Congreso y Senado acatarán la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de la reforma legal que persigue su propia renovación. Así lo han anunciado los presidentes de dichas instituciones, Meritxell Batet y Ander Gil, respectivamente, en sendos discursos pronunciados después de conocerse el fallo. El presidente de la Cámara Alta ha cargado contra la “instrumentalización” de la que ha sido objeto el tribunal de garantías y de la que acusa, sin mencionarlo expresamente, al PP. La decisión del tribunal de garantías afecta directamente a esa institución, que tenía previsto tramitar esta misma semana la reforma del Código Penal en la que PSOE y Unidas Podemos habían introducido enmiendas para garantizar la renovación de esa institución, pero la aceptación de las medidas cautelarísimas presentadas por PP y Vox frustran esos planes.
“Hoy es un día insólito para la democracia. La medida adoptada por el Tribunal Constitucional, sin haber escuchado en ningún caso a las Cortes Generales, de la que hemos tenido conocimiento supone un triste punto de inflexión en nuestra historia reciente”, ha comenzado Gil: “En cuarenta y cuatro años de democracia, jamás se había despojado a las Cortes Generales de su facultad de legislar. Su inviolabilidad queda de este modo seriamente comprometida”.
“El proceso legislativo ha sido interrumpido. La decisión del Alto Tribunal suspende la tramitación de una ley en curso que impide a los legítimos representantes de la soberanía popular ejercer sus funciones y debatir o votar la norma en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico”, ha proseguido el máximo responsable de la Cámara Alta, que ha asegurado que acatará la decisión, pero ha asegurado que buscarán las “vías para preservar la autonomía parlamentaria”.
Gil ha recordado que fue el 'padre' de la Constitución Gregorio Peces Barba quien introdujo en la Carta Magna el artículo sobre la inviolabilidad parlamentaria a través de una enmienda in voce. “En su defensa alegó que ”la importancia fundamental del poder legislativo y de sus funciones, hacen que las Cortes Generales no puedan ser ni interferidas ni coaccionadas, ni en sus propias funciones, ni en los locales donde las desarrollan“, ha explicado.
El presidente del Senado ha hablado de la intención de “sustraer al poder legislativo la tramitación y la votación parlamentaria” como “un grave quebranto de nuestro sistema democrático”. “Nos conduce a todos a una crisis institucional del Estado sin precedentes en nuestra democracia”, ha apuntado. “Mucho más grave resulta, aún si cabe, hacerlo mediante la instrumentalización de quien tiene como principal cometido garantizar la estabilidad del sistema constitucional”, ha agregado antes de apuntar directamente al PP.
En el PSOE no esconden su indignación con esa decisión que, a lo largo de este lunes, habían evitado valorar bajo la premisa de que no querían ponerse en esa tesitura, a pesar de que dados los precedentes en los que esa institución ha censurado las reformas legislativas de calado a través de enmiendas a otras leyes en tramitación y al rechazo a las recusaciones era el temor en el seno de la coalición. “Como demócrata, no puedo ni quiero imaginar ese escenario”, ha dicho la portavoz del PSOE, Pilar Alegría. El propio Sánchez calificó el intento de PP y Vox de acabar con la tramitación de la reforma en el Constitucional como un “atropello”.
Por su parte, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en una declaración institucional desde la Cámara Baja anunció “el acatamiento y el respeto a la decisión que hemos conocido”. La tercera autoridad del estado describió que esa decisión se produce en un “contexto de bloqueo de nuestras instituciones y de frustración del mandato constitucional de renovación de las mismas que entraña el peligro de una potencial deslegitimación del sistema democrático”. Y subrayó que se trata de “un hecho que carece de precedentes en la historia de nuestra jurisdicción constitucional”.
“Se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo. Este cambio de proceder produce una honda preocupación desde el punto de vista del correcto funcionamiento del poder legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales”, planteó antes de insistir en que “la actuación del Congreso no puede ser si no una, la del cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional”.
Batet recordó que en los últimos 40 años de democracia “no se había contemplado la posibilidad de una actuación suspensiva del ejercicio de una función constitucional básica en una democracia como es el debate parlamentaria y la potestad legislativa”. La presidenta del Congreso acabó pidiendo al tribunal de garantías que, cuando antes, las Cortes Generales puedan ser oídas para “presentar ante el tribunal nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria, así como las funciones del poder legislativo”, concluyó.
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