La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este viernes que su grupo planteará ante el Tribunal Constitucional un “conflicto de atribuciones” entre la Cámara Alta y el Congreso después de que este no haya dado por bueno el veto fuera de plazo contra la ley que acumula las penas que los presos hayan podido cumplir en otros países de la UE. Mientras, la ley sigue su curso: el Congreso ha confirmado que ya se la ha enviado al Gobierno para que se publique en el BOE, con lo que ya da prácticamente por cerrada la puerta a rectificar la decisión que adoptó la Mesa de la Cámara el pasado martes y que el PP ha recurrido.
García ha acusado a Francina Armengol de “boicotear las competencias del Senado y usurpar la capacidad de interpretar el Reglamento de esta Cámara, algo que no le compete” y de “amordazar” a la Cámara, todo después de que el PP apoyara la ley en el Congreso y no presentara durante semanas ninguna enmienda, total o parcial, contra el texto.
El PP mantiene así su estrategia de intentar ocultar su propio fiasco, todavía sin explicar claramente, con acusaciones al Gobierno. El PP dejó pasar en el Congreso una enmienda de Sumar que iguala los derechos de los presos españoles con los de otros países de la Unión Europea. En la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el dictamen completo de la reforma legal, y luego en el Pleno también votó a favor. De hecho, la norma salió por unanimidad: los 346 diputados presentes votaron a favor.
El texto fue luego al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Pero el grupo de Alicia García siguió la estela de sus compañeros del Congreso y no registró ninguna enmienda. Ni parcial ni de veto. Con los plazos ya cumplidos, los medios de comunicación avisaron de las consecuencias de la ley, que podría beneficiar a presos de ETA, y fue entonces cuando el PP intentó parar la norma. Así, y contra lo previsto, el presidente del Senado, Pedro Rollán, aprovechó una votación meramente testimonial para dar la ley por vetada y devolverla al Congreso. La Mesa de la Cámara Baja, tras un informe oral del letrado mayor, decidió no dar el veto por producido. Esa es la decisión que ahora quiere llevar el PP al Constitucional.
Este viernes se ha publicado ya en el Boletín de las Cortes Generales esa decisión de la Mesa del Congreso, subrayando que el Senado no comunicó su veto en los términos que exige la Constitución y que la votación de rechazo, producida fuera de plazo, “no puede considerarse un veto a los efectos de lo dispuesto en el artículo 90.2 de la Constitución y en la jurisprudencia constitucional”.
En consecuencia, se informa de que la Presidencia de la Cámara dará traslado del proyecto de ley al Gobierno “a los efectos de que se someta, por el procedimiento habitual a lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución”, es decir, la firma por parte del rey y la publicación en el Boletín Oficial del Estado.