Pilar Llop deja el Senado para asumir los retos de Justicia: bloqueo del CGPJ y una reforma clave

La hasta ahora presidenta del Senado, Pilar Llop, será la nueva ministra de Justicia, según adelantaron fuentes gubernamentales a elDiario.es y fue confirmado después por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la comparecencia en la que ha anunciado su nuevo Ejecutivo. Jueza experta en violencia de género, Llop sustituirá al frente de la cartera a Juan Carlos Campo, que entró a formar parte del Gobierno en enero de 2021 tras la segunda investidura de Pedro Sánchez.

Llop abandona la presidencia del Senado, un puesto en el que tendría que haber sido ratificada dado que es senadora por designación autonómica. Esa plaza la ocupará ahora, por expreso deseo de Sánchez, el hasta ahora portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Ander Gil.

La salida de la recién elegida nueva ministra de Justicia de la Presidencia del Senado llega marcada por una de las polémicas más sonadas de esta legislatura, después de que resolviera una solicitud de controversia del Gobierno y decidiera anular la votación de una enmienda en la ley antifraude que recogía la bajada del IVA de las peluquerías del 21% al 10%. Su decisión provocó el enfado de la oposición, sobre todo del PP, e incluso de algunos grupos afines al Gobierno, que llegaron a pedir la dimisión de Llop aunque ella siempre se defendió asegurando que hay que utilizar “con valentía” el Reglamento de la Cámara Alta.

En Justicia, la nueva ministra tiene por delante el gran reto de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya reforma lleva tres años bloqueada por parte del Partido Popular. Si quiere lograr algún avance, la primera tarea de Llop será entenderse con el responsable de Justicia e Interior del PP, Enrique López. Ambas fuerzas también tienen en su mano la renovación del Tribunal Constitucional (TC), pendiente desde 2019, y, en concreto de la de cuatro de los 12 miembros que conforman el TC que corresponde elegir al Congreso. Hace meses que el presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento, pero la falta de acuerdo entre Gobierno y PP lo ha impedido.

Reformas penales y la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Otra de las tareas de la nueva ministra será continuar con el diálogo con jueces y fiscales para el desarrollo e implementación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020 y con el que se pretende adaptar la normativa española a las exigencias de la Fiscalía europea. El cambio de modelo --que permanecía sin cambios desde el siglo XIX-- deja el peso en el Ministerio Público en la fase de instrucción en detrimento del juez, y fue contestado por el Consejo Fiscal, según informó El País, dado que consideran que tienen que ir acompañado de un aumento de la plantilla --puesto que tendrán más atribuciones-- y ha de llevar aparejada una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La sustitución de Juan Carlos Campo al frente de Justicia se produce justo después de los indultos a los líderes independentistas, por lo que Llop deberá seguir lidiando con el proceso de despolitización del conflicto catalán. Tras la medida de gracia del Ejecutivo de Sánchez, que supuso la salida de la cárcel de los nueve líderes, la pelota está ahora de nuevo en el Supremo, pero en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde Ciudadanos, Vox y PP han presentado recursos contra esos indultos.

Otro de los retos del Gobierno en materia de Justicia que deberá asumir la nueva ministra es la reforma de los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal. Y también hereda de Campo el anuncio por parte del ministerio de febrero de 2021 en el que avanzaba que estaba en estudio una reforma de los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona dentro del Código Penal para que no fueran castigados con penas privativas de libertad.

Además, deberá lidiar con la tramitación de la nueva norma sobre el consentimiento sexual, conocida como la del 'sí es sí', elaborada por el Ministerio de Igualdad en manos de Irene Montero pero que deberá contar durante su paso por el Congreso con todos los avales jurídicos necesarios para que cumpla con todas las garantías legales y, por tanto, deberá ser supervisada por el departamento que va a dirigir Pilar Llop.

Una larga trayectoria como jueza

Llop es jueza desde hace dos décadas y dio el salto a la política en 2015, cuando se presentó en las listas del PSOE a la Asamblea de Madrid. De ahí pasó a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en el verano de 2018, después de la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez. Estuvo en ese puesto hasta abril de este año, cuando Ángel Gabilondo la eligió como su número dos para las elecciones autonómicas de Madrid e incluso formó parte de las quinielas para las elecciones madrileñas.

En los comicios del pasado 4 de mayo, Llop ocupó la tercera posición después de que Moncloa eligiera para la segunda posición a Hana Jalloul. Llop abandonará ahora de forma definitiva la Asamblea de Madrid. El parlamento regional celebrará un pleno este lunes para elegir a los nuevos senadores por designación autonómica. Además, corre la lista y entrará como diputada Carmen López, que se quedó fuera por el descalabro del PSOE en esas elecciones.

Llop ha trabajado en asesoría de reformas jurídicas vinculadas con la violencia de género en América Latina y desde 2011 hasta 2015 fue letrada del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial, con responsabilidades como la jefatura de la Sección Observatorio Violencia Doméstica y de Género, secretaria de la Comisión Igualdad, secretaria del Foro Justicia y Discapacidad, y secretaria del Comité de Dirección del Consejo General del Poder Judicial.

Ahora se incorpora al Gobierno de coalición en la remodelación que Pedro Sánchez ha ejecutado este sábado con la intención de dar un impulso a la acción gubernamental de cara a la segunda parte de la legislatura.