Sánchez presidente, rehén de Sánchez en la oposición: Poder Judicial, rebelión y ahora presupuestos

“Los presupuestos es la primera y principal obligación de un Gobierno porque sin presupuestos no hay nada que gobernar; un Gobierno sin presupuestos es tan inútil como un coche sin gasolina”. La frase la pronunció Pedro Sánchez hace siete meses, cuando era jefe de la oposición y presionaba a Mariano Rajoy para convocar elecciones si era incapaz de aprobar las cuentas públicas de 2018. 

La historia se repite ahora pero con los actores cambiados. El presidente socialista se ha topado con la difícil aritmética parlamentaria y baraja no presentar en el Congreso el proyecto de presupuestos que ha acordado con Unidos Podemos para evitar esa derrota parlamentaria. Sánchez ha dejado claro que gobernará a través de decretos y de ampliaciones de créditos si sus cuentas no salen adelante.

Pero el Sánchez jefe de la oposición rechazaba ese procedimiento hace menos de un año: “Es el presidente del Gobierno quien tiene que ejercer sus responsabilidades, pasan por aprobar los presupuestos generales y no jugar a trampear con reales decretos leyes”, aseguró en una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva en la que el PSOE pasó al ataque contra Rajoy al exigirle que se sometiera a una cuestión de confianza en el Congreso si fracasaba en su intento de sacar adelante las cuentas públicas. 

En Moncloa evitan pronunciarse por el momento sobre una hipotética cuestión de confianza en caso de que Sánchez no logre los apoyos necesarios para el proyecto presupuestario y se limitan a asegurar que el momento actual es el de negociaciones con los grupos parlamentarios. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solo las ha iniciado formalmente con el PNV, que ha enfriado su apoyo ante la negativa de ERC y PDeCAT de sentarse siquiera con el Gobierno por su negativa a modificar la posición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado en las calificaciones contra los independentistas. 

Precisamente por su posición sobre la acusación por un delito de rebelión que pesa sobre los exconsellers y representantes de la ANC y Òmnium chocó recientemente otra vez con la hemeroteca. “Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión”, aseguró en una entrevista en Antena 3 en el mes de mayo. Unos días después, Sánchez propuso una modificación del Código Penal para adecuar el delito de rebelión a lo que sucedió en Catalunya el pasado otoño. La dirección del PSOE entendía entonces que no se podía considerar rebelión de acuerdo a la tipificación actual porque está relacionada con los golpes militares. 

Esa es la tesis que se impuso en el PSOE cuando alcanzó el poder y la vicepresidenta, Carmen Calvo, defendió que el presidente nunca había dicho que no había rebelión porque Sánchez lo hizo antes de la moción de censura. Sánchez deslizó en el Congreso que no había rebelión unos días antes de que venciera el plazo para que la Fiscalía y la Abogacía emitieran sus calificaciones provisionales. El Ministerio Público mantuvo la acusación mientras que la Abogacía siguió la instrucción del Ejecutivo y solo acusó por sedición y malversación. 

En su intento de distensión en Catalunya, Sánchez también ha variado completamente su concepción del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien acusó de ser “racista” y “supremacista” por sus declaraciones en el pasado sobre los españoles. “La fase de denuncia ya la hicimos. Ahora toca iniciar la cura, el tratamiento, por eso nos vamos a mantener en este tono de diálogo”, expresó la portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celaá, en los días previos al primer encuentro entre el jefe del Ejecutivo y el del Govern.

Moncloa también amagó con negar a Torra su invitación a un segundo encuentro después de que diera un ultimátum a Sánchez para la negociación de un referéndum. Sin embargo, el socialista busca ahora cuadrar las agendas el próximo 21 de mayo, cuando trasladará a su gabinete a Barcelona.

Otra rectificación de Sánchez es su posición respecto a la politización de la justicia. El programa electoral de los socialistas no llevaba ninguna referencia expresa sobre el tradicional reparto de poder que hacen los partidos de los organismos judiciales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional, pero Sánchez defendió la “auténtica revolución” que suponía su acuerdo con Albert Rivera para que la elección del órgano de gobierno de los jueces se hiciera a través de un concurso público. 

PP y PSOE han vuelto a la opaca negociación de los asientos del CGPJ que darán a los progresistas once vocales y a los conservadores nueve a cambio de que la presidencia recaiga en Manuel Marchena. Atrás quedó la propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que este verano defendió en el Congreso un procedimiento de mayor transparencia e incluso participación ciudadana en la selección de los miembros del Poder Judicial. 

Uno de los principales ejemplos de que desde la oposición pueden hacerse propuestas irrealizables es la de la publicación de la lista de los amnistiados fiscales de Cristóbal Montoro. “Publique esa lista, señor Rajoy, porque si no lo haremos nosotros en cuanto lleguemos al Gobierno”, avisó Sánchez, que también aseguró que no habría “solamente habrá regeneración política cuando conozcamos los nombres y apellidos de las personas que se han acogido a la amnistía fiscal”. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció que no existía “la capacidad jurídica” para dar a conocer los nombres de las amnistías que se habían efectuado “con anterioridad”. Sánchez reaccionó anunciando una ley para prohibir futuros perdones fiscales a defraudadores. 

La primera marcha atrás que asumió Sánchez como presidente fue la de la financiación autonómica, cuando admitió que esta legislatura no iba a abordarse dado el corto plazo que tiene y la cercanía de las elecciones del 26M que, a juicio del Gobierno, dificultan las posibilidades de entendimiento entre regiones. Además, es prácticamente imposible que Catalunya se sentara en ese foro multilateral. Sánchez había exigido a Rajoy la modificación del sistema unos meses antes de la moción de censura. 

Otros virajes importantes se han producido con respecto a las promesas de Sánchez en su programa electoral en materias como la derogación de la prisión permanente revisable o de las devoluciones en caliente, que ahora los socialistas quieren congelar hasta que se pronuncien los tribunales. La justicia universal también sufre complicaciones: mientras la ministra Delgado pelea por una modificación más ambiciosa que la mera eliminación de la reforma con la que el PP dilapidó la jurisdicción universal, el Ministerio de Exteriores ha presentado un informe que pone pegas al cambio.