Constitución, y luego ya veremos”, apuntan en la Moncloa sobre el compromiso a tramitar una ley que reforme el sistema de elección para futuras renovaciones. “Es evidente que el esfuerzo por vender este acuerdo lo tienen que hacer ellos, que son los que se la envainan”, añaden.
El acuerdo, cerrado finalmente en Bruselas tras la mediación de la Comisión Europea, incluye el reparto de los 20 puestos que compondrán el órgano de gobierno de los jueces, con 10 candidatos propuestos por el PSOE –dos de ellos, Inés Herrero y Carlos Hugo Preciado, planteados por su socio en el Gobierno, Sumar– y 10 por el PP. Por el momento, no ha trascendido quién presidirá el órgano, que será elegido por los vocales previo pacto de los partidos.
El pacto, al que ha tenido acceso elDiario.es, incluye medidas para reformar el sistema judicial que han facilitado el desbloqueo. Principalmente, la presentación de una proposición de ley orgánica encaminada a “reforzar la independencia del Poder Judicial”. Los negociadores también han pactado el nombramiento de un magistrado del Tribunal Constitucional. Será el actual vocal José María Macías, considerado el hombre fuerte de la derecha en el CGPJ. De hecho, el PP lo asume como cuota suya, y ha difundido su currículum en sus cuentas oficiales de comunicación.
La proposición de ley, que debe ahora iniciar su tramitación parlamentaria, impone que los jueces que entren en política no puedan volver a la Justicia hasta dos años después de cesar. Es una idea que el PSOE ya aceptó en 2022 y que supone dar un giro radical al marco actual, en el que el regreso a la judicatura de quienes han ejercido cargos políticos es casi automático.
También estaba en el acuerdo de 2022 el aumento a 20 años del tiempo que deben haber cumplido los miembros de la carrera judicial para poder ser nombrados magistrados del Supremo en lugar de los 15 actuales. Y ocurre lo mismo con el citado aumento a los tres quintos del CGPJ para designar a los presidentes de las audiencias provinciales.
La iniciativa que debatirán Las Cortes regula un nuevo régimen de incompatibilidades para el nombramiento como fiscal general del Estado para que no puedan acceder a ese cargo quien en los cinco años anteriores hayan ocupado cargos públicos. Y se plantea el veto como vocal del CGPJ a quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores.
El acuerdo firmado en Bruselas con supervisión de la UE cierra un lustro de bloqueo del Poder Judicial por parte del PP, aunque España se podría haber ahorrado dos años de prórroga y la supervisión de Bruselas si Feijóo hubiera firmado en 2022 el acuerdo que sí ha querido rubricar ahora.