Si no fuera porque esto no va de novelas fantásticas, ni de criaturas animadas, ni de mundos lejanos e imaginarios, la investidura de Pedro Sánchez bien podría llevar el mismo título del texto que cautivó a los jóvenes de los 80 en el siglo pasado. La que sigue también es una historia interminable que tendrá un final, seguro, pero a la que hasta hoy no se le ha podido poner fecha, más allá del vano ejercicio periodístico sobre si será antes de Fin de Año o antes de que lleguen los Reyes Magos. A saber.
Todo depende ahora de un escrito. El que presumiblemente hará público en las próximas horas la Abogacía del Estado sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Otro gesto simbólico, porque en realidad la excarcelación temporal del líder de ERC para recoger su acta de eurodiputado no depende del Gobierno, sino de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Aun así los republicanos entienden que con la posición de los servicios jurídicos del Estado y la forma en que esta sea redactada se sabrá si el Ejecutivo está realmente dispuesto a superar la “vía represiva” y buscar una solución estrictamente política al conflicto catalán.
Los republicanos valoran positivamente las declaraciones que hizo el viernes la vicepresidenta Calvo sobre la sentencia del TJUE, la defensa del plano político sobre el judicial y la disposición de la Abogacía General del Estado a “ayudar” al Tribunal Supremo a cumplir la sentencia de Luxemburgo, pero entienden que la mejor garantía para ello es ponerlo negro sobre blanco en el dictamen de los servicios jurídicos del Estado, que en el Ejecutivo entienden que no podrá ir mucho más allá de una declaración de principios jurídicos en la línea de lo dictado ya por Luxemburgo.
Pese a todo, ERC ha encontrado de momento en el apoyo del 90 por ciento de su militancia, explicitado durante el congreso de este fin de semana, una pista de aterrizaje con la que defender una nueva visión pragmática y realista del independentismo hasta lograr una mayoría social con la que romper la política de bloques en Catalunya. Y el PSOE cuenta con el aval del 68 por ciento de los españoles para impulsar la vía del diálogo como forma de resolver la crisis catalana, según los datos del último CEO (Centre d'Estudis d'Opinió) que se dieron a conocer el pasado viernes y que demuestran que la mayoría de los españoles prefiere una solución eminentemente política (49,8%), porcentaje que se eleva hasta el 75% en el caso de los catalanes.
La apuesta de ERC ya es clara. Y no es la unilateralidad, sino la del diálogo y la negociación. Y, pese a que la decisión del Tribunal de Luxemburgo llevó a los republicanos a anunciar la congelación de las conversaciones con el PSOE a la espera de conocer el escrito de la Abogacía del Estado, nada ha estado parado, puesto que los interlocutores de sendos partidos no han dejado de hablar en ningún momento para poder cerrar un último documento con el que sacar a ERC del “no” a la abstención en la investidura. Ya lo dijo Junqueras: “No se ha de parar la negociación en ningún caso”. Y así ha sido.
Ambas delegaciones afrontan el enésimo ejercicio de contorsionismo semántico y político con el que blindar la mesa de diálogo entre gobiernos. En el caso de ERC, para no dar argumentos en contra a sus socios en la Generalitat; y en el del PSOE, para acallar las críticas de quienes desde dentro y fuera del partido acusarán a Sánchez de dinamitar el orden constitucional y ceder al chantaje del independentismo.
El acuerdo en todo caso es cuestión de días, quizá de horas, pero desde La Moncloa tratan además de simultanear esta negociación con la que mantienen abierta con Unidas Podemos para cerrar el programa y la estructura del Gobierno. En los últimos días se ha apuntado la posibilidad de que el debate pudiera comenzar el día 2 de enero para que la primera votación –en la que Sánchez no obtendría la mayoría absoluta necesaria– tuviese lugar el 3. Y que la segunda, en la que ya solo harían falta más 'síes' que 'noes', fuera el 5, víspera de Reyes y del discurso del rey con motivo de la tradicional Pascua Militar.
En La Moncloa dan esta fecha como probable, pero no como segura en la medida en que ese mismo día tendría que prometer el cargo el presidente del Gobierno ante Felipe VI y podría descabalgar la agenda de Zarzuela. En ERC sospechan en todo caso que si el pronunciamiento de la Abogacía responde a la expectativa de los republicanos, como parece que será, los socialistas intentarán acelerar el calendario para distraerlo en medio de las fiestas navideñas y ganar el titular a Felipe VI. Lo que dan por seguro es que ellos tendrán que convocar un Consell Nacional para validar el acuerdo y que, con posterioridad, habrá otra reunión entre las dos delegaciones que, en principio, será discreta y sin convocatoria oficial.
El Gobierno por su parte confía en una negociación exprés después de que se pronuncie la Abogacía del Estado que, en todo caso, lo hará de acuerdo a su propia doctrina del pasado junio, que fue favorable a la excarcelación temporal de Junqueras. Y aun así no se atreve oficialmente a poner fecha para el final de esta inacabable historia de conversaciones, documentos y obstáculos previos a la investidura. Todo sea para no volver a crear falsas expectativas. Lo importante, como dijo Sánchez, es el cómo y no el cuándo. Y el cómo –esto es, el contenido del acuerdo– aún se desconoce, así como cuál será el formato con el que los socialistas lo harán público. Hasta eso está a estas alturas en el aire.